El proyecto que el PSOE está barajando de obligar a las empresas a crear un registro de salarios para castigar la brecha salarial es una vuelta de tuerca, otra más, de imponer sobre el conjunto de la sociedad española la muy particular visión ideológica socialista. Nos referimos a esa mezcla de socialismo, feminismo radical y populismo catódico que conforma eso que se ha venido a llamar “El PSOE de Sánchez”.
Los hombres y las mujeres deben cobrar lo mismo por el mismo trabajo, faltaría más. Pero no hace falta que la ideología socialista venga a recordarlo constantemente. Ya hay leyes que luchan contra cualquier tipo de discriminación, por razón de raza, de sexo… Y existen los resortes y los mecanismos para que, ante cualquier injusticia, el Estado intervenga. Ahí están la Inspección de Trabajo y los tribunales. Cualquier intento del Gobierno de inmiscuirse en la política salarial de las empresas no deja de ser un atropello a la libertad de los empresarios.
Dicho esto, existen 1.000 intangibles dentro de cualquier negocio que pueden hacer –que, de hecho, hacen– que un hombre y una mujer cobren distinto, en las dos direcciones. Reducirlo todo a una única variable, el género, y sobre ella aplicar criterios de estricta igualdad conducirá a que suceda justo aquello que supuestamente se pretende evitar; es decir, a la comisión de tremendas injusticias. Porque, por ejemplo, que un comercial gane más que otro no tiene que ver con el sexo, sino con los niveles de productividad y el cumplimiento de objetivos. Aplicando la lógica socialista, tendrían que ganar lo mismo. Pero ¿qué pasaría si la mujer fuera la que ganara más que su compañero, simplemente, porque hace mejor su trabajo? ¿Tendría que renunciar a su sueldo para que exista el 100% de igualdad simplemente porque su compañero es más improductivo?
Como siempre, estas leyes molestan mucho menos a las grandes empresas, que suelen regirse por convenios, pero laminan a las PYMES, mucho más pegadas al terreno y que, por ello mismo, tiene que lidiar con cientos de imponderables de todo tipo.
A lo nefasto de los principios ideológicos que guían estas leyes, hay que añadir que su puesta en práctica constituye un potente instrumento de intromisión del Estado dentro de la vida de las empresas y las personas. Este registro de salarios resulta peligroso por tres motivos: destruye la idiosincrasia de las empresas, desincentiva la iniciativa de los emprendedores, que ven que el Gobierno no para de poner trabas a su labor de creación de riqueza y empleo y, por último, crea listas que en cualquier momento, por un ‘descuido’, pueden caer en las manos equivocadas.
