Begoña Gómez se ha condenado sola

Desde uno de los despachos del presidente, en La Moncloa, Begoña Gómez decía a sus socios de la España Vacía, cuando participaba en su condición de directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía en la Universidad Complutense: «Buscamos mucha financiación, y sobre todo, que se generen fondos de inversión, bien impulsados por el Gobierno (de su marido) o bien por empresas privadas (agradecidas a su marido)». Unas semanas después de estas palabras, el Gobierno de Pedro Sánchez dotó con 10.000 millones de euros de fondos europeos su Plan de Recuperación para reactivar el mundo rural frente al reto demográfico.

«Es una edición que nos permite llegar a un mercado latinoamericano que hará posible generar nuevas alianzas. Si quieres ser un profesional o una profesional en fundraising, es el momento. ¡Te esperamos!». Así promocionaba la «catedrática» los cursos por los que pedía 2.800 euros a cambio de enseñar a sus alumnos a «captar fondos públicos», de esos que reparte su marido, en el máster sobre Captación de Fondos – Fundraising que impartía en la Universidad Complutense de Madrid.

Begoña Gómez ha sido la única esposa de un presidente del Gobierno que se ha dedicado a los negocios privados durante su presidencia. La mujer de Adolfo Suárez, Amparo Illana, se dedicó a su familia y a actividades filantrópicas de ayuda a los más necesitados. La de Leopoldo Calvo-Sotelo, María del Pilar Ibáñez-Martín y Mellado, tampoco ejerció ninguna actividad. Carmen Romero, mujer de Felipe González, y Ana Botella, esposa de José María Aznar, se dedicaron a la política, como sus maridos. La mujer de José Luis Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa, dejó de dar clases de música, pero continuó cantando como soprano profesional. Y Elvira Fernández, la mujer de Mariano Rajoy, pidió la excedencia en Telefónica cuando su marido fue investido y, desde entonces, se dedicó a su familia. Por el contrario, la mujer de Pedro Sánchez se ha dedicado, con toda su cara dura, a enseñar a sus clientes a acceder al dinero del presupuesto que reparte su marido.

El magistrado Juan Carlos Peinado García, titular de la Sección de Instrucción número 41 del Juzgado de Instrucción de Madrid, acaba de acordar, en un auto de 11 de abril de 2026, la continuación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado contra Begoña Gómez, así como contra su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. La mantiene imputada por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, abriendo un plazo de cinco días a las partes para presentar escritos de conclusiones provisionales de cara al juicio oral. Y todo el ejército de medios de comunicación pagados con los generosos fondos manejados por el Gobierno de coalición socialista-comunista-independentista-golpista-bilduetarra, así como la cuadrilla de opinadores, comentaristas y difamadores de extrema izquierda sanchista, capitaneados por el ministro de (in)Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se han lanzado a degüello contra el juez, del que el ministro dice que «se avergüenza».

Begoña Gómez ha sido tan descarada, tan poco inteligente, tan soberbia, tan necesitada de protagonismo y de relumbrón, que el juez solamente necesita poner los vídeos con sus declaraciones que, a lo largo del tiempo, ha publicado OKDIARIO. Resultan absolutamente condenatorios estos vídeos en los que presume de su capacidad para «generar fondos» y en los que alardea de ser capaz de enseñar a «captar fondos públicos», utilizando el despacho del presidente en La Moncloa y asistida por la directora de Programas de la Secretaría General del departamento de Presidencia del Gobierno, que es el cargo que hizo que pusieran en la tarjeta de visita de su amiga Cristina Álvarez, cuando la contrató como asistenta para sus negocietes privados. Poco más se necesita para condenarla. Con sus múltiples y descaradas declaraciones, Begoña Gómez se ha condenado ella sola. Solo falta que un tribunal decida los años de condena.