Sánchez, saca tus manos de la Justicia

En estos últimos años hemos asistido a una sucesión de iniciativas legislativas promovidas desde el Gobierno de Pedro Sánchez que responden a un patrón alarmante: reformas de gran calado institucional, impulsadas sin consenso, que buscan atacar al Poder Judicial, mermar los medios puestos a disposición de la Justicia y entorpecer la investigación de los innumerables casos de corrupción que cercan al Ejecutivo central, al Partido Socialista y al entorno más próximo al presidente.

Todo comenzó con la Ley de Amnistía, el mayor acto de corrupción política de nuestra democracia. Un pacto de impunidad con delincuentes, a cambio de poder, para que Sánchez pudiera seguir atrincherado en La Moncloa.

Después llegó la conocida como Ley Begoña, una suerte de amnistía preventiva con efectos retroactivos, destinada a blindar a la mujer del presidente, a su hermano y al exfiscal general del Estado, a la postre condenado en firme por el Tribunal Supremo.

Luego vino el proyecto de reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, que socava los principios de mérito y capacidad en el acceso a la función pública, reconocidos en la Constitución. Una norma con la que Sánchez busca colar por la puerta de atrás a jueces afines, para que no investiguen los escándalos que le salpican.

Tras ello, la llamada Ley de Eficiencia, redactada sin contar con el Poder Judicial ni con las comunidades autónomas, que ha encarecido y retrasado el acceso a la Justicia, y que está generado un auténtico caos en los órganos judiciales.

Después, Bolaños presentó la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pretende arrebatar la instrucción a los jueces para dársela a la Fiscalía. Una reforma que, en un contexto de normalidad institucional, podría ser objeto de debate, pero que, en la situación actual, con la cúspide de la Fiscalía General del Estado comportándose como un apéndice más del Palacio de La Moncloa, es altamente preocupante.

Para culminar esta deriva antidemocrática, el Gobierno de Sánchez impulsa ahora una Ley de Integridad Pública. Un texto enmarcado en el mal llamado Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que no es más que otro señuelo anunciado por el presidente apenas unos días después del ingreso en prisión de Santos Cerdán.

Se trata de una norma que concentra toda la lucha contra la corrupción en una sola agencia, presentada como independiente, pero que, en la práctica, una vez colocado el correspondiente comisario sanchista, se ocupará de investigar de forma prospectiva a las Administraciones del Partido Popular, mientras encubre los casos de corrupción que puedan afectar al Gobierno y al Partido Socialista.

No es casual que esta última iniciativa haya llegado en un contexto de corrupción sistémica en el entorno de Pedro Sánchez. Basta con observar el caso de la tetraimputada Begoña Gómez, o el de su hermano, afamado autor de La Danza de las Chirimoyas, cuyo juicio ha comenzado esta misma semana en la Audiencia Provincial de Badajoz. Dos ejemplos de nepotismo de manual.

A ello se suma el escándalo de Zapatero, padrino político del sanchismo, a quien la Justicia sitúa como presunto líder de una presunta trama organizada de tráfico de influencias, en la que se entremezclan negocios con narcodictaduras, comisiones millonarias, sociedades en paraísos fiscales, petróleo y joyas. Difícil imaginar un retrato más turbio y un horizonte judicial más negro para el expresidente.

Esta crónica de la corrupción sumó esta misma semana un nuevo episodio con el registro de la sede del PSOE por parte de la UCO, en el marco del caso Leire Díez. Una trama presuntamente urdida desde el corazón mismo del Gobierno de Sánchez para boicotear los procedimientos judiciales que afectan al Ejecutivo central y al Partido Socialista.

Ante esta sucesión de escándalos, el presidente sólo tenía que hacer dos cosas en su viaje a Roma de esta semana: expiar sus culpas por la interminable lista de faltas y presuntos delitos que se han gestado en su Gobierno y su partido, y convocar elecciones de inmediato. Pero no hizo ninguna de las dos. Instalado en su Manual de Resistencia, ni se inmuta y se ríe de los españoles.

Pedro Sánchez, «el One», ha convertido el Palacio de La Moncloa y la sede socialista de Ferraz en la cueva de Alí Babá. El hedor a corrupción es ya insoportable. España necesita abrir las ventanas, pasar página e iniciar una nueva etapa con un Gobierno decente, serio y con sentido de Estado, que asuma los retos y objetivos de este país.