Apuntes Incorrectos

El Banco de España, ese dique contra el sanchismo

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Cuando ejercí el periodismo de trinchera en el diario Expansión hace ya muchos años trabé una cierta relación con Pedro Pérez -desgraciadamente fallecido a una edad temprana-. Pérez fue secretario de Estado de Economía entre 1988 y 1993 a las órdenes del ministro Carlos Solchaga en el Gobierno de Felipe González. Y recuerdo muy bien una de las exclusivas que me proporcionó. Estaba realmente encantado, como un niño con zapatos nuevos, de haber podido sacar adelante la entonces ley de Autonomía del Banco de España. En aquella época había socialistas que creían en la división de poderes y que estaban dispuestos a renunciar a sus facultades en favor de una política económica eficiente y ecuánime.

Después el Banco de España ha sido no sólo autónomo sino independiente, por exigencia de la Unión Europea, aunque esta condición no haya impedido que la potestad de nombrar al gobernador, a cargo del presidente del Consejo, pueda haber malogrado esta condición. Así sucedió durante el mandato de Zapatero, cuando el ministro de Economía Pedro Solbes designó gobernador del Banco de España a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que llegó al cargo tras dejar la Secretaría de Estado de Hacienda, sin solución de continuidad, y que se comportó como un perfecto sectario organizador del mayor desbarajuste que han vivido las entidades financieras en nuestro país, abocándolas al rescate con fondos comunitarios, que ya se fraguó bajo la era de Rajoy y del ministro Luis de Guindos.

Hoy el Banco de España está dirigido por una persona honorable como Pablo Hernández de Cos, un técnico reputado, un señor apartidista, pero también alguien muy consciente de las responsabilidades que tiene a la hora de alertar sobre las debilidades de la economía española y de sus urgencias reformadoras. Su nombre ha salido a la palestra, y no es la primera vez, con motivo del informe sobre las consecuencias que ha tenido la subida del Salario Mínimo Interprofesional decretada por Sánchez a fin de favorecer a las clases medias y bajas e impulsar al mismo tiempo la equidad. Pero las conclusiones del estudio son demoledoras porque el resultado de aquella decisión, adoptada como todas las de Sánchez por el bien de la Humanidad, ha impedido la creación de entre 100.000 y 180.000 empleos que nos habrían venido muy bien.

Aumentar el salario mínimo puede contribuir a elevar la renta de los ocupados, pero constituye una barrera letal de entrada para los más vulnerables, que son siempre los más jóvenes y las personas con menor cualificación, que ven impedido su acceso al mercado laboral, con todos los problemas que el paro acarrea en pérdida de autoestima y de aliento personal. En términos macroeconómicos, además, como bien ha escrito el economista José Luis Feito, la subida del salario mínimo aumenta el gasto público porque reduce el empleo e incrementa el paro. También lo aumenta porque eleva el dispendio en personal público, así como el precio de muchas ayudas y servicios, sobre todo en el ámbito de la sanidad y de la dependencia. La subida del SMI en nuestro país en el periodo 2017-2021 ha sido del 45%. Sus efectos, según acredita el Banco de España, han sido mucho más perjudiciales que los beneficios que haya podido percibir la población ya ocupada.

No son pocos los que consideran que esta ecuación perversa entre el coste y el beneficio de una medida tan aparentemente popular merece la pena. Entre ellos los sindicatos, cuyos afiliados tienen una probabilidad de perder el empleo muy inferior a la media del conjunto de trabajadores por cuenta ajena, y obviamente el Gobierno, embriagado por el aumento de votos que le puede proporcionar esta decisión discrecional, arbitraria y finalmente nociva.

Y así es, como explica el señor Feito, por qué la pérdida de renta recae brutalmente sobre los más vulnerables, los jóvenes y los menos formados. Lo es porque el paro juvenil supera ya el 40%, las peores cifras de la UE, y porque el desempleo tiene enormes costes psicológicos: la dilatada permanencia en el mismo deteriora de forma decisiva toda su futura trayectoria laboral. Los sindicatos escuchan este informe como el que oye llover o, lo que es peor, reaccionan brutalmente hacia el mismo aduciendo equivocadamente que entre las competencias del Banco de España no está la de criticar la política que ellos consideran idónea. Los radicales de Podemos todavía son más feroces en sus reproches. Piensan que los salarios vienen como por ensalmo, cuando en realidad están estrechamente ligados a la productividad y al valor añadido que cada cual aporta a una compañía.

Pero claro, el Gobierno de Sánchez dirige el país junto a los extremistas de Podemos y ha elevado este año las ayudas que concede a las centrales sindicales hasta un 56%, de 8,8 millones hasta 13,8 millones, sólo después de que enseñaran un poco la patita quejándose en las calles por la congelación de la prometida derogación de la reforma laboral y pidiendo de nuevo una subida consistente del salario mínimo. Como son agradecidos, es decir, venales, tanto UGT como CCOO se han manifestado en favor de los indultos a los presos catalanes y así lo harán con cualquier ocurrencia de este Gobierno esencialmente mafioso. Por ejemplo, con la última de las ideas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que consiste en acabar con los contratos temporales que se extiendan más allá de un año.

La aritmética más elemental indica que de aprobarse una medida tan lesiva tendrá, igual que con el salario mínimo, por el efecto inverso al deseado, el de provocar más paro y el de generar menos empleo, que según la comunista que dirige el Departamento considera posible ser impulsado por decreto. En adelante, ¿quién se atreverá a contratar empleados temporales sabiendo que deberá hacerlos fijos después de un año? Lo mismo sucede con la reforma de la negociación colectiva que promueve Díaz con el apoyo de las centrales pero que en realidad trata de recuperar el poder sindical reforzando la discusión sectorial en lugar de en el seno de cada empresa y volviendo a las versiones más duras de la ultraactividad de los convenios colectivos, aquellos que ya han vencido y que no deberían recuperar su vigencia salvo que se pretenda la quiebra de las compañías afectadas.

No creo que tamaña clase de atrevimientos fragüe en último término, pero en todo caso allí estará de nuevo el Banco de España para denunciar tal atropello al sentido común y un ataque de tal dimensión a las empresas, a las que este Gobierno desprecia más que ignora. El Banco de España y su gobernador Pablo Hernández de Cos es de las pocas instituciones independientes que quedan en el país, de las pocas que no han sido pasto de la colonización voraz que despliega el Ejecutivo de Sánchez para ponerlas de rodillas a su servicio. Esperemos que dure por mucho tiempo para que como mínimo nos sirva de consuelo y nos reconcilie con la realidad de los hechos.

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