La amnistía, un fracaso ‘democrático’

Las elecciones del pasado 12 de mayo en Cataluña se consideran por algunos como un hito democrático, con una participación que no alcanzó el 60% del censo, en el archidisputado territorio del Estado Español. Lo de democrático es el mote que sirve para describir la anómala situación política del territorio catalán y por ende del sistema constitucional, al que ha deformado hasta hacerlo irreconocible con la inestimable colaboración del Gobierno de España.

La relación entre la permanencia en el Gobierno de España del actual presidente y la consentida permisividad anticonstitucional al separatismo catalán es una relación espuria de difícil engranaje en el contexto constitucional español, pero que ha quedado liberado de esa servidumbre para que pueda ajustarse a las circunstancias, en pos de la reconciliación. Semejante superchería solo puede efectuarse en un estado frágil. Los indultos, preludio de la amnistía, negociada por representantes del Gobierno de España y prófugos independentistas reos de sedición, normalmente fuera de España, son una situación perversa, consentida y justificada por el Gobierno y el PSOE, creando una normalidad de lo que en esencia constituye una anomalía delictiva.

El hecho de que delincuentes perseguidos judicialmente por delitos muy graves, incluyendo terrorismo, puedan ir en listas electorales es una pintoresca decisión tomada por el Constitucional ante recursos de partidos políticos. La ecuación es fácil, todos los españoles son iguales ante la ley, algunos más que otros. ¿Quiénes son ellos? Los que dan golpes de estado y dicen que no quieren ser españoles y siguen prohibiendo el uso del español en los colegios. Basta de mascarada. Conviene que se tenga en cuenta que se pueden cometer delitos en el ejercicio de la gobernanza, como la prevaricación continuada o la traición que, al prescribir decenios después deben y pueden ser perseguidos tanto los sediciosos como los que los protegen.

Al entrar en vigor la infame Ley de Amnistía, contrapartida a medida, negociada fuera del territorio nacional, se habrá abierto una mutación constitucional de efectos imprevisibles. Sus autores conocen de esta perfidia y se han esmerado en su poder destructivo. España, en el mes de junio, habrá dejado de ser un Estado de Derecho, una dudosa democracia y aquello de social se deja a la libre interpretación. La pregunta es: ¿por qué todo esto? La respuesta: la ambición personal de un individuo enmarcada en una situación de enorme corrupción democrática.

Las lecturas de los resultados de las elecciones en Cataluña entran dentro de lo cabalístico del juego político, donde los arreglos serán efímeras conveniencias que distraerán las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Lo fundamental es excluido por el sainete político, mientras el anticonstitucional procés, a trancas y barrancas cumple con su tarea: imponer la desigualdad entre españoles. Ante esta anomalía, la pregunta de una ciudadanía incrédula es: ¿qué hacer? ¿será suficiente con un cambio de Gobierno?

Si llegase al poder otro partido y continuase con la mera gestión de la situación, como hizo el PP en la legislatura de Mariano Rajoy, no sería extraño que viviésemos un segundo intento de golpe en Cataluña. Es absurdo mantener determinadas competencias autonómicas que entran en contradicción con las exclusivas del Gobierno que, en su día torpemente se delegaron y las potenció el Estatut.

Lo que se está viviendo en España debe pasar al lado negro de la Historia cuanto antes. Es difícil lograr un estamento político de menor calidad humana y política que el que nos gobierna. Puede que haya sido el producto de una degeneración producida por el hecho de una evolución constitucional sin rumbo. En ese caso debe de reinterpretarse su aplicación, recobrando y ejerciendo el Estado todas las funciones referentes a la seguridad nacional.

De un somero estudio se deduce que los españoles no son iguales ante la ley y, si es así, refórmese la Ley electoral. El idioma español es de obligado cumplimiento, no es una opción. Se debe de tender a la igualdad impositiva. Sólo habrá una justicia y una autoridad penitenciaria. La Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado ejercen sus funciones plenas en todo el territorio nacional, ejerciendo la soberanía. Debe haber el mismo sistema educativo en todo el Estado. Debe unificarse el sistema sanitario. Debe derogarse la amnistía. Deben buscarse responsabilidades por los desmanes cometidos. Conozco un partido político que sería capaz de hacer esto. Tenemos un gran reto y un duro futuro a la vista.