Amadeo y los pensionistas que no están en venta

Los sábados por la mañana tomo café con Amadeo, un químico jubilado al cabo de la más rabiosa actualidad. Con 84 años y dos ictus leves a sus espaldas, es una de las personas más luminosas que conozco. Compartimos filias -el apego a un modo de vida según los cánones de la naturaleza humana, a salvo de la infección moral del progresismo- y también fobias, que podrían resumirse con un solo nombre: Pedro Sánchez Pérez-Castejón, el «chulo y farsante» presidente del Gobierno, como él lo llama con mi complicidad manifiesta.

Pero claro, Amadeo es un jubilado, y a partir de diciembre su bestia negra le va a subir la pensión un 8,5%. No cabe duda de que se trata de un aumento gigantesco y por eso este fin de semana me interesaba más que nunca hablar con él, por si algún rescoldo de los ictus se hubiera activado peligrosamente inclinando su próximo voto hacia el gran benefactor.

«Pero ¿cómo me preguntas estas cosas, Miguel?, me va a sentar mal el desayuno», me dice. «No cabe duda de que la subida de las pensiones es muy notable, la recibiré con agrado cuando vaya al banco a ver cómo van mis cuentas, pero me preocupa mucho que, para financiar este dispendio desproporcionado, hayan elevado sin escrúpulo alguno las cotizaciones sociales de las empresas. Si sigue este personaje en La Moncloa, en poco tiempo ni habrá empresas, ni inversión, ni empleo, y yo tengo dos hijas y nietos a los que les espera un futuro sombrío. Esto es lo verdaderamente importante para mí».

«De manera que jamás votaré a este farsante que no tuvo más ocurrencia que, en la cumbre europea de Praga, denunciar a toda prisa los hechos del colegio mayor Ahuja que carecen por completo de importancia, y que han sido explotados de manera repugnante por la izquierda a pesar de que las niñas afectadas ni se sentían ofendidas ni agredidas ni humilladas».

«En mi época del colegio mayor (les recuerdo que Amadeo tiene 84 años) ya sucedían cosas más o menos similares sin problema alguno. Todos éramos amigos de todas, intentábamos ligar, como ellas, y el ambiente antes, como ahora, era formidable».

Las cuentas pendientes de Amadeo con el presidente son tantas que nos despistamos del asunto principal, que era adivinar si este gesto colosal de Sánchez con los pensionistas, que ya ganan por encima del salario medio de los activos, servirá para el deseo que lo inspira: la compra descarada del sufragio de un colectivo de más de diez millones de españoles. Yo no lo creo, o al menos no preveo seísmo alguno. Aquellos jubilados que votaban a los socialistas y otros partidos de izquierda lo harán con fervor renovado. Y los que no lo han hecho hasta la fecha y para los que cuentan otras cosas más trascendentales que su presente pecuniario como el porvenir de sus hijos y nietos, y en conjunto de la juventud española adocenada y corrompida por el mandarín de La Moncloa, continuarán rechazándolo con más intensidad si cabe, pues no hay día sin ocurrencia que avive su aversión hacia un personaje tan indignante y cruel.

El Gobierno ha llamado a los Presupuestos que aprobó la semana pasada los de «la justicia social y la eficiencia económica». Reza en su exposición de motivos que «impulsarán un nuevo patrón de crecimiento, a la vez que garantizarán el bienestar y la protección social, fortaleciendo a la clase media y trabajadora así como al tejido productivo». Es prácticamente imposible encontrar un enunciado como éste, que no contenga una sola palabra de verdad, que sea falso de principio a fin.

La justicia social, tal y como la entiende la izquierda, es un término deletéreo, pero, en efecto, hablando en propiedad, si algo podría proporcionarla es la eficiencia económica. El problema es que las cuentas públicas de 2023 son una bomba nuclear contra el uso más productivo posible de los recursos del Estado. Para que la eficiencia aflorara sería necesario emprender una lucha sin cuartel contra la lacra secular del desempleo favoreciendo a las empresas y modificando el mercado laboral en sentido contrario al emprendido por la iletrada Yolanda Díaz. Sánchez, en cambio, ha decidido reforzar su cruzada contra el sector privado elevando alevosamente sus cotizaciones sociales, aumentado los impuestos que paga, impidiéndole disfrutar de los beneficios fiscales que podrían aliviarlo e inventando nuevas figuras tributarias para castigar con saña a las eléctricas y a los bancos por unos beneficios extra que sólo bullen en su imaginación calenturienta y destructiva.

Y lo mismo se puede decir del incremento de la presión fiscal sobre las rentas del capital, el desahogo de última hora contra las grandes fortunas -esos ricos codiciosos e insolidarios que ya preparan su fuga de España con celeridad- o la contumaz penalización de las clases medias, privadas de una exigencia general que sería ineludible: descontar de sus obligaciones el efecto pernicioso y salvaje de una inflación cercana al 10%.

Sánchez no ha hecho ninguna concesión a los que sostienen con sus rentas demediadas el país -a los que ha vuelto a agredir-. La causa es que, sin despreciarlos y postergarlos, habría sido imposible el reparto masivo de subsidios, ayudas y canonjías de toda clase y condición tratando de asegurarse el apoyo de las causas identitarias más absorbentes y nocivas para la salud social del Estado. Ninguna de ellas ha llegado sin embargo al nivel criminal de las pensiones, cuyo coste aumenta en 20.000 millones, hasta la cantidad colosal de 190.000 millones, que es simplemente bochornosa, pero que cuenta con la aceptación pasiva del Partido Popular de Feijóo, que no quiere gastar cartucho alguno en una batalla que sabe perdida y que podría resultarle letal en un país en el que los jubilados se han convertido en los intocables, en los privilegiados, en la clase políticamente dominante de la nación. Una verdadera pena.

El resultado de esta política del cambalache consagrada en los Presupuestos son unos gastos infraestimados que abocarán a un aumento del déficit estructural, a duras penas financiado con unos ingresos estimulados no por el magro crecimiento de la economía sino por la explosión de unos precios que de momento contribuyen a rebosar las arcas del Estado, y que están sobrevalorados porque el efecto de la inflación se irá poco a poco disipando a lo largo del año que viene.

Dice Sánchez que lo único que le inspira es la lucha contra la desigualdad y la pobreza rampante, el aumento de los desfavorecidos y demás vainas, pero la pregunta es bastante obvia: si esto es así tal y como lo cuenta ¿qué ha hecho su majestad en estos casi cuatro años para revertir la situación?

No y mil veces no. Estos Presupuestos ni promoverán la justicia social ni mucho menos la eficiencia económica. Es ilusorio afirmar que impulsarán un nuevo patrón de crecimiento, o que garantizarán el bienestar social -que sólo pueden honrar los creadores de riqueza a los que se castiga con crueldad inusitada-, ni que fortalecerán a la clase media y trabajadora de verdad, que verá cómo se evaporan sus oportunidades por el debilitamiento del tejido productivo. Lo que estas cuentas hacen genuinamente es consagrar a los pensionistas y a los funcionarios -que también ganan más que los empleados comunes- como los reyes del mambo. El resto es una entrega más de la vulgar propaganda con la que nos droga en vena a diario el presidente fachendoso que nos malgobierna y engaña.