‘Air Marlaska’: más de un millón de euros gastados en vuelos secretos
Habría que denominarle Air Marlaska, porque el frenesí aéreo entre Canarias y Madrid -21 vuelos- para trasladar a inmigrantes ilegales llegados en pateras en las últimas semanas ha convertido al Ministerio de Interior en el mejor cliente de las aerolíneas privadas. El impacto de estos vuelos sobre las arcas del Estado supera el millón de euros, a unos 50.000 euros cada uno de esos trayectos.
En total, los vuelos gestionados por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ya han llevado al aeropuerto de Barajas a más de 6.000 inmigrantes. Por mucho que el Ejecutivo haya tratado de ocultar dichos vuelos, envueltos en un halo de secretismo que rompió OKDIARIO al mostrar las imágenes de uno de los viajes con más de 300 inmigrantes a bordo, lo cierto es que al final no han podido esconderlos. Y eso que antes de la exclusiva de este periódico ya se habían registrado una decena de ellos. Por supuesto, sin informar al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Con nocturnidad y alevosía.
Interior ha contratado con una aerolínea privada un servicio de vuelos charter en un Boing B789, con capacidad para 339 pasajeros. El mismo avión ha realizado todos los trayectos, en vacío desde Madrid hasta Tenerife y vuelta a la capital de España cargado de inmigrantes. Fuentes conocedoras de los detalles de estos vuelos aseguran que las aeronaves «van hasta los topes». Eso sí, el Ministerio obliga a las aerolíneas a firmar un contrato en el que se comprometen a que no se produzca ninguna filtración ni fuga de datos o imágenes que puedan poner en un aprieto al Gobierno. En caso contrario, puede producirse incluso la cancelación del contrato.
«Todos los tripulantes de la aeronave, tanto la tripulación técnica como la auxiliar, como cualquier otro empleado del adjudicatario que viaje a bordo en razón de la prestación del servicio objeto de este contrato, serán previa y adecuadamente instruidos por el propio adjudicatario», explica Interior al desarrollar la cláusula de confidencialidad incluida en estos contratos para el traslado de inmigrantes ilegales. «El adjudicatario tomará las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad del servicio que incluirán, de forma específica, la no difusión de información a terceras personas, salvo que resulte estrictamente necesario para la prestación del servicio», advierte Interior en sus pliegos de condiciones. Un prodigio de transparencia, en efecto.