Susana no puede permitir más puteros en la Junta

Susana Díaz no debe permitir que la Junta sea un coladero donde campan a sus anchas corruptos y puteros. Cualquier cargo andaluz o del PSOE regional que haya tenido algo que ver con las prácticas vergonzosas de la Fundación Faffe, debe ser fulminado de la vida política andaluza. La institución, que en teoría estaba destinada a la formación de parados —mal endémico de la comunidad autónoma— en realidad servía para que varios de sus altos cargos gastaran 31.969 euros del dinero público en 12 prostíbulos de Andalucía. Bien es verdad que hablamos de unos hechos acaecidos antes de que la actual presidenta de Andalucía llegara a su cargo. No obstante, ante este tipo de revelaciones, lo único aceptable es una rigurosa tabula rasa. La corrupción no puede ser la gran protagonista de la vida pública andaluza.

Susana Díaz es una garantía para el PSOE y su dilatada trayectoria así lo avala. La región es una plaza esencial para los socialistas y ella se ha encargado de mantenerla a flote a base de la socialdemocracia sobre la que se asientan los verdaderos valores de su partido. No es de extrañar, por tanto, que tenga opciones más que reales de prolongar su mandato. Sin embargo, y ante el adelanto de las elecciones autonómica al día 2 de diciembre, resulta esencial que limpie el partido de cualquier residuo heredado de Manuel Chaves o José Antonio Griñán. En ese sentido, hay que reconocer que, por ahora, la Junta de Andalucía ha actuado con presteza.

Este mismo lunes, la consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha lamentado «el deleznable posible uso irregular» de las tarjetas de la extinta fundación Faffe. No obstante, y ante la gravedad de los datos descubiertos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es exigible una mayor contundencia, amén de una actuación rápida contra cualquier persona que aún esté vinculada a la representación pública y que hubiera podido tener alguna relación con el deleznable uso que los altos cargos de la fundación hacían con el dinero de todos los andaluces. Hace bien Susana Díez en personar al gabinete jurídico de la Junta como acusación particular. Dirimir responsabilidades es proteger los intereses de la ciudadanía. No obstante, tiene que ser rápida e ir hasta el fondo.