Se cumplen las condiciones para ilegalizar ERC y PDeCAT

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha mandado a prisión a Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell en un desempeño legal impecable. De esta manera, el independentismo queda descabezado y, lo más importante, los impulsores del golpe de Estado pagan por su ataque al Estado de Derecho y su constante desafío a la legalidad vigente. No obstante, y como señala el propio Llarena, el independentismo aún tiene el “espíritu latente”, algo que demuestran los propios golpistas con la defensa de su deriva en su alegato final. También el llamamiento irresponsable de ERC a movilizarse contra la “persecución” al independentismo. 

De nuevo el victimismo como argumento incendiario y falaz. De nuevo la falsedad como gasolina sobre el fuego que de manera irresponsable no dejan de atizar desde los partidos separatistas. Y es ahí donde la especificación de Pablo Llarena cobra más sentido. Esos “partidos soberanistas” siguen insistiendo en la idea de la ilegal república catalana. Lo harán a pesar de que sus líderes principales estén en prisión o huidos de la justicia —la última ha sido Marta Rovira—. De ahí que haya elementos más que suficientes para ilegalizar ERC y PDeCAT. No es una cuestión de nombres concretos, sino de una ambición perfectamente estructurada. 

A partir de esas siglas se mantiene y se fortalece el desafío contra la Constitución. Un caso cristalino de asociación con fin ilícito. Una finalidad que no es otra que hacer trizas la unidad de España. Por lo tanto, el Gobierno y las instituciones judiciales han de estar vigilantes si algún miembro del bloque independentista consigue ocupar la silla principal de la Generalitat. El propio presidente del Parlament, Roger Torrent, es la prueba de que las pulsiones independentistas no acaban con las últimas detenciones y que seguirán existiendo mientras ERC y PDeCAT sigan formando parte del panorama político autonómico y nacional.