La burla a la ley también es ilegal

Carles Puigdemont no puede ser el presidente de Cataluña sin pisar el Parlament. Si lo pisa, tampoco podrá serlo. Significará que está en España y, por lo tanto, deberá ser detenido inmediatamente y llevado ante el Tribunal Supremo. Su investidura, por tanto, es inviable. Así de sencillo. El golpismo no puede salir gratis en nuestro país. Tampoco podemos permitirnos que su principal precursor pueda ser presidente sin rendir antes cuentas con la justicia. Mucho menos si encima es a distancia. De ahí que la actuación del Tribunal Constitucional sea clave para tumbar una reforma del reglamento que lo permitiría. Los independentistas pretenden burlar la ley retorciéndola hasta el engaño. Algo que también es ilegal. El Gobierno y la justicia deben ser firmes ante esta tesitura. 

No se trata de imponer nada, sólo de aplicar la ley de manera aséptica y taxativa. Una ley que no permite un presidente autonómico a distancia, menos aún si con sus actos y sus palabras ha quebrantado una y otra vez la legalidad vigente. Si Puigdemont saliera investido desde Bélgica, supondría un golpe mortal para la credibilidad de nuestra imagen y de nuestro Estado de Derecho. La propaganda independentista utilizaría la palabra «exilio» para vender en Bruselas —donde han encontrado una vergonzosa connivencia por parte de la justicia local y de algunos políticos radicales— que España es un país opresor carente de garantías democráticas. Por eso no se les puede dar la más mínima opción, siempre con la ley como garante de los derechos y deberes de todos los españoles. 

Esa sería la mejor manera de demostrar que una Cataluña con Carles Puigdemont al frente es inviable por mucho que el bloque independentista tenga la mayoría en el Parlament. Inviable desde el punto de vista legal, desde luego. Pero inviable también en lo social y en lo económico. Ahora que los catalanes han vuelto a votar mayoritariamente a los separatistas, pueden constatar el futuro de parálisis y bloqueo que les espera. Están otra vez en el punto de partida que originó el golpe de Estado, pero con el agravante de tener 3.208 empresas menos en la región, así como una desinversión internacional galopante y unos datos del paro semejantes a los de la crisis. Un retroceso que, gobernados desde Bélgica, sólo se acrecentaría hasta el esperpento. ¿Qué gran empresa querría negociar con un president fugado de la justicia que dirige la región desde Bruselas? El Constitucional tiene que poner mesura en todo este disparate.