El Estado policial del podemita Torrente Martín Blas

La diferencia entre un país genuinamente democrático y otro genuinamente totalitario reside en el nivel de imposición del Estado de Derecho. En los primeros, la ley justa es el deber supremo; en los segundos, un instrumento injusto del que se sirve el sátrapa de turno para amparar y blanquear sus sucias decisiones. El estado de cosas cambia peligrosamente cuando en un sistema de libertades y de división de poderes como el que gozamos en España se tuerce, se fuerza o se aplica injustamente la norma. Al punto que se sitúa muy cerca de esa línea roja (eso sí que es una línea roja y no las que ponen gilipollescamente los políticos) que nos separa del abismo del totalitarismo, por no decir de la dictadura. Dictadura travestida de democracia que, ciertamente, es la peor de las dictaduras. Véase Venezuela o esa Corea del Norte cuya denominación oficial es República Popular Democrática de Corea (con un par).

Viene esta reflexión a cuento de una de las personas más innobles con las que me he topado en mi vida profesional: el (increíblemente) todavía comisario Marcelino Martín Blas. Al ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, que es la Policía de los policías, le ha debido de dar un yuyu en los últimos meses porque su actuación al frente de la investigación del caso Nicolay (Pequeño Nicolás) se aproxima más a un episodio de la vida de Tomás de Torquemada (el alma máter de la Inquisición) que a la del comportamiento que se le supone a un agente de la ley en un país democrático.

Este comisario asumió de forma inopinada la investigación del escándalo montado por Francisco Nicolás Gómez Iglesias. Digo inopinada, y digo bien. ¿Qué redaños pintaba Asuntos Internos en esta feria, acaso el estafador juvenil es madero y no nos hemos enterado? Este muchacho se rió con 19 años de media España y parte de la otra, empezando por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y terminando por algunos de los individuos más poderosos. Cayeron en sus redes personajes con la experiencia, la trayectoria y el olfato del entonces número 2 de la CEOE Arturo Fernández, el viceministro Jaime García Legaz, Ana Botella, el ex jefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio García Grande, el financiero Javier de la Rosa, empresarios tan potentes como los hermanos Buendía (Edhinor), amén de varios altos cargos de los espías españoles. También le metió inicialmente un gol a Jorge Cosmen, presidente de Alsa, pero el listísimo empresario asturiano dio la voz de alarma tras reunirse con el joven en Ribadeo y comprobar que había gato encerrado en el despliegue que le rodeaba, más propio de un presidente del Gobierno que de un imberbe barbilampiño.

Lo más alucinante de todo no es, en contra de lo que pueda parecer, que un mocoso de 19 años pegue un tocomocho de campeonato a un sinfín de vips. No. Lo más indignante es que las pesquisas por esta película de humor duren ya dos años y hayan costado al contribuyente la friolera de 1,2 millones de euros. Cuando la amenaza yihadista está ahí más presente que nunca, cuando España está a la cabeza de Europa en consumo (y obviamente tráfico) de drogas, cuando cada año mueren asesinadas 60 mujeres víctimas de la violencia machista y miles resultan heridas, se antoja una broma de muy mal gusto tener a una docena de agentes dedicados en exclusiva a escudriñar las pillerías de un chico cuyo único delito es ser más desahogado e indiscutiblemente listo que nadie.

Con todo, hay algo exponencialmente más grave en la conducta de los policías dedicados a radiografiar el asunto. Me refiero a esa grabación que demuestra que el comisario Martín Blas, más conocido entre sus compañeros como «El Rústico» o «Torrente», propuso a agentes del CNI «lavar pruebas» obtenidas en el curso de la investigación al Pequeño Nicolás. Un delito, por cierto, castigado con la cárcel y agravado cuando quien incurre en él es un servidor público. Como ciudadano a uno le entra el lógico canguelo al certificar que hay comisarios partidarios de retocar la instrucción de un sumario en función de sus intereses personales, de sus filias o de sus fobias. Y uno que pensaba que estas cosas sólo ocurrían en la Venezuela de Maduro, en el Irán de Jamenei, en la Cuba de Castro o en la Corea del Norte del repugnante Kim Jong-un…

Pues bien, el juez instructor, Arturo Zamarriego, un tipo aparentemente riguroso, no ha mandado a esparragar al comisario lavapruebas tras conocerse en televisiones y diarios varios el contenido de esta grabación. Resulta tautológicamente obvio que tampoco ha abierto una pieza separada para aclarar este episodio más propio de películas como Sed de Mal que de un vídeo de ésos que se emplean para invitar a los jóvenes a unirse al cuerpo. Todo lo contrario: ha permitido y permite que Martín Blas monte una causa general contra todos sus enemigos periodísticos y policiales, a los que sin una sola evidencia considera responsables del pinchazo y difusión de sus sicilianas intenciones. Una vendetta con la que El Rústico pretende vengarse de quienes jamás le hicieron ji-ji-ja-ja. ¿Por qué no empura a los funcionarios del CNI que estaban con él en esa cita? ¿No es más lógico pensar que pudieron ser ellos quienes le inmortalizaron cuando proclamó en voz alta sus aviesos propósitos?

La cruzada inquisidora del personaje tuvo un episodio culminante cuando propuso entrar y registrar «con el uso de la fuerza si es necesario» la vivienda de 7 periodistas, incluido quien les habla, e imputar al entonces número 1 de la Policía, Eugenio Pino, y al colega Enrique García Castaño. También exigía detener a José Villarejo, el compañero al que responsabiliza de todos sus males con notorias y notables patrañas, y cuya única culpa es haber prestado grandes servicios al Estado en la lucha contra la corrupción pujolista e ignaciana (González) y contra el islamofascismo en tierras lejanas, tan lejanas como peligrosas. El fiscal adscrito al caso, Alfonso San Román, puso cordura entre tanta locura rechazando de plano estas barrabasadas.

Como quiera que Martín Blas es tan poco listo como muy tenaz, no se ha dado por vencido. Ahora se ha puesto manos a la obra para asaltar los correos electrónicos de los periodistas que dimos las grandes primicias de un escándalo que demostró la vulnerabilidad de algunos importantes estamentos del Estado como el CNI, el Ayuntamiento de Madrid, la patronal CEOE o la Secretaría de Estado de Comercio. El primer email que ha querido invadir es el de Esteban Urreiztieta que, junto a un menda, fue el primero en entrevistar al Pequeño Nicolás. Torrente y su ibm (y veme a por esto, y veme a por lo otro), Rubén, montaron un registro en el diario El Mundo. Su problema es que cuando fueron a intentar cotillear el correo electrónico de Urreiztieta se encontraron con que estaba más vacío que las arcas del banco italiano Monte dei Paschi. El gatillazo estuvo a la altura de la mala fe de ambos personajes. La gran pregunta es cuál será la siguiente víctima: ¿el que suscribe? ¿el ex número 1 de la Policía? ¿Villarejo? ¿otros colegas como Sandra Fernández o Daniel Montero?

Como quiera que el fiscal ha dicho que nones a todas sus barrabasadas, se ha buscado unos nuevos compañeros de viaje: Podemos, partido por el que bebe los vientos. Los bolivarianos se han presentado como acción popular en un caso en el que nada le va y nada le viene. Teóricamente. Porque si escarbamos un poco descubrimos que es un win-win: ganan los de Iglesias, que podrán pedir la imputación de algunas de las personas que más se han significado en el descubrimiento de sus mangancias (como Eugenio Pino y, obviamente, el arriba firmante), y gana Martín Blas, que podrá sortear las trabas que pone la Fiscalía a sus barbarités. El nexo de unión ha sido una periodista tan podemita como colombiana que es íntima amiga del comisario lavapruebas.

En democracia no todo vale. Porque si vale todo no cabe hablar de democracia sino de dictadura o principio de dictadura. Espero, confío y deseo que el Ministerio Público continúe poniendo coto a estas chungas arbitrariedades, que Asuntos Internos expediente a nuestro protagonista por proponer lavar pruebas contra un justiciable y que el Consejo General del Poder Judicial analice por qué el magistrado Zamarreño pone a ¿clarificar? el escándalo a un tipo que es juez y parte. Lo digo porque Martín Blas es el menos indicado del planeta tierra para acometer las pesquisas del pinchazo que ha sufrido (esto es de primero de Derecho). De no pararle los pies a este sujeto, podremos proclamar a los cuatro vientos que España va camino de ser un Estado policial, un Estado en el que los policías acusan sin pruebas a sus enemigos mientras amparan a sus amiguetes. La Inquisición en versión 5.0. Menos mal, barrunto yo, que no estamos en el siglo XV porque si no, este comisario que es el vivo retrato físico de Torquemada nos enviaba directitos a la hoguera.