Choque en el Gobierno por las ayudas al alquiler: Podemos quiere que algunas deudas nunca se paguen

El Gobierno está saturado por el contagio de la crisis sanitaria a la economía. Teniendo que celebrar varios Consejos de Ministros a la semana para abordar la actual situación sin precedentes, en el del martes prevé lanzar un paquete de medidas para ayudar a los inquilinos que tengan problemas para pagar el alquiler de sus viviendas a causa de la actual situación de crisis sanitaria, la paralización de actividades y el estado de alarma.

Se podrían movilizar unos 700 millones de euros aunque principalmente serán préstamos que habrá que devolver al Estado. El plan incluye una línea de ‘microcréditos’ avalados por el Estado de unos 100 millones de euros para quienes tengan su piso alquilado a particulares o pequeños propietarios y una moratoria de hasta cuatro meses en el pago de la renta para los inquilinos de grandes tenedores de viviendas.

El principal escollo en este momento es la guerra entre los ministros de Podemos y los del PSOE. Aún no se ha decidido, por ejemplo, cómo se deberá afrontar la deuda que se acumule con los cuatro meses de moratoria de pago que se pretende permitir a los inquilinos de grandes propietarios de pisos. Mientras Podemos pretende que esa deuda no se pague, la propuesta del Ministerio de Transportes pasa por que el inquilino pueda hacerla frente en «cómodos plazos y en un periodo de entre tres y diez años».

Las propuestas 

En concreto, el plan que ultima el Departamento que dirige Ábalos contempla un primer punto por el que se determina la paralización de todo proceso de desahucio durante un periodo de seis meses.

La propuesta establece una prórroga automática de seis meses para todos los contratos de alquiler cuya vigencia concluya coincidiendo con el periodo de estado de alarma.

En tercer lugar, el plan establece la posibilidad de contar con una moratoria de cuatro meses en el pago del alquiler a los inquilinos de pisos propiedad de grandes tenedores de viviendas en renta cuya situación económica se vea afectada por la actual crisis.

Para aquellos que vivan en un piso alquilado a un particular o un pequeño propietario, el grueso del colectivo de ciudadanos que viven en renta (alrededor del 90% del total), el Ejecutivo habilitará a través del ICO una línea de ‘microcréditos’ estimada en unos 100 millones de euros.

Las familias o ciudadanos que recurran a estos créditos por no poder atender al pago de sus alquileres contarán con un plazo de entre tres y seis años para devolverlos.

Además, el plan de Ábalos para el alquiler contempla un tercer supuesto, el de aquellas personas que no sólo estén afectadas por la crisis sino que se encuentren en situación «ruinosa». En estos casos, se habilitará parte de los fondos del Plan Vivienda.

La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal, e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.

Un mercado atomizado

Con este paquete de medidas que mañana aprobará el Gobierno, se pretende dar respuesta a las demandas al respecto planteadas después de que en el primer paquete de ayudas económicas ya se incluyeran ayudas al pago de hipotecas.

En España, el mercado el alquiler está completamente atomizado, dado que el grueso de la oferta procede de propietarios particulares, si bien en los últimos años ha comenzado a profesionalizarse por la proliferación de las socimis.

En cuanto al 5% restante del mercado que está en manos de empresas y fondos, los grandes titulares de pisos son el fondo estadounidense Blackstone, con unos 20.000 activos a través de distintas socimis, y después firmas como el grupo Azora, con unos 7.000 pisos, y socimis como Témpore, la participada por la Sareb, con algo menos de 3.000.