DGT

La DGT va a quitar la pegatina de nuestros coches. Te puede afectar en los próximos días

  • Janire Manzanas
  • Graduada en Marketing y experta en Marketing Digital. Redactora en OK Diario. Experta en curiosidades, mascotas, consumo y Lotería de Navidad.

El 1 de enero de 2023 entró en vigor la Ley de Cambio Climático que obligaba a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a tener Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las que se limite el acceso de los vehículos más contaminantes. Sin embargo, nueve meses después, la gran mayoría de las 150 ciudades de más de 50.000 habitantes no las tienen. Muchos Ayuntamientos alegan que no han tenido tiempo suficiente para activar las ZBE, pero la realidad es que se trata de una medida con un coste electoral que nadie quiere asumir.

A esto hay que sumar que algunos fabricantes se han aprovechado de las lagunas legales que dejan las etiquetas de la DGT para lanzar al mercado modelos microhíbridos. Combinan motores de más de 500 CV con una asistencia eléctrica mínima, pero suficiente para tener acceso a la etiqueta ECO. De esta manera, se están clasificando como ecológicos vehículos que realmente no lo son.

¿Adiós a las etiquetas medioambientales de la DGT?

Una situación muy compleja que podría hacer desaparecer las etiquetas medioambientales de la DGT casi ocho años después de su aparición. En la actualidad, los distintivos son los siguientes:

El resto de los vehículos, los más contaminantes, no tienen derecho a ningún tipo de distintivo. Son los conocidos como sin etiqueta o con etiqueta A.

Aunque no hay ninguna confirmación oficial por parte de la DGT, algunas fuentes del mercado automovilístico dan por hecho que el sistema de etiquetas sufrirá una profunda modificación en los próximos años. Como mucho, será en enero de 20237, fecha en la que el Gobierno llevará a cabo la primera revisión del funcionamiento de las ZBE.

Ahora bien, hasta que haya algún cambio en la normativa vigente, es obligatorio llevar el distintivo ambiental en las ZBE vigentes en España. En caso contrario, la sanción es de 200 euros, excepto que el Ayuntamiento de la localidad en cuestión especifique una cuantía diferente.