Un juez cita a la socialista Reyes Maroto por acusar a Ayuso de asesinar a ancianos en las residencias

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha sido citada a declarar el próximo 11 de noviembre a las 11:45 horas tras las declaraciones en las que acusó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de «asesinar» a 7.291 personas mayores en las residencias durante la pandemia. El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha admitido a trámite la querella que interpuso la Comunidad de Madrid tras el fracaso del acto de conciliación celebrado el pasado 10 de junio.

La dirigente socialista se enfrenta a un presunto delito de calumnias con publicidad, según recoge el auto judicial. La Comunidad de Madrid interpuso inicialmente una demanda de conciliación el 19 de marzo como paso previo a la querella, pero Maroto no se retractó de sus acusaciones durante la vista del 10 de junio.

La polémica se desató cuando Maroto afirmó ante los medios que «fueron 7.291 las víctimas o las personas mayores asesinadas en estas residencias». Sus palabras llegaron tras la emisión del documental 7291 en RTVE, que abordaba las muertes en centros geriátricos madrileños durante la crisis sanitaria.

Fracaso de conciliación

El acto de conciliación del 10 de junio no logró evitar el proceso judicial. Reyes Maroto mantuvo sustancialmente sus posiciones durante la vista, lo que llevó al Ejecutivo autonómico a formalizar la querella que ahora ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 13.

Las declaraciones de Maroto han traspasado las «líneas rojas de la decencia política», según manifestó en su momento el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. El Gobierno regional defendió que actuaba «con el objetivo de defender a los profesionales que durante tanto tiempo lo dieron todo para salvar vidas y para luchar contra una pandemia».

García Martín advirtió que todo aquel que «acusara de cometer un delito a los profesionales, a este gobierno o a su presidenta», tendría «una respuesta en los tribunales en forma de querella».

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, rompió relaciones institucionales con el PSOE tras calificar las declaraciones de Maroto como «inaceptables, nauseabundas e indecentes». «Hasta aquí hemos llegado», sentenció el primer edil, quien denunció que el «sanchismo» está convirtiendo la política madrileña en «un auténtico lodazal».

Otros casos similares

Maroto no es la única dirigente de la izquierda que se enfrenta a acciones judiciales por sus críticas al Gobierno de Ayuso. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, será citada el 26 de junio al acto de conciliación por acusar al Ejecutivo madrileño de «gestión homicida».

La demanda contra Belarra fue admitida a trámite en mayo por el Juzgado número 55. La ministra había denunciado que Ayuso «debería estar en la cárcel por gestión homicida y criminal». También se ha planteado querella contra Pablo Fernández, portavoz de Podemos, por acusaciones similares.

La Comunidad de Madrid defiende que actúa «con el objetivo de defender a los profesionales que durante tanto tiempo lo dieron todo para salvar vidas y para luchar contra una pandemia que fue mundial». El Gobierno regional considera que estas declaraciones constituyen una imputación directa de delitos.

Las tensiones entre el PSOE y el PP madrileño se han recrudecido desde la llegada de Óscar López a la secretaría general del PSM. El ambiente, ya de por sí enrarecido, alcanzó su punto álgido cuando se cumplía el quinto aniversario de la declaración del estado de alarma.

Antecedentes judiciales

El Tribunal Supremo archivó una denuncia penal contra Ayuso por las muertes en residencias por falta de datos sólidos, sí imputó a ex altos cargos por los protocolos aplicados durante la pandemia pero fueron absueltos. La polémica ha sido un tema recurrente durante estos cinco años, intensificándose en los últimos meses.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ahora imputado por el juez Juan Carlos Peinado, llegó a responsabilizar directamente a Ayuso de las muertes en las residencias. Esta escalada provocó que el PP de Madrid también rompiera relaciones con la Delegación del Gobierno.

Defensa de la izquierda

Por su parte, el PSOE y Podemos defienden su derecho a la crítica política y mantienen sus acusaciones sobre la gestión de la pandemia en las residencias madrileñas. Maroto ha insistido en que su finalidad era «alertar sobre la ausencia de atención médica en residencias», aunque reconoce que las palabras empleadas no fueron las apropiadas.

La dirigente socialista ha remarcado que «la verdad se va a conocer» y ha criticado el uso político del luto durante la pandemia. Ayuso, por su parte, insiste en que se defiende «a los que lucharon» contra el coronavirus en primera línea.