Ayuso sopesa cómo neutralizar los puntos más polémicos de la Ley Trans de Sánchez y Montero: «Hay margen»

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de manera definitiva la Ley Trans, impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Una legislación que para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es una «chapuza» y, por ello, su Gobierno ya está trabajando para neutralizar sus aspectos más nocivos en la región porque, según afirman fuentes de la Puerta del Sol, «hay margen» para ello.

La dirigente madrileña lleva tiempo adelantando que, una vez se aprobara la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, su Ejecutivo podría plantear la modificación de las leyes autonómicas que abordan ese mismo extremo (la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual).

El Gobierno autonómico tenía que esperar a que la legislación nacional estuviera aprobada para conocer el marco en el que podrían moverse a nivel autonómico, tal y como ha venido explicando la propia Díaz Ayuso. Así, una vez esta ley ya es una realidad, desde Sol preparan la ofensiva, que, apuntan fuentes gubernamentales a OKDIARIO, emulará la emprendida contra la Ley Celaá, para neutralizarla en la medida de sus competencias en Madrid.

«Lo que toca hacer en estos momentos, a raíz de la ley nacional que va a dejar sin efecto toda la ley de la Comunidad de Madrid, va a ser legislar a continuación para corregir las chapuzas. Si legislan así con leyes como el sí es sí, no quiero ni imaginar lo que va a salir de ese esperpento legislativo», ha lanzado este jueves la presidenta madrileña en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Aunque Díaz Ayuso ha dejado claro que no va a derogar las leyes trans autonómicas, tal y como le exige Vox, se ha comprometido a «corregir todos los efectos» de la ley de Montero, de la que ha asegurado se posiciona «en contra».

El Gobierno madrileño ha ido desvelando a lo largo de los últimos meses algunos de los puntos que tienen intención de cambiar de las leyes madrileñas. En este sentido, ha criticado que se trata de textos «muy barrocos» que contienen incluso artículos que «no son realmente artículos de una norma, sino que son declaraciones que no tienen contenido legislativo».

El preámbulo, por ejemplo, de la Ley Trans señala que «la libre determinación del género de cada persona ha de ser afirmada como un derecho humano fundamental, parte inescindible de su derecho al libre desarrollo de la personalidad», pero lo cierto es que ni es un derecho humano fundamental ni las comunidades autónomas tienen potestad para establecer este tipo de derechos.

La Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid que aprobó el Ejecutivo liderado por Cristina Cifuentes establece en su artículo 13 esta libre autodeterminación de género.

«El sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid atenderá a las personas trans conforme a los principios de consentimiento informado, libre autodeterminación de género, de no discriminación, de asistencia integral, de calidad, especializada, de proximidad y de no segregación», reza el citado precepto, que Ayuso está dispuesta a derogar.