COMUNIDAD DE MADRID

Ayuso emprende una cruzada antidrogas en Madrid mientras Mónica García propone regular el cannabis

Ayuso drogas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Paula Baena

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto la lucha contra la drogadicción en el centro de sus políticas para lo que resta de legislatura. La dirigente madrileña va a poner en marcha una batería de medidas contra la adicción a las drogas, uno de los temas que más le preocupan, según ha reconocido en numerosas ocasiones en los últimos tiempos, que contrastan con las propuestas de la líder de Más Madrid, Mónica García, que quiere legalizar el cannabis.

Díaz Ayuso va a poner en marcha un Plan de Prevención del riesgo de consumo de drogas para colegios e institutos en el que se incluye un protocolo que aborda tanto la prevención como la detección e intervención educativa con actuaciones específicas para familias, profesorado y estudiantes.

Además, la presidenta va a reforzar la supervisión de las entradas en los colegios y sus entornos a través de nuevas medidas para evitar el tráfico de drogas, como la dotación de patrullas caninas a las policías locales.

Asimismo, la Comunidad de Madrid cuenta con un plan de salud mental y adicciones dotado con cuatro millones de euros en el que se incluye la contratación de 370 nuevos profesionales y la puesta en marcha de nuevos recursos asistenciales.

Para Ayuso, «hay una parte importante de políticos de la izquierda que pretende normalizar el consumo de drogas bajo mentiras relacionadas con usos medicinales o que confunden deliberadamente libertad con derecho a destruir cuando las drogas son la gran renuncia a la libertad personal, la más importante de todas».

Dentro de esos políticos de izquierdas se enmarca Mónica García, quien ha propuesto en la Asamblea de Madrid la regularización del cannabis. En esa iniciativa, presentada el pasado mes de mayo a través de una Proposición No de Ley (PNL), los de Mónica García recordaban que el actual marco «prohibicionista» de esta droga en España se sustenta «en una normativa aprobada por Franco en los años 60» que, aseguraban, «facilita el acceso de los menores al cannabis al no existir ningún tipo de protección que lo impida, toda vez que el mercado es mayoritariamente en negro».

“La legislación actual no es capaz de presentar un solo indicador positivo, al contrario, provoca el aumento de los negativos: del consumo, del mercado negro y la proliferación de un producto adulterado. La regulación protege mejor la salud y la seguridad de los usuarios adultos, aleja el cannabis de los menores y mantiene los beneficios fuera del mercado negro. Además, con el clima privilegiado y la formación que contamos en España, podríamos liderar el sector del cannabis europeo y mundial”, consideran desde la filial autonómica del partido de Íñigo Errejón.

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