La UCO investiga el posible cobro de comisiones de Ignacio González y su entorno a través del Canal de Isabel II

Las indagaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre pagos efectuados a través del Canal Isabel II, una de las mayores empresas públicas de la Comunidad de Madrid, podrían haber precipitado la decisión de Ignacio González de dimitir como secretario general del PP madrileño.

Aunque su renuncia no se ha conocido hasta este domingo, horas después de la rueda de prensa ofrecida por Esperanza Aguirre, González abandonó la dirección del PP hace un mes.

Lo hizo tan sólo unos días después de que agentes de la UCO se personaran en la sede del Canal de Isabel II y de otras dos empresas públicas de la Comunidad de Madrid para recabar documentación sobre varias operaciones económicas realizadas durante su etapa al frente del Gobierno regional.

Según fuentes consultadas por OKDIARIO, la Guardia Civil investiga el presunto desvío de fondos a través de contratos adjudicados durante la etapa de Ildefonso de Miguel como gerente del Canal de Isabel II. Considerado como un hombre de confianza del entonces vicepresidente Ignacio González, De Miguel abandonó la dirección del consorcio en 2009, después de que su consejo de administración anulara un concurso de 26 millones de euros que había adjudicado a la empresa más cara.

Los ‘pinchazos’ a Victoria y Figar

Las otras dos empresas públicas investigadas por la Guardia Civil son Arpegio (Áreas de Promoción Empresarial con Gestión Industrial Organizada), dedicada a la compra y desarrollo de suelo urbanizable, y la Agencia de Informática y Comunicaciones, que controla los sistemas informáticos del Ejecutivo regional.

Precisamente un ex alto cargo de esta Agencia, José Martínez Nicolás, que decidió colaborar con la Justicia tras ser detenido en octubre de 2014, ha permitido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tirar del hilo de la trama Púnica para descubrir sus ramificaciones en la Comunidad de Madrid.

Algo que ha puesto en el punto de mira a los ex consejeros de Presidencia, Salvador Victoria, y Educación y Deporte Lucía Figar, comprometidos a través de las conversaciones telefónicas intervenidas con imputados en la trama Púnica. La Agencia de Informática y Comunicaciones maneja un presupuesto anual que ronda los 150 millones de euros.

En cuanto a Arpegio, durante los últimos años ha servido para poner en marcha proyectos como el de la Ciudad de la Imagen en Pozuelo de Alarcón, el Parque Empresarial de Las Rozas y varias zonas de desarrollo urbano en Getafe, Leganés y Pinto, entre otros municipios.

La reputación digital de las hijas de Zapatero

El juez instructor de la operación Púnica estaría investigando ahora varios contratos de estas tres empresas públicas que le permitirían poner contra las cuerdas al equipo más estrecho de colaboradores de Ignacio González.

Varios medios ya apuntaron el pasado mes de octubre que algunos de estos contratos –pero no los únicos– afectarían a la empresa de Alejandro de Pedro que trabajó para mejorar la reputación digital de dirigentes del PP como el propio Ignacio González.

Como informó en exclusiva OKDIARIO, la misma empresa también fue contratada por el PSOE para proteger la imagen de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero en las redes sociales, después de que se hiciera célebre su fotografía junto al presidente norteamericano Barak Obama.

El Canal de Isabel II Gestión II, que explota los servicios de suministro de agua potable en la región, es una de las mayores empresas públicas de la Comunidad. Registra unas beneficios anuales superiores a los 200 millones de euros.

La decisión más difícil de Esperanza Aguirre

Esperanza Aguirre planteó en 2008 la posibilidad de privatizar el consorcio, en el que también participan más de una decenas de ayuntamientos de la región. Sin embargo, su sucesora, Cristina Cifuentes, se ha comprometido a mantenerlo como servicio público.

Las indagaciones del juez Eloy Velasco en torno al Canal de Isabel II y a otras dos empresas públicas de la Comunidad habrían precipitado, hace un mes, la renuncia de Ignacio González como secretario general del PP de Madrid.

Algo que también habría pesado en la decisión de Esperanza Aguirre de dimitir este domingo como presidenta del partido, tres días después de que la Guardia Civil registrara la sede del PP madrileño en busca de pruebas de financiación irregular procedente del consejero de OHL Javier López Madrid.

La constatación de que un creciente número de sus ex colaboradores –a los que ahora se sumarían el ex gerente del PP Beltrán Gutiérrez e Ignacio González, además de Francisco Granados, Salvador Victoria y Lucía Figar– están salpicados por la trama Púnica, habría empujado a Aguirre a tirar la toalla.