Romero también ‘criminalizó’ a los espías de Aguirre y al final fueron absueltos

José Manuel Romero-Salazar se significó durante años como el periodista que más informaciones publicaba sobre una supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid financiada con dinero de la Seguridad de la administración autonómica. El periodista ponía el foco de atención en Esperanza Aguirre y su equipo, especialmente en Francisco Granados.

A lo largo de más de cinco años, durante todo el tiempo que duró el proceso, el periodista de El País se apuntó a la tesis de que había existido espionaje político entre altos cargos del Partido Popular. Así nos podemos encontrar en la hemeroteca del diario de Prisa un sin fin de artículos sobre la trama de espionaje.

En julio, Romero seguía centrado en Granados en sus informaciones sobre el espionaje. Informaba de que la juez había citado al ex consejero de Esperanza Aguirre por “espionaje a Prada y Cobo”.

En noviembre de 2014 mantenía que “Granados benefició al perito que le ayudó en la trama de los espías”.

Días después señalaba que “se abrirá juicio por malversación en el caso del espionaje político”.

En febrero de 2015 Romero censuraba a una juez por “archivar por tercera vez el caso del espionaje político en Madrid”, según él, contra adversarios del PP de Esperanza Aguirre. Señalaba que “tres guardias civiles a sueldo siguieron, mañana, tarde y noche” a sus objetivos.

El 7 de marzo de 2015, en plena campaña de las elecciones municipales y autonómicas en Madrid – Romero decía: “El PSOE recurre para reabrir el caso de el espionaje político en Madrid”. El director adjunto de El País debería haber asumido las absurdas pautas deontológicas que exige a OKDIARIO cuando informa sobre Podemos: “La búsqueda de pruebas inculpatorias -sobre Podemos o independentistas- coincidía con periodos electorales”. Pero eran el PP y OKDIARIO.

Pero, para sorpresa de Romero y su derroche de tinta desde que estalló el escándalo desde el 2008, tras la vista oral de la causa, la juez Paz Redondo determinó en marzo pasado que las pruebas carecían de “la contundencia, claridad y fiabilidad necesaria” y absolvía a los seis procesados. Echaba por tierra los argumentos que El País venía defendiendo desde hacía de diez años. El propio medio reconocía que había destapado el escándalo en 2009.

Por tanto, si Romero tuviera que aplicarse la misma medicina que adjudica a otros periodistas debería asumir los postulados que defiende sobre el Informe PISA o la tarjeta del móvil: las informaciones sólo tendría valor en función de los informes policiales o sentencias.