El PSOE presenta a un imputado por corrupción como cabeza de lista en San Martín de Valdeiglesias

El PSOE de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) presenta como cabeza de lista electoral para el 28 de mayo a un investigado por corrupción, Luis Haro Berlanas, que fue teniente de alcalde con el anterior equipo de gobierno municipal. Haro fue detenido junto a otras 16 personas, incluida la alcaldesa Mari Luz Lastras, en el marco de la Operación Pantano. Haro era teniente de alcalde y concejal de obras durante el período investigado por la Guardia Civil, entre 2017 y 2019 y ahora es concejal en la oposición. Los delitos por los que es investigado son malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la Administración y omisión del deber de perseguir delitos. En total, si fuera condenado por todos le caerían entre 7 y 18 años de prisión más inhabilitación para ejercer cargo público durante 20 años.

Este sábado 29 de abril la candidatura será presentada por Juan Lobato, cabeza de lista de los socialistas en la Comunidad de Madrid. Detrás de él posarán dos imputados, Luis Haro que se presenta a alcalde y Pablo Luis Lastras, que será concejal en caso de que el PSOE gane. En este caso, los delitos que se le imputan a Lastras son prevaricación, fraude a la Administración, cohecho, fraude y exacciones legales y tráfico de influencia. En su caso, la condena sería entre 5 y 14 años y una inhabilitación de 20 años.

Precisamente el nombre de Luis Haro se cita hasta en 101 ocasiones en 29 páginas de un informe de 495 folios presentado el 8 de febrero de 2023 por la Guardia Civil ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero (Madrid), instructor de la causa. El ex concejal de Festejos, Pablo Luis Lastras, que se presenta en la cuarta posición de la candidatura socialista aparece citado en 405 ocasiones en 57 páginas de este informe para el Juzgado.

La Guardia Civil subraya que adjudicó contratos ignorando por completo los informes en contra de la secretaria-interventora del Ayuntamiento. «Los reparos (puestos por la interventora municipal) eran levantados por decreto de la alcaldesa, aludiendo para ello que eran servicios que se habían prestado y no se podía perjudicar al tercero, además de la Teoría del Enriquecimiento Injusto por parte de la Administración», indica el documento.

Por ejemplo, una de las testigos, agente de desarrollo local del ayuntamiento, fue interrogada el 14 de septiembre de 2022 y en su declaración aseguró que «la gestión de decisión sobre quien es el encargado de ejecutar los proyectos no es su función, que avisa al concejal de obras, Luis Haro Berlanas, en el momento que salen publicadas las ayudas y es en ese momento cuando desde la concejalía se le propone a Proentis (una de las empresas investigadas)».

La misma trabajadora municipal alertó sobre los fondos destinados al programa de Violencia de Género (Viogen) y explicó que las tres personas contratadas para ello nunca los vio «tratar directamente con personas o víctimas» y que «no tiene conocimiento de que se llevaran a cabo las acciones para las que la subvención estaba destinada, según las bases publicadas en el boletín». El montante aproximado era de 18.000 euros para los años 2018 y 2019.

La Guardia Civil explica que «se emitieron varios informes por parte de la secretaria interventora -Vanesa Pérez Vidal- la cual advertía sobre las diferentes irregularidades relacionadas con la contratación en el seno del Ayuntamiento emitiendo informes de fiscalización con reparo en los mismos. Estos reparos eran levantados por decreto de la alcaldesa -Mari Luz Lastras Parras- aludiendo para ello que eran servicios que se habían prestado y no se podía perjudicar al tercero (…)».

Además, los investigadores de la Benemérita desgranaron uno a uno los contratos adjudicados a mercantiles con relaciones familiares dentro de la corporación y administración municipal y evidenciaron un modus operandi: «El uso de sociedades vinculadas a familiares que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, con una falta de igualdad de oportunidades para el resto de mercantiles, principio básico de la contratación pública».

Tras acabar aquella legislatura, en marzo de 2019, la nueva alcaldesa, Mercedes Zarzalejo, del Partido Popular (PP), consideró la anterior gestión socialista como «un fraude contra la administración y un ladroneo» y depositó todos los contratos en la Fiscalía Anticorrupción, que inició la investigación.