La corrupción del PSOE en San Martín de Valdeiglesias: la alcaldesa sabía que actuaba ilegalmente

El 8 de febrero de 2023, el Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero (Madrid) recibía un extenso informe definitivo realizado por el equipo de Delitos Económicos UOPJ de la Guardia Civil sobre actividades ilícitas del equipo de gobierno socialista de San Martín de Valdeiglesias en la legislatura 2017-2019. En concreto, el informe de la Guardia Civil apuntaba a la adjudicación de contratos municipales y subvenciones facilitados por la entonces alcaldesa Mari Luz Lastra (PSOE), que fue detenida junto a otras 16 personas en el marco de la Operación Pantano, en referencia a corrupción urbanística en el entorno del embalse de San Juan. Ahora, en su último informe remitido al juzgado –al que ha tenido acceso OKDIARIO–, los investigadores sostienen que la ex alcaldesa socialista actuaba a sabiendas de las ilegalidades que cometía.

Así, la Guardia Civil subraya que adjudicó contratos ignorando por completo los informes en contra de la secretaria-interventora del Ayuntamiento. «Los reparos (puestos por la interventora municipal) eran levantados por decreto de la alcaldesa, aludiendo para ello que eran servicios que se habían prestado y no se podía perjudicar al tercero, además de la Teoría del Enriquecimiento Injusto por parte de la Administración», indica el documento.

La Guardia Civil explica, además, que «se emitieron varios informes por parte de la secretaria interventora -Vanesa Pérez Vidal- la cual advertía sobre las diferentes irregularidades relacionadas con la contratación en el seno del Ayuntamiento emitiendo informes de fiscalización con reparo en los mismos. Estos reparos eran levantados por decreto de la alcaldesa -Mari Luz Lastras Parras- aludiendo para ello que eran servicios que se habían prestado y no se podía perjudicar al tercero (…)».

Los investigadores de la Benemérita desgranaron uno a uno los contratos adjudicados a mercantiles con relaciones familiares dentro de la corporación y administración municipal. La primera empresa fue la mercantil Proentis, que se adjudicó contratos por valor de 165.000 euros y obtuvo una subvención de la Comunidad de Madrid por 44.000 euros. La conclusión de la Guardia Civil es que «se tomó una decisión totalmente arbitraria para la adjudicación de las obras a la mercantil Proentis» y añade que esta práctica «vulnera lo estipulado por la ley de contratos del sector público sobre la libre concurrencia».

La segunda empresa investigada fue Construcción y Rehabilitación Eficientes (CREE), cuyo objeto social era la construcción de edificios residenciales. Esta empresa llegó a facturar 240.000 euros pero uno de los contratos los subcontrató con otra empresa, Transportes, Excavaciones y Contenedores Antonio Lago Saugar. Los guardias civiles tiraron del hilo de esta empresa y descubrieron que la misma había cobrado entre 2014 y 2019 un total de 206.257,78 € «sin haber suscrito un solo contrato con el Ayuntamiento».

Los agentes investigaron también al Centro Canino Monte Ida por recibir una cantidad de 128.286,20 € por la recogida de animales en el municipio pero «careciendo de cualquier tipo de contrato, además de poseer lazos familiares con miembros de la anterior corporación municipal». La encargada de la empresa, Carolina de Francisco, es «sobrina de Luis Lastras Rey (concejal de Obras en la anterior legislatura a Mª Luz Lastras) y prima de Pablo Luis Lastras Ortiz, antiguo concejal de Deportes, Festejos y Nuevas Tecnologías en la legislatura de Mª Luz Lastras Parras (alcaldesa socialista de San Martín hasta 2019)».

El mismo documento explica que «atendiendo a los importes mencionados, estos superarían con creces los límites marcados por la normativa de contratación pública para los contratos de servicios -recuérdese 15.000 euros-, es decir, eran conocedores de la obligación de sacar un proceso de licitación» y añade que «se estarían usando sociedades vinculadas a miembros del consistorio para la realización de servicios con una falta de total de transparencia».

Este caso evidenciaría un modus operandi: «El uso de sociedades vinculadas a familiares que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, con una falta de igualdad de oportunidades para el resto de mercantiles, principio básico de la contratación pública», según la Benemérita.

Una de las empresas que también logró contratos en la localidad, Gráficas Serafín, llegó a hacer publicidad del PSOE en 2019 con su dueño rotulando una furgoneta con las siglas del partido: «A través del análisis de los diferentes terminales móviles, se ha encontrado una conversación en el terminal telefónico correspondiente a María Luz Lastras en la que, en un mensaje de grupo de la aplicación de mensajería WhatsApp donde se encuentra toda la corporación correspondiente al Partido Socialista Obrero Español de la localidad de San Martín de Valdeiglesias, fechado el 11 de mayo de 2019, es decir, en plena campaña electoral, Félix González Otero dice al resto de miembros que los vinilos para rotular una furgoneta que se utilizará en la campaña de María Luz Lastras, los regala Serafín, adjuntando una imagen en la que se aprecia a Serafín González rotulando dicha furgoneta con las siglas del PSOE».

El informe de la Benemérita añade que «aunque si bien, cuantitativamente el precio de los vinilos no sea algo significativo, sí lo es el hecho de que los regale una mercantil que ha llegado a facturar en el período analizado la cantidad de 112.502,38 euros sin contrato que refrende tal facturación con el consistorio, pudiendo inferirse que se podría tratar de algún tipo de contraprestación por tales hechos».

Tras acabar aquella legislatura, en marzo de 2019, todos aquellos informes de intervención y aquellas advertencias de lo que la actual regidora del Partido Popular (PP), Mercedes Zarzalejo, consideraba «fraude contra la administración y un ladroneo» los depositó en la Fiscalía Anticorrupción, que inició la investigación.