IU pide imputar en Lezo al nº 2 de Interior, Aguirre, Zaplana, Bárcenas, Lapuerta y el PP

José Antonio Nieto
El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, en el Congreso. (Foto: Paco Toledo)

Izquierda Unida ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional pidiendo la imputación en el caso Lezo del Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto; la ex presidenta madrileña, Esperanza Aguirre; el ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana; los ex tesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; y el PP como persona jurídica en la causa.

Según el recurso de 30 páginas remitido al juez Manuel García-Castellon, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la formación liderada por Alberto Garzón solicita investigar al nº 2 del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, por presunto delito de revelación de secretos, «existiendo», aseguran, «indicios de haber mantenidos contactos como Secretario de Estado de Seguridad con los investigados previamente a su detención».

IU, personada como acusación popular en el caso, hace referencia a la reunión que mantuvo Nieto con el hermano de Ignacio González, Pablo González, ex directivo de Mercasa, que fue detenido junto al ex presidente madrileño en el marco de la ‘Operación Lezo’. El encuentro fue reconocido por el propio Nieto e incluso compareció en el Congreso de los Diputados, donde señaló que en dicha reunión no habló sobre la investigación.

El partido de Garzón señala también a Esperanza Aguirre, «como responsable de un delito de encubrimiento, toda vez que tenía conocimiento de parte de las actividades ilícitas de Ignacio González, así como las desarrolladas en beneficio del Partido Popular» y del ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, «por los delitos de encubrimiento y cooperador de la organización criminal».

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Ignacio González y Esperanza Aguirre.

Izquierda Unida solicita además la imputación de los ex tesoreros del PP, Álvaro Lapueta y Luis Bárcenas, «como cooperadores necesarios del delito de cohecho relativo a la adjudicación del tren a Navalcarnero».

«Toda vez», afirma el escrito, «que supuestamente habrían recibido el encargo del propio dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir (con quien los aludidos mantuvieron una estrecha relación ilícita según se desprende de los propios “papeles de Bárcenas”), que tras considerar injusta la supuesta mordida pagada a Ignacio González -debido al fiasco del proyecto de Cercanías a Navalcarnero-, quiso recuperar el destino de la dádiva, cooperando ellos en dicho desempeño. También, serían responsables de un delito de encubrimiento».

Recurso de IU en la 'Operación Lezo'.
Recurso de IU en la ‘Operación Lezo’.

Imputación del PP como persona jurídica

La formación política tampoco se olvidan de pedir la investigación como persona jurídica del Partido Popular como «posible autor de diversos delitos, todo ello en relación a las operaciones fraudulentas destinadas a desviar a dinero público, entre 2012 y 2013, de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, ICM, hacia el PP para sufragar sus deudas electorales, siendo que el plan para realizar tal acción criminal habrían participado, además de Ignacio González, otros diputados autonómicos y dirigentes del Partido Popular, como su responsable de finanzas Beltrán Gutiérrez, habiendo utilizado para concertarse criminalmente un despacho del grupo Popular en la asamblea de Madrid».

Según IU, «resulta poco convincente que por parte de la Fiscalía se indique que es precipitado ampliar imputaciones y que no se pueden basar en informaciones de los medios de comunicación cuando, para el concreto caso de la persona jurídica Partido Popular, se ha creado una pieza separada que lleva por nombre ‘Pieza 4: Hechos referentes a la financiación ilegal del PP’”.

«Desde luego sorprende igualmente», señala el escrito, «que exista una pieza separada que lleve el nombre de una persona jurídica, como beneficiario claro de los delitos cometidos para desviar dinero público hacia el partido, y que por contra, aun cuando estén siendo investigadas de facto las finanzas de dicha persona jurídica, no ostente ésta la condición de investigada a pesar de que los hechos se realizan una vez los partidos políticos pueden responder penalmente ante los tribunales».

«Entendemos, que incluso para garantizar el derecho a la defensa del Partido Popular y evitar posibles nulidades, toda vez que ya hay señaladas diligencias de prueba, declaraciones de testigos e investigados, en dicha pieza 4 sobre financiación ilícita del PP, resulta absolutamente procedente, sino necesario, declarar la condición de investigado del Partido Popular para que dé las explicaciones que procedan en la presente causa y pueda a su vez ser interrogado al respeto de los hechos imputados a dicho partido político» concluye.

Sede nacional del PP, Génova
Sede nacional del PP, situada en la calle Génova 13 de Madrid.

El último señalado por presuntos delitos de encubrimiento y complicidad en revelación de secretos es el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals.

IU aprovecha este recurso para solicitar que se declare «la nulidad o subsidiariamente dejar sin efecto el pronunciamiento por el cual se acuerda que todas las acusaciones personadas comparezcan bajo una misma representación procesal y defensa letrada, la de ADADE, en concreto, dejando sin efecto el auto recurrido y declarando la pertinencia para que esta representación actúe de manera autónoma».

Este recurso, presentado tras la desestimación de la querella presentada por IU en este caso hace 2 meses, también está firmada por Ecologistas en Acción, Los verdes, Equo, Paz con Dignidad, Attac, Asociación Anticapitalista, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinales de Madrid (FRAVM) o el colectivo de vecinos de Chamberí.

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