El Gobierno tira a la basura 50.000 mascarillas por no haberlas repartido antes de que caducaran

Guardias civiles denuncian que entre este domingo y lunes han caducado unas 50.000 mascarillas de tipo FPP2 de la marca IVROU que fueron fabricadas hace tres años en China por la empresa Guangzhou Carrot Mall Network Technologies Co., Ltd, y que fueron distribuidas a la Guardia Civil en toda España. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), un organismo dependiente de Sanidad pagó por cada una de estas mascarillas algo más de 2 euros en marzo de 2020. Por tanto, su destrucción supone tirar más de 100.000 euros a la basura. El organismo, dependiente del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, se las entregó a Interior hace tres años para que las distribuyera entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), las mascarillas fueron importadas por la empresa UNIMAMA B.V. con sede en Ámsterdam (Holanda), remitidas por el INGESA y distribuidas desde Barcelona por una empresa de logística a la que Interior adjudicó el almacenamiento y distribución de diverso material de protección, sanitario y farmacéutico para la Guardia Civil.

Sólo en la Comandancia de Las Palmas se entregaron en torno a 300.000 mascarillas de tipo FPP2 y 200.000 mascarillas quirúrgicas, con una vida útil inferior a los nueve meses, justo en un momento en que solo era obligatorio su uso en centros y servicios sanitarios y medios de transporte.

La AUGC denuncia que «la falta de control en esta entrega fue de tal calibre que se llegaron a adjudicar a Unidades de la Guardia Civil mascarillas de tipo FPP2 cuyo destino real era el Centro Penitenciario Las Palmas, sito en el Salto del Negro (Las Palmas de Gran Canaria), tal y como se puede observar en unas imágenes».

Como los guardias civiles eran conscientes de su caducidad, en noviembre de 2022 se remitió un correo electrónico desde la Zona de la Guardia Civil de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, a las distintas unidades que habían recibido estas mascarillas, diciendo que «el mando de apoyo, ha autorizado que, aquellas mascarillas higiénicas procedentes del suministro realizado por el INGESA que fueron distribuidas entre las distintas unidades del Cuerpo, y cuya fecha de caducidad se encuentre comprendida entre los meses de marzo-mayo del 2023, se puedan donar a entidades benéficas, sanitarias, residencias de ancianos o cualquier otro organismo o entidad que se considere oportuno». De hecho, algunas de estas mascarillas se repartieron entre organismos públicos y entidades, como puso de manifiesto una nota de Prensa de la Guardia Civil de Las Palmas el 19 de enero de 2023, en sus cuentas en redes sociales, donde se pueden ver a guardias civiles haciendo entrega de las mismas a Centros de Mayores, de Refugiados e incluso a una concejalía de un ayuntamiento del Sureste de Gran Canaria.

Pero «se desconoce si dichos organismos y entidades fueron conscientes de las condiciones en las que se encontraban dichas mascarillas que recibieron y si han ordenado que no se usen a partir de hoy aquellas que aún conserven. Debe recordarse que hay serias dudas sobre si dichas mascarillas FPP2 cumplían con la normativa europea pues carecían del marcado CE, lo que unido al momento y forma en la fueron repartidas, no hacen más que acrecentar las dudas sobre su proceso de compra», advierten desde la AUGC.

La fecha de caducidad provoca que estos miles de mascarillas no puedan usarse a partir de hoy «lo que supone un perjuicio económico para la ciudadanía, con cuyos impuestos fueron adquiridas, que será incluso mayor pues ahora deberá sufragarse adecuadamente su destrucción», siguen diciendo desde esta asociación profesional de la Guardia Civil.

Dados los hechos relatados y los datos que se van conociendo respecto a presuntas actividades ilícitas cometidas por mandos de la Guardia Civil, «como el Caso Grapa donde un juzgado madrileño investiga a una veintena de personas, físicas y jurídicas, por presuntos amaños en contratos relacionados con uniformes de la Guardia Civil, el Caso Mediador, causa en la cual, la única persona ingresada en prisión es el General de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa, o el Caso Cuarteles donde se está siendo investigado un Teniente General y otros altos cargos de la Guardia Civil por la realización de obras en acuartelamientos de la Guardia Civil de 13 provincias», es por lo que desde AUGC se considera que la adquisición y entrega de estas mascarillas debería ser escrutado.

Este lunes 17 de abril se celebra el Pleno del Consejo de la Guardia Civil, al que asiste por primera vez Mercedes González como nueva directora de la Guardia Civil tras la dimisión de su predecesora María Gámez, «tras saberse que su marido está siendo investigado en el «caso Santana y a quien ahora, le están aflorando numerosas propiedades inmobiliarias que no había declarado. El Ministro Marlaska alabó la decisión de María Gámez como un ejemplo de profilaxis democrática», añade la AUGC, que también pide a la nueva directora que «ordene una investigación, para aclarar lo ocurrido con estos miles de mascarillas que ahora caducan».