Un ex consejero del PSOE que tenía una sicav en Luxemburgo se enfrenta a prisión por falsificar pruebas

El ex consejero de Educación de La Rioja Luis Cacho, durante el Gobierno de la socialista Concha Andreu que dimitió por tener en Luxemburgo una sicav (sociedad de inversión de capital variable), se enfrenta a una posible pena de entre dos y cuatro años de prisión por presuntos delitos de falsificación documental y estafa procesal. El Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Luis Cacho y su ex subordinada Ana Altuzarra por, presuntamente, falsificar pruebas para inculpar a un ex empleado que fue absuelto de lo que le acusaban, tal como adelanta OKDIARIO en exclusiva.

El caso tiene su origen en junio de 2022, cuando Luis Cacho presentó una querella contra un antiguo empleado por supuestos delitos económicos, incluyendo estafa, administración desleal y falsificación de cuentas. Sin embargo, el empleado fue exculpado de todos los cargos tras dos informes demoledores del Ministerio Fiscal y autos del juez Juan Carlos Peinado y tres magistrados de la Audiencia Provincial que archivaron las diligencias.

Un auto judicial, al que ha tenido acceso OKDIARIO, apunta a que Luis Cacho y Altuzarra habrían falsificado una prueba crítica para intentar inculpar al ex empleado, lo que ahora se ha vuelto en su contra. El Ministerio Fiscal solicita dos años de prisión, mientras que la acusación particular eleva la petición a cuatro años, además de una indemnización superior al medio millón de euros. La diferencia en las peticiones de pena radica en el grado de tentativa o consumación del delito que considera cada parte.

Para Ana Altuzarra, que ejercía como directora financiera, la situación es aún más complicada, ya que enfrenta una petición adicional de cárcel de entre dos y seis meses por un presunto delito de falso testimonio en causa penal, según la acusación realizada de oficio por el juez instructor.

La Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado, con fecha de 18 de octubre, el recurso de apelación presentado por Luis Cacho y Ana Altuzarra contra el auto que ordenaba continuar el procedimiento abreviado por presuntos delitos de falsedad y estafa procesal.

Los hechos se centran en la presunta elaboración de un documento titulado Política de gastos 2019 de Orfeo XXI, que fue aportado en una querella anterior presentada por Luis Cacho contra su ex empleado. Según la investigación, dicho documento habría sido creado en 2022, aunque se fechó en 2019, para ser utilizado en un procedimiento judicial.

La resolución, con ponencia de la magistrada Lourdes Casado López, destaca las declaraciones contradictorias de Altuzarra sobre el documento, así como los testimonios de dos trabajadores del departamento financiero de Orfeo XXI que afirmaron que no existía política de gastos en la empresa.

El tribunal considera que hay «indicios racionales suficientes» para continuar con el procedimiento, aunque señala que será en el juicio oral donde deberá probarse definitivamente la culpabilidad o inocencia de los investigados. La resolución es firme y no cabe recurso contra ella.

Polémico pasado

El procesamiento de Luis Cacho supone un giro sorprendente para quien fue un destacado empresario tecnológico en La Rioja antes de dar el salto a la política de la mano del PSOE de Concha Andreu, presidenta afín al sanchismo. Según recoge la hemeroteca, el ahora imputado amasó una fortuna cercana a los 180 millones de euros con la venta de su empresa Arsys Internet, lo que le catapultó como figura relevante del PSOE riojano durante el gobierno de 2019 a 2023.

Su breve gestión al frente de la Consejería de Educación, entre agosto de 2019 y agosto de 2020, estuvo marcada por la polémica debido a sus decisiones contra la educación concertada. Llegó a eliminar tres líneas educativas en dos centros, aunque el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja paralizó cautelarmente estas medidas que fueron calificadas como sectarias y que finalmente nunca llegaron a implementarse.

La destitución de Luis Cacho se precipitó tras diversas protestas de la comunidad educativa y coincidió con la noticia de que tenía una sicav en Luxemburgo, un país de baja fiscalidad, valorada en 70 millones de euros. Esta información trascendió durante una conferencia de presidentes autonómicos celebrada en La Rioja con la presencia de Pedro Sánchez, con quien según las fuentes mantenía una estrecha relación.

El caso causó un importante impacto en La Rioja, donde el PSOE sufrió en las últimas elecciones autonómicas una gran derrota de su historia en la comunidad tras un único mandato de Concha Andreu. La vista oral, para la que Luis Cacho ya ha agotado todos los recursos dilatorios ante la Audiencia Provincial, se presenta como un nuevo episodio que podría afectar aún más a la imagen del partido en la región.

El juicio determinará si el ex consejero y su colaboradora intentaron instrumentalizar la justicia presentando pruebas falsas contra un antiguo empleado, en lo que la acusación considera un intento de venganza que podría costarles varios años de prisión. La investigación ha puesto de manifiesto cómo la persecución inicial se convirtió en un bumerán judicial contra quienes la iniciaron.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con Luis Cacho que, por el momento, declina ofrecer una valoración del caso.