El nuevo castigo para los okupas: un juez sentencia el desalojo inmediato y añade una multa por cada día de retraso
Un juez en Francia, ha impuesto al okupa una multa de 50 euros por cada día de retraso en el desalojo
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En los últimos años, la okupación ilegal de viviendas se ha convertido en un auténtico problema y un quebradero de cabeza para muchos propietarios. Y lo cierto, es que no se trata de algo que nos afecte únicamente en España. En Francia, por ejemplo, el problema también está presente y suele ser noticia en los medios, dado que aquellos que lo sufren pasan por lo mismo que aquí: trámites que parecen no acabar nunca, la impotencia de no poder entrar en tu propia casa y la incógnita de saber cuándo, o si vas a recuperarla. Y en medio de este panorama, un juez francés ha dictado una sentencia que rompe con lo que suele hacerse y que podría marcar un punto de inflexión para hacer frente a los okupas.
En este caso, el magistrado no se ha limitado a ordenar el desalojo de un okupa sin contrato ni título. Ha ido más allá: 50 euros de multa por cada día de retraso a partir de la fecha fijada. Y además sin prórrogas, por lo que se acabó las costumbre de conceder plazos interminables o de proteger la ocupación durante la llamada tregua invernal, ese periodo en el que la ley impide ejecutar desalojos en los meses más fríos. Y la historia tiene más fondo. El inmueble pertenece al mismo dueño desde 2001, pero fue ocupado en 2006. Durante todo ese tiempo, problemas de salud le impidieron iniciar el proceso antes. Para el juez, ese retraso no es una razón para dar más tiempo; al contrario, es un argumento para actuar ya. En otras palabras: un aviso claro a quienes aprovechan los huecos de la ley para estirar la situación durante años.
Una sentencia frente a los okupas en Francia
El caso no ha pasado desapercibido. Medios franceses y publicaciones especializadas en vivienda se han hecho eco porque, hasta ahora, no se había visto nada igual: una multa diaria ligada a un desalojo. El juez ha sido tajante. Ha fijado 50 euros por cada día de retraso desde la fecha marcada para abandonar la vivienda. Sin excepciones ni tan siquiera, que se alegue vulnerabilidad. Una decisión que rompe con la costumbre de conceder plazos, esos márgenes que, en teoría, sirven para que los ocupantes salgan por su cuenta, pero que en la práctica suelen alargar el problema.
El abogado del propietario, Romain Rossi-Landi, ha subrayado que nunca antes había visto un fallo tan severo y que podría tener un efecto disuasorio sobre otros okupas. Sin embargo, también reconoce que muchos de ellos no disponen de medios para pagar sanciones tan elevadas, lo que abre un debate sobre la verdadera eficacia de la medida en términos de cobro.
El impacto para otros casos de okupación
Este fallo no se queda en un caso aislado. Llega en un momento en el que, en Francia y en gran parte de Europa, vuelve a la mesa un debate que nunca termina: ¿dónde empieza el derecho a una vivienda y dónde acaba el derecho a la propiedad? Hasta ahora, medidas como la conocida tregua invernal o los plazos judiciales generosos habían servido de escudo, tanto para inquilinos como para okupas. Y eso, en la práctica, significaba que un propietario podía pasar meses (incluso años) esperando a recuperar sus llaves. Con esta resolución, el juez rompe ese patrón y deja la puerta abierta a decisiones mucho más rápidas… y bastante menos indulgentes con quienes ocupan sin permiso.
En España, donde la okupación se ha convertido en un asunto de fuerte debate político y social, no son pocos los que miran con interés esta sentencia. Los expertos señalan que, aunque nuestra legislación es distinta y la aplicación de multas diarias no es común, la filosofía de desalojo inmediato podría inspirar reformas legales para agilizar los procesos y evitar que un propietario espere más de la cuenta para recuperar lo que le pertenece.
Una advertencia judicial con doble lectura
Aunque la sentencia es firme y no admite recurso, la ejecución efectiva del desalojo no será automática. En Francia, la intervención del prefecto es necesaria para llevar a cabo la expulsión, y ese paso puede demorar el procedimiento varias semanas o incluso meses. No obstante, la clave está en el mensaje que envía: el tiempo de ocupación prolongada no se considerará un atenuante y la inacción previa del propietario no impedirá medidas contundentes.
El propio abogado del caso lo resume de forma clara: «Hace diez años, una decisión así habría sido impensable. Hoy, los jueces entienden que no todos los propietarios son grandes fondos o empresas, y que también hay personas físicas que dependen de su vivienda para vivir o para complementar sus ingresos». En este sentido, el fallo no sólo protege al afectado, sino que establece un precedente que podría influir en futuras resoluciones, tanto en Francia como en otros países que afrontan problemas similares con la okupación.
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