Cuatro altos cargos de Maduro firmaron el pago de 272.000 $ a Iglesias en un paraíso fiscal en 2014

El documento que autoriza el pago de 272.000 dólares a Pablo Iglesias en un paraíso fiscal lleva cuatro firmas de altos cargos de Nicolás Maduro con los sellos correspondiente a sus respectivos departamentos. Cuatro testigos oficiales del Gobierno venezolano que pusieron su rúbrica a un pago que debía permanecer secreto. Tres de los cuatro cargos están vinculados a casos de corrupción y el cuarto presidía el órgano fiscalizador del correcto uso de los fondos públicos.

El documento lleva anexo un memorando que detalla la oficialidad con la que diversas instituciones venezolanas secundaban una orden de pago extraña: una transferencia por asesorías a un político español, Pablo Iglesias, y a través de una cuenta habilitada en un paraíso fiscal. Esto denota que el pago debía permanecer secreto. La orden emanaba del propio Maduro, a tenor del propio escrito, ya que todo un poderoso ministro como Rodolfo Clemente detallaba que estaba «siguiendo órdenes superiores» a la hora de traspasar 272.000 dólares procedentes de fondos públicos.

«Tómese en cuenta la transferencia de fondos públicos de las partidas destinadas a estos efectos y artículese con el Banco Central de Venezuela el mecanismo necesario para llevar a cabo esta disposición». Es decir, el ministro de Economía ponía en juego al propio banco central venezolano para un pago encubierto a un dirigente político español. Pero hay otro detalle que demuestra la importancia de este pago que difícilmente encaja en un pago de asesorías. El ministro quería saber al minuto que el dinero había llegado a su destinatario, Pablo Iglesias. Así lo ordenó: «Sírvase informar cuándo se ha practicado la diligencia en cuestión».

Hay dos hechos que resaltan también en esta orden de pago a Iglesias vía islas Granadinas: en ningún momento se menciona que este pago responda a una factura o contrato. Como todo elemento para justificarlo dice que es por «convenio suscrito por concepto en asesorías para el desarrollo social de este país».

Pero Iglesias nunca declaró este ingreso en su declaración como europarlamentario. Y como persona física no podía atribuirse ninguna exención fiscal, a diferencia de su fundación CEPS. Sin embargo, en la orden de pago no figura ninguna retención fiscal: ni como IRPF ni por IVA. Se le practicó una retención cero sobre un importe de 272.000 dólares.

Por otro lado, la propia biografía de los firmantes de la orden de pago añade elementos de gran valor para el documento. Lo rubrican cuatro altos cargos muy distinguidos de la corrupta meritocracia chavista. Todos ellos tuvieron que dar su visto bueno, con su firma sellada, a un pago de imposible legalidad: una entrega en un paraíso fiscal a un político.

Ramón Campos Cabello. Figuraba como director de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas. Antes estuvo en el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (IPSFA), donde se benefició de negocios públicos. La Fiscalía dejó en el olvido una denuncia por corrupción familiar. Fue nombrado superintendente Nacional de Bienes Públicos en julio de 2014 por el ministro de Finanzas, Rodolfo Marco Torres, que era su jefe cuando se efectuó el pago a Iglesias. Es capitán activo del Ejército y primo hermano del ex presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello Rondón. Su operativa fraudulenta al frente del IPSFA se tradujo, por poner sólo algunos ejemplos, en comprar varias veces el mismo camión, inflar una factura de 180.000 bolívares hasta un millón o adquirir camiones que no eran entregados.

Rodolfo Marco Torres. Era el ministro de Economía cuando se produjo el pago al dirigente de Podemos. Es otro militar venido a más, hasta convertirse en el zar económico venezolano, gracias a haber participado en el golpe de estado de Hugo Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez en 1992. Entre otros cargos fue secretario general del Fonden, ente al que Chávez encargó el pago de 6,7 millones en 2008 para Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge, como destapó OKDIARIO.

Precisamente la oposición le acusó de hacer proselitismo con dinero público desde sus puestos, entre los que se incluía la presidencia de la Tesorería Nacional. Este zar de las finanzas del chavismo es hoy ministro de Alimentación.

Adelina González. Ha sido la responsable de la Contraloría entre 2011 y 2014. Este organismo se encarga de velar por la transparente administración del patrimonio público del Estado venezolano. Aquí la paradoja es que la máxima responsable de certificar un correcto uso del gasto daba su visto bueno a un pago oculto a un dirigente político extranjero a través de un paraíso fiscal.

Carlos Erik Malpica Flores. Firma el pago a Iglesias en calidad de responsable de la Oficina del Tesoro. Ha sido vicepresidente de la petrolera estatal PDVSA, una de las sospechosas de favorecer financiaciones de operaciones de terrorismo y narcotráfico. Los dos sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores que fueron detenidos en Estados Unidos acusados de narcotráfico le involucraron en el negocio de la droga. Campo Flores y Francisco Flores de Freites llegaron a asegurar a participantes en la operación de traslado de 800 kilos de cocaína a EEUU que el lavado de dinero podría hacerse a través de PDVSA, para lo que bastaba con llamar a su primo Carlos Erick Malpica Flores, tesorero de la compañía y sobrino también de la «Primera Combatiente», como el chavismo llama a la esposa de Maduro.

Por otro lado, este personaje del chavismo creó una red de empresas vinculadas a la petrolera en Panamá, al frente de las cuales ponía siempre a sus parientes, sospechosas de lavado de dinero.

El Ministerio para la Banca y las Finanzas de Venezuela ha emitido un comunicado en el que se pone del lado de Iglesias y los argumentos de Podemos para negar la información de OKDIARIO, del mismo modo que Euro Pacific Bank, que también en una nota niega que el político sea cliente suyo.