Maduro toma posesión sin apenas apoyos en la comunidad internacional

El 10 de enero es el día fijado en la Constitución venezolana para dar comienzo al periodo presidencial. Normalmente, el ascenso al Palacio de Miraflores se escenifica con una ceremonia celebrada en la Asamblea Nacional ante una nutrida representación internacional. Esta vez, será muy distinto.

El ‘quid’ de la cuestión son las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo. Según resultados oficiales, Maduro ganó con un 67 por ciento –más de seis millones de votos–, el peor dato del gobernante PSUV desde la llegada al poder de Hugo Chávez, hace ahora dos décadas, teniendo en cuenta el crecimiento del censo electoral en Venezuela.

Maduro concurrió prácticamente en solitario. Solo rivalizó con Henri Falcón, que ha sido ‘chavista’ y opositor por épocas, y con el pastor evangélico Javier Bertucci, con un 20 y un diez por ciento de los votos, respectivamente. La Mesa de Unidad Democrática (MUD), coalición disidente, no llevó candidato porque sus principales partidos y líderes fueron inhabilitados o estaban encarcelados.

La falta de una verdadera competencia electoral hizo que gran parte de la comunidad internacional –el Grupo de Lima, Estados Unidos o la Unión Europea– no reconociera estos comicios que el Gobierno, en cambio, defiende como el punto de partida para resolver la crisis política que Venezuela arrastra desde la muerte de Chávez, hace casi cinco años.

Crisis institucional

La Asamblea Nacional, en manos de la oposición desde su imponente victoria en las elecciones parlamentarias de 2015, se ha negado a acoger la toma de posesión de Maduro –que tendrá lugar en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)–, debido a la crisis institucional que estalló tras los comicios de dicho año.

La oposición consiguió una ‘súper mayoría’ que le permitía renovar instituciones clave e interpelar al presidente y a los ministros. La MUD perdió tres diputados por supuestas irregularidades en su elección, pero finalmente decidió incorporarlos al hemiciclo ante la tardanza de las autoridades electorales en resolver el caso.

Desde entonces, la Asamblea Nacional está en «desacato» por orden del TSJ, al que a su vez el Parlamento considera ilegítimo porque sigue integrado por los magistrados ‘chavistas’ que los diputados venezolanos sustituyeron por otros haciendo uso, precisamente, de sus nuevos poderes.

Maduro convocó elecciones a una Asamblea Constituyente en 2017, según argumentó, para recuperar la normalidad en la vida política venezolana, si bien la oposición –respaldada por la comunidad internacional– optó por no participar por considerar que el proceso era un «fraude».

El resultado fue una Asamblea Constituyente netamente ‘chavista’ que, aunque debía situarse en la cúspide del Estado para elaborar una nueva Carta Magna, funciona como un Parlamento paralelo que da libre albedrío a Maduro y al TSJ oficialista, mientras la Asamblea Nacional permanece anulada y los magistrados designados por ella están en el exilio.

Boicot internacional

Además, no habrá mucha presencia de mandatarios extranjeros. De momento, en el ámbito regional, solo han confirmado asistencia los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; Cuba, Miguel Díaz-Canel; Bolivia, Evo Morales; y El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, el eje bolivariano, que se ha desintegrado por el cambio de signo político de América Latina.

Trece de los catorce países que forman el Grupo de Lima, creado ‘ex profeso’ para buscar una solución a la crisis en Venezuela, ya han anunciado que no asistirán. Se trata de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

México, el otro integrante del Grupo de Lima, enviará al encargado de negocios de su Embajada en Caracas, marcando distancias, aunque sin romper lazos, con Nicolás Maduro, que sí fue a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, celebrada el 1 de diciembre en Ciudad de México, donde fue recibido a gritos de «dictador».

Estados Unidos y Canadá, alineados con el Grupo de Lima, tampoco estarán, mientras que la UE aún no ha decidido. Bruselas anunció en un primer momento que, si la toma de posesión era en la Asamblea Constituyente, no enviaría a nadie, pero dado que la ceremonia ha cambiado de escenario, al TSJ, el bloque comunitario y sus estados miembros «siguen en consultas», según han confirmado a Europa Press fuentes europeas.

«Todos los pronunciamientos internacionales van en función de un mismo objetivo: el desconocimiento y la calificación de Nicolás Maduro como usurpador del cargo», ha valorado el dirigente opositor Lester Toledo. «Los venezolanos no están solos, ese es el mensaje», ha enfatizado el diputado en el exilio.

Maduro acorralado

A pesar del sólido frente que se ha fraguado en su contra, Maduro está dispuesto a iniciar un segundo mandato este 10 de enero. «El pueblo ha decidido y nosotros vamos a cumplir la decisión del pueblo», dijo a Ignacio Ramonet en una reciente entrevista. «La legitimidad nos la ha dado el pueblo con su voto», ha confirmado en Twitter.

El Grupo de Lima ha advertido de que, si Maduro insiste en tomar posesión, emprenderá una serie de acciones diplomáticas que incluyen medidas punitivas contra la cúpula dirigente y su red empresarial y financiera. Estados Unidos ha ampliado esta misma semana su ‘lista negra’ de sanciones contra el Gobierno de Venezuela.

México ha sido el único miembro que no ha firmado la última declaración del Grupo de Lima. «Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países porque no queremos que otros gobiernos, otros países, se entrometan en asuntos que solo corresponden a los mexicanos», ha justificado López Obrador.

El órdago lo ha lanzado el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, una de las voces más críticas con Maduro, que ha pedido activar la Carta Democrática contra Venezuela, lo cual podría derivar en la suspensión del país como Estado miembro.

Una olla a presión

En este contexto, la oposición y sus aliados internacionales han propuesto a Maduro que ceda el poder a un Gobierno de transición que guíe al país hacia unas elecciones «creíbles». Con ello, aspiran no solo a resolver la crisis política, sino a aliviar la situación humanitaria de los venezolanos.

Más de tres millones de venezolanos han huido en los últimos años por una escasez económica que ha vaciado de comida los supermercados y de medicamentos los hospitales y por una inseguridad que ha hecho de Venezuela el país más peligroso del mundo en 2018, con 23.047 muertes violentas, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia.

La previsión de Naciones Unidas es que, si la crisis continúa, en 2019 el éxodo venezolano alcanzará los cinco millones. Maduro culpa del malestar interno al supuesto complot internacional para echarle de Miraflores. Según ha denunciado, incluso habrían intentado acabar con su vida en un atentado el 4 de agosto en Caracas.

Así las cosas, el pulso entre Maduro y sus detractores amenaza con escalar hasta una lucha titánica a partir del 10 de enero. La oposición ha pedido «al pueblo venezolano estar alerta para respaldar a la única institución legítima, la Asamblea Nacional», y el presidente ha instado a la milicia ‘chavista’ a «defender la patria con las armas en la mano».