El Gobierno se saltará la Ley de Amnistía del 77 para investigar los crímenes del franquismo

El Gobierno defiende ‘saltarse’ la Ley de Amnistía, de 1977, para investigar los crímenes del franquismo.

Así se concluye de una respuesta por escrito, remitida al senador Jokin Bildarratz (PNV), en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez manifiesta su propósito de «desarrollar actuaciones a través de la Dirección General para la Memoria Histórica por las que lo establecido en la Ley de Amnistía de 16 de octubre de 1977 no sea obstáculo para que se otorgue la meritada reparación integral a las víctimas del franquismo» .

En su pregunta, el senador vasco se interesaba por si era intención del Gobierno «abordar la reforma» de la citada ley «de manera que, tal y como señalan los diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos esta no sea óbice para investigar crímenes de la guerra y la dictadura».

La Ley de Amnistía -aprobada con una amplia mayoría de partidos, entre ellos, el PSOE, PCE y los nacionalistas vascos y catalanes- declaró la extinción de «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis».

El Gobierno busca fórmulas para defender ante los tribunales internacionales que estos crímenes sean juzgados

Hasta el momento, y en los sucesivos gobiernos, España ha defendido que la investigación penal de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo no tienen cabida en el ordenamiento jurídico por tratarse de delitos ya prescritos, que, además, quedaron absueltos por la citada Ley.

Sin embargo, como reveló OKDIARIO, el Ejecutivo socialista ya manifestó -también a través de una respuesta parlamentaria- su intención de defender en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que los crímenes del franquismo no tendrían fecha de ‘caducidad’.

Así se expresó recientemente ante una pregunta de Podemos en la que se instaba al Gobierno a adherirse la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y cuya ratificación fue aplazada por los anteriores gobiernos.

Pese a ello, el Ejecutivo estudiaba la vía de hacer valer el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por España en 1998, y que establece en su preámbulo que «los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional (…) no deben quedar sin castigo (…)». El argumento del Gobierno -incluido en esa respuesta al senador de Podemos Joan Comorera- es que «la lucha contra los crímenes atroces debe hacerse sin limitación alguna en el tiempo». 

Objetivo de Podemos

Acabar con la Ley de Amnistía es precisamente uno de los objetivos de Podemos, como figura entre las 60 enmiendas presentadas por la formación al decreto ley de exhumación de Franco que se tramita en el Congreso.

El partido de Pablo Iglesias considera que esta Ley es «contraria al derecho internacional» y, en su enmienda, aboga por incluir una disposición adicional para que se declaren nulos los apartados que amnistían los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público que investigaron causas políticas en la dictadura y, en general los que cometieron contra el ejercicio de los derechos de las personas.

Según Podemos, esos artículos nunca debieron ser interpretados por los Tribunales como una amnistía respecto a crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio cometidos por funcionarios públicos y, dado que según el derecho internacional éstos son inamnistiables e imprescriptibles, apuesta por declarar nulos los citados artículos para que se puedan investigar esos crímenes en tribunales españoles.

El Congreso rechazó la reforma 

En marzo, el Pleno del Congreso rechazó tomar en consideración una reforma impulsada por Podemos, sus confluencias, los independentistas, Compromís, Bildu y Nueva Canarias que abría la puerta a que se juzgaran en los crímenes del franquismo.

Los grupos planteaban la introducción de un nuevo párrafo en el artículo 9 de la ley para dejar claro que las disposiciones contenidas en la norma «no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de Derechos Humanos».

La iniciativa fue rechazada por PP, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria. En su argumentación, los socialistas defendieron entonces que cambiar la norma podría dar lugar a situaciones de «inseguridad jurídica».

El diputado Gregorio Cámara defendió la ley vigente y rechazó la propuesta porque, dijo, afectaría a «uno de los grandes pilares de la Transición». El PSOE se remitió a las «políticas integrales para los afectados» incluidas en la reforma de la Ley de Memoria Histórica.