El yihadismo en España

Catorce yihadistas se encuentran en libertad en España tras entrenarse en Siria e Irak

Marroquí
Foto de archivo de un yihadista detenido por propaganda del ISIS. (Foto: EFE)
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Catorce personas se encuentran en libertad en España tras haber retornado de recibir adoctrinamiento yihadista en Siria e Irak. 

Así consta en una respuesta por escrito del Gobierno en el Senado, en la que se desglosan algunos datos sobre el estado de la radicalización yihadista en nuestro país.

Según la contestación del Ejecutivo, fechada en octubre del año pasado y que recoge los últimos datos públicos sobre el tema.

Estas cifras, aclara el Gobierno-de Mariano Rajoy- incluyen tanto a españoles como individuos de otras nacionalidades residentes en España, de los que se tiene constancia que han iniciado su desplazamiento a otro país “para integrarse en los grupos terroristas yihadistas”. 

En la respuesta, el Gobierno asegura que “en algunos de los casos, los contabilizados fueron detenidos durante el trayecto sin lograr su objetivo”. No obstante, existen datos concretos, como que 34 de esos individuos acabaron regresando a España y 47, fallecieron en los países de destino.

De los retornados, 13 están en prisión-8 en España y 5 en otros países-y 21 en libertad, “de los cuales, 14 residen en España“.

El Código Penal-tras su reforma de 2015- establece penas de prisión de dos a cinco años para quienes “reciban adoctrinamiento o adiestramiento” con la finalidad de cometer actos terroristas.

Esa pena se aplica también a quien se ‘auto-entrene’ a través de internet o de servicios de comunicaciones electrónicas “cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines”. Y “a quien, para ese mismo fin, o para colaborar con una organización o grupo terrorista se traslade o establezca en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista”.

Fracaso en la desradicalización

Fuentes del Ejecutivo destacan que “la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y su entrada en vigor en julio de 2015 permite criminalizar tales conductas, por lo que no se considera factible un retorno masivo de yihadistas de otros países a pesar del debilitamiento que está sufriendo el DAESH en territorio sirio-iraquí”.

En la actualidad, el marco para abordar esta situación es el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV), “grupos integrales y de carácter multidisciplinar (…) responsables de hacer frente a los fenómenos que se detecten en su ámbito geográfico y por tanto, de su prevención”.

Esos grupos, deberán llevar a cabo los trabajos necesarios para “la vuelta a la normalidad de los procesos violentos que hayan sucedido y por tanto, de su proceso de desradicalización”.

“En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que gran parte de las personas que se han radicalizado y/o regresan de zonas de conflicto (Foreing Terrorist Fighters, FTF) se encuentran ingresadas en Centros Penitenciarios, donde se cuenta con programas específicos de desradicalización para este tipo de internos”, aclaran desde el Gobierno.

Sin embargo, el resultado de estos programas se ha demostrado insuficiente. De los internos que han pasado por las cárceles españolas vinculados a delitos de terrorismo, únicamente diez se han sometido al programa de desradicalización puesto en marcha por Instituciones Penitenciarias en 2014.

146 reclusos vinculados al yihadismo

En una respuesta más reciente-abril de esta año-el Gobierno cifra en 146 los reclusos que están relacionados con el yihadismo, un número que se triplicó en los seis últimos años (en 2012, eran 50).  De estos, 56 han sido condenados y 90 se encuentran en privación de libertad con fines preventivos, distribuidos por hasta 28 cárceles españolas.

En esa respuesta, el Gobierno aseguraba desconocer en esa respuesta el número de personas que se están radicalizando actualmente con el fin de cometer atentados yihadistas.

“En la actualidad son muchas las cifras que desde medios de comunicación e instituciones nacionales e internacionales se hacen públicas en relación con el fenómeno yihadista, muchas de las cuales son meras aproximaciones estadísticas, estudios teóricos o especulaciones”, respondían las fuentes gubernamentales, admitiendo además que no se maneja “ninguna cifra concreta oficial en relación con individuos que pudieran estar inmersos en procesos de radicalización” porque “sólo se contemplan cifras reales de detenidos o de investigados”.

“En lo referente a la radicalización, a nivel internacional no existe consenso sobre la definición de este concepto, ni tampoco se contempla este término en la legislación penal española” por lo que “no se dispone, así, de datos numéricos de ciudadanos españoles que pudieran verse inmersos en procesos de radicalización que conducen al yihadismo”.

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