La UE ordenó a Sánchez proteger a los niños en el punto de mira del ‘apartheid’ lingüístico

El Gobierno se mantiene de perfil ante el acoso que sufre una familia de Canet de Mar (Barcelona), linchada por el separatismo por reclamar más clases en español para su hijo de cinco años. Pedro Sánchez ni se ha pronunciado al respecto. El Partido Popular ya se ha dirigido a la Comisión Europea para pedir una condena de la situación e instar a la Generalitat a cumplir las decisiones judiciales, que obligan a que un 25% de las horas lectivas se impartan en español. En su día, la Comisión Europea ya se pronunció sobre la persecución lingüística a los niños en Cataluña, instando al Gobierno a defender a los menores. Una obligación que ahora incumple.

La respuesta se produjo con motivo del espionaje llevado a cabo por la Plataforma per la Llengua -la conocida como ONG del catalán- en los patios de recreo de varios centros educativos para comprobar si hablaban en español. En el estudio se espió a 750 alumnos, sin autorización alguna por parte de docentes, padres ni menores.

Varios diputados de Ciudadanos se dirigieron entonces a la Comisión Europea denunciando los hechos y reclamando una postura al respecto. «Ante este gravísimo hecho, que supone una clara violación de los derechos fundamentales de los menores afectados, y al amparo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿Cómo piensa actuar la Comisión Europea para evitar que vuelvan a producirse este tipo de situaciones, en el marco de sus competencias como guardiana de los Tratados y del Estado de Derecho?», planteaban en su pregunta, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Aunque Bruselas explica que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE «no es aplicable a todas las situaciones» sino «sólo a los Estados miembros cuando estén aplicando el Derecho de la UE», sí incorpora un claro aviso al Gobierno: «Corresponde a los Estados miembros velar por que se respeten los derechos fundamentales de conformidad con sus ordenamientos constitucionales y las obligaciones que les impone el Derecho internacional, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño».

Proteger la honra y reputación

Como se recuerda desde Europa, la Convención de la ONU «obliga a los Estados a proteger la vida privada de los menores». En concreto, en dicho artículo se establece que «ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación» y recuerda que «el niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques».

Un artículo que bien podría ser aplicable al caso de Canet de Mar. El menor, de sólo 5 años, y su familia están siendo acosados desde hace días por lograr que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconozca su derecho a recibir un 25% de las horas de clase en español.

En los mensajes que circulan por las redes sociales se pide aislar al pequeño e incluso apedrear su casa. Ante la situación, los padres se vieron obligados a pedir protección a la Justicia. Otros padres del centro han secundado el acoso a los padres y, en un grupo de Whatsapp vierten graves amenazas contra el niño y los progenitores «solicitando que el centro identifique a la familia y al niño, del que se pide expresamente que sea expulsado del centro o que se le haga el vacío en la clase». «En comentarios más extremistas se reclama el conocimiento del domicilio de la familia para que pueda ser apedreado», denunciaron los padres.

El Gobierno ha evitado tomar medidas para proteger al menor acosado. Sánchez se mantiene en silencio. La portavoz Isabel Rodríguez aseguró este viernes que el Ejecutivo «rechaza y condena cualquier acoso» que haya podido recibir la familia, pero ha matizado también que «las lenguas cooficiales del Estado son un elemento que enriquece». El Partido Popular ha ofrecido a sus senadores para aplicar el artículo 155 de la Constitución en materia educativa en Cataluña.