El Tribunal de Cuentas denuncia que Podemos no acredita los servicios contratados a la consultora chavista Neurona
El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en el contrato de Podemos con la consultora Neurona, próxima a Juan Carlos Monedero e investigada por presuntos cobros del Gobierno de Evo Morales.
Neurona es una empresa de comunicación vinculada al chavismo. Ha realizado trabajos, entre otros, para los gobiernos de Evo Morales y Nicolás Maduro. Y en 2019, también para Podemos. El partido de Pablo Iglesias pagó en concreto 363.000 euros por la campaña de las elecciones del 28 de abril por sus servicios de consultoría.
El Tribunal de Cuentas requirió a Podemos información sobre dichos trabajos. Según consta en el último informe de fiscalización, al que ha tenido acceso OKDIARIO y correspondiente a la contabilidad de los partidos el 28-A, en el trámite de alegaciones, la formación de Pablo Iglesias envió un contrato de prestación de servicios, por el importe antes mencionado, firmado electrónicamente el 6 de mayo de 2019 «habido sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019».
El Tribunal de Cuentas señala que «de la información disponible resulta que la empresa proveedora fue objeto de inscripción constitutiva en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 2019, no coincidiendo su objeto social con las prestaciones contratadas».
El organismo llama además la atención sobre el hecho de que «como señala la formación en alegaciones, en la fiscalización se aportaron vídeos y diseños publicitarios» pero «no ha quedado suficientemente acreditada su efectiva elaboración por parte del proveedor».
El ex jefe del equipo jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, se ha hecho eco en sus redes sociales del contenido del informe.
El Tribunal de Cuentas ha declarado que el objeto social de la empresa Neurona no coincide con los servicios contratados por Podemos para las elecciones del 28A y que no ha quedado acreditada la prestación de algunos de los servicios contratados. https://t.co/irEtGfclEp pic.twitter.com/yOMPLGy2nA
— José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 7, 2020
Precisamente, fue Calvente quien avisó al partido que no se podía firmar un acuerdo con una empresa que aún no estaba registada en España. El abogado abandonó la formación tras denunciar irregularidades financieras y contables. Podemos le acusó, en revancha y para tratar de justificar el despido, de acoso sexual, una causa que ha sido finalmente archivada.
Hace unos días, declaró ante el juez Juan José Escalonilla en el marco de la causa abierta contra el partido de Pablo Iglesias por delitos de malversación y administración desleal y ratificó que la formación morada tenía una ‘caja B’ y pagaba sobresueldos.
En dicha declaración, destacó que Juanma del Olmo –actual director de Estrategia y Comunicación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias– decidió contratar a la agencia Neurona Consulting para la campaña de la formación en las elecciones municipales de mayo de 2019. El fundador de la empresa mexicana reconoció en Facebook financiar con dinero obtenido gracias a Evo Morales partidos políticos de izquierda en otras partes del mundo, como Podemos en España. Los investigadores se plantean que el dinero del país andino acabó en las cuentas de Podemos.
Otras irregularidades
El Tribunal de Cuentas ha detectado que Podemos incurrió en gastos no subvencionables por un total de 425.037 euros en total para las elecciones generales del 28 de abril.
Según el informe del organismo fiscalizador, 133.100 euros tenían consideración de «gastos con justificación insuficiente o no justificados»; 290.727,41 euros eran «gastos de naturaleza no electoral» y 1.210 euros correspondían a gastos «prohibidos expresamente por ley». El partido, según los datos aportados por el Tribunal de Cuentas, declaró gastos por importe de 3,07 millones de euros, de los cuales se consideraron justificados 2,64 millones.
La formación de Pablo Iglesias defendió que uno de los gastos no considerados electorales por el organismo fiscalizador correspondía «a la gestión de creación y difusión de mensajes electorales a través de servicios de mensajería instantánea».
Sin embargo, el Tribunal apunta, según la factura, que «se trata de trabajos de consultoría en redes y tratamiento de la información consistentes en la creación y gestión de grupos de WhatsApp con militantes y análisis del comportamiento de competidores, votantes e influencers». Por ello, considera que dichos trabajos no quedan recogidos en la categoría de gastos electorales de acuerdo a la ley.
Además, el Tribunal de Cuentas también rechaza que tengan tal consideración lo que Podemos considera «trabajos de consultoría». «Debe indicarse que la elaboración de las líneas estratégicas de pre-campaña y campaña se consideran servicios de consultoría estratégica, esto es, trabajos de naturaleza preparatoria que no se consideran comprendidos» en la ley, señala el organismo.
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