El TJUE examina si la Ley de Amnistía viola el principio de igualdad y los intereses financieros de la UE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha arrancado su análisis de la polémica Ley de Amnistía aprobada por Pedro Sánchez para permanecer en el Gobierno gracias a los votos de los independentistas catalanes. Tal como ha podido saber OKDIARIO, las diferentes partes del pleito han remitido al tribunal comunitario sus alegaciones. No obstante, los secesionistas lo han hecho mal. Han olvidado borrar nombres y datos personales y la Justicia europea exige que no se citen casos concretos en los documentos que recibe ante la cuestión prejudicial, en este caso, impulsada por el Tribunal de Cuentas por el juicio por las responsabilidades contables del procés.

Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por Sociedad Civil Catalana, han subrayado en sus alegaciones la atención en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Quieren tumbar la controvertida ley con, entre otros, ese argumento.

La controversia surge a raíz de que la Ley de Amnistía contempla borrar para siempre las responsabilidades civiles, penales y contables relacionadas con el proceso independentista catalán, incluyendo la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. Entre los casos afectados se encuentra, por tanto, el procedimiento en el Tribunal de Cuentas español que estaba a punto de emitir sentencia, donde se analiza el desvío de fondos públicos para promover la independencia de Cataluña.

Los principales puntos que el TJUE tendrá que analizar son, en resumen, cinco aspectos fundamentales. En primer lugar, se plantea si la ley podría vulnerar un artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el reglamento de 1995, que obligan a los Estados miembros a combatir el fraude y la malversación por los intereses financieros de la UE. La clave radica en que la eliminación o reducción de sanciones podría obstaculizar la recuperación de fondos que incluyan aportaciones europeas.

Un segundo punto de conflicto es la posible violación del principio de cooperación leal establecido en el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea. Las alegaciones argumentan que la amnistía podría dificultar la colaboración con instituciones europeas como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea, al eximir de responsabilidad a presuntos responsables de irregularidades que afecten a fondos comunitarios.

La ley también ha sido cuestionada por su potencial vulneración del principio de igualdad y no discriminación, recogido en dos artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Al beneficiar específicamente a personas vinculadas al proceso independentista, podría constituir un trato diferenciado injustificado respecto a otros ciudadanos en situaciones similares.

Los expertos legales señalan además problemas de seguridad jurídica, dado que esta ley orgánica utiliza términos ambiguos como «actos en el contexto del procés», sin establecer con claridad ni su alcance temporal ni las conductas específicas que quedarían amnistiadas. Esta falta de precisión generara incertidumbre en su aplicación.

Particular atención merece también el impacto sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, protegido por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Varios artículos apuntan a que estamos ante plazos considerados excesivamente breves para la actuación judicial –dos meses–. Los independentistas exigieron a Sánchez premura al ordenar el levantamiento automático de medidas cautelares. Ello limita la capacidad de oposición de terceros perjudicados, incluyendo la Fiscalía y otras entidades afectadas.

Estas disposiciones han generado preocupación por su potencial afectación a la independencia judicial, la capacidad de investigación y las posibilidades de recuperar fondos públicos presuntamente malversados. Las críticas argumentan que estas limitaciones podrían comprometer las garantías de un juicio justo.

La consulta al TJUE busca determinar si la amnistía contradice obligaciones fundamentales derivadas del derecho comunitario, especialmente en lo referente a la protección de los intereses financieros de la UE, la igualdad de trato y las garantías judiciales. La decisión del tribunal tendrá importantes implicaciones no sólo para la aplicación de la ley, sino también para la relación entre el derecho nacional y el comunitario en materia de amnistías.

La resolución de esta controversia jurídica es especialmente relevante en un momento en el que la Unión Europea refuerza sus mecanismos de control sobre el uso de fondos comunitarios y la protección del Estado de derecho. El dictamen del TJUE a buen seguro establecerá criterios determinantes sobre los límites de las amnistías nacionales cuando éstas afectan a intereses financieros y principios fundamentales de la UE.