Los socios de Sánchez le exigen acelerar la creación de la lista negra de médicos objetores del aborto

Los socios parlamentarios que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez han metido prisa al Ejecutivo para que ponga en marcha cuanto antes la lista negra de médicos objetores que se niegan a practicar el aborto. El diputado gallego Néstor Rego, del BNG, insta a través de una pregunta por escrito a «agilizar el Protocolo para la gestión de los registros de objetores de conciencia». La redacción del protocolo, para que después las comunidades activen estos registros, corresponde al Ministerio de Sanidad de la ex portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales de este lunes ha publicado una pregunta al Gobierno para respuesta por escrito de Rego. El diputado nacionalista puntualiza en la justificación de su pregunta parlamentaria que la Ley Orgánica 1/2023 que regula el aborto, establecía la ordenación de la objeción de conciencia. En ese sentido, se exigía «la elaboración de registros de objetores en la sanidad pública a cargo de las comunidades autónomas».

La norma establece que «se creará en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar por motivos de conciencia». Pero regula que «se acordará un protocolo específico que incluya las condiciones mínimas» y que se hará «en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud». Es decir, que la iniciativa para este protocolo corresponde a la cartera de Mónica García.

El representante en el Congreso del BNG sostiene que existe «urgencia» por aprobar esta lista negra de objetores de conciencia. «Se debe, por un lado, a la necesidad de desarrollar íntegramente la ley y, por otro, de impedir que se utilice su falta como excusa para no avanzar en la creación de los registros», justifica en su pregunta para respuesta por escrito.

Rego afea al Gobierno que se hayan limitado a decirle que Sanidad «está trabajando en el Protocolo». «A finales del mes de septiembre la ministra de Sanidad aseguraba que se estaba ultimando el Protocolo y que próximamente estaría listo el borrador», reprocha el diputado gallego. El retraso en la publicación de esta lista negra considera que es «preocupante». «Sobre todo, después de las declaraciones en que el Ministerio aclaraba que no estaría listo para el Consejo Interterritorial de Salud previsto para el 11 de octubre», incide el portavoz de la formación en la Cámara Baja.

Filtración del borrador a los medios

Otra de las críticas de Rego a Mónica García es que el borrador de la lista negra de objetores de conciencia del aborto «fue filtrado a un medio de comunicación recientemente». En esa información, según señala el diputado, se hizo público que se iba a permitir «una objeción de conciencia a la carta». El representante del BNG considera negativo que «los profesionales sanitarios podrán optar entre dos modelos de objeción, una total, según a cuál se oponen a todo tipo de práctica de aborto, y otra parcial, por la que se inhiben solo de aquellas interrupciones según los plazos y supuestos previstos en la ley».

En ese sentido, señala que, según la norma, «solo pueden declararse objetores los profesionales que intervienen directamente en el proceso de interrupción voluntaria del embarazo», pero que «el borrador de Protocolo concreta cuáles se incluyen». Entre ellas, está el personal de ginecología y obstetricia, anestesistas, especialistas en reanimación, enfermería y matronas. E inciden en que estos registros serán «confidenciales».

Tras este relato de los hechos, Rego ha preguntado directamente al Gobierno de Sánchez si realmente «está ultimado» el protocolo «para que las comunidades autónomas elaboren los registros de objetores de conciencia». E interroga concretamente cuándo van a abordarlo en una conferencia sectorial.

Rego afea, a través de su pregunta, que el retraso en la publicación del protocolo para la elaboración de una lista negra «impide garantizar a las mujeres» el acceso al aborto «en los centros públicos y evitar objeciones en bloque». Y por eso, insta al Gobierno a «agilizar» la «tramitación del protocolo».