Sánchez recibe la 1ª demanda en España por acoso a la denunciante de corrupción en un centro de Pedro Duque

Una querella por prevaricación en el CNIO, centro de investigación del cáncer dependiente del Ministerio de Ciencia de Pedro Duque, se ha convertido en el origen de una historia que, por ahora, ha logrado ya provocar la primera demanda en España por acoso a un denunciante de un caso de corrupción. Un caso de corrupción que sucede directamente en un centro público dependiente del Gobierno.

El caso de prevaricación en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas fue destapado por OKDIARIO. La querella fue presentada por Vox. Pero la clave de las denuncias y de las prácticas de derroche continuado detectadas pasa por la presidenta del comité de empresa: la persona que decidió desvelar las tramas internas del organismo.

La querella ya ha sido admitida. Pero ahora, CSIF, el nuevo sindicato que ha dado protección a la denunciante ante el hostigamiento sufrido desde que dio un paso al frente y decidió revelar ante la Justicia la situación del centro, ha tenido que presentar, además, un demanda ante lo social en base a la directiva europea de protección a los testigos de casos de corrupción.

La presidenta del comité de empresa es Isabel Hernández. El equipo jurídico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), es Pedro Poves. Y acaban de protagonizar el primer caso español de “demanda en materia de tutela de derechos fundamentales, en concreto del art. 20 CE -libertad de información- y del mismo art. 20 en relación con el art. 28 CE libertad sindical y en relación con la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23/10/2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión -y artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE-“.
Bajo ese nombre se encuentra la directiva europea que da cobertura a quienes decidan denunciar casos de corrupción en sus empresas o instituciones.

Indemnización

La directiva, de hecho, habilita la petición de indemnización y, en este caso, se hace: 25.000 euros por el acoso sufrido por la denunciante de prevaricación en el centro de investigación dependiente del ministro de Sánchez Pedro Duque.

La demanda, además, activa al Ministerio Público: “Debiendo ser citado el Ministerio Fiscal”.

La demanda se presenta por el acoso sufrido por parte de la presidenta del comité de empresa del CNIO desde que denunció las prácticas del CNIO.
Y es que hay que recordar que el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid ha admitido ya a trámite la querella interpuesta por Vox contra varios directivos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) por el escándalo destapado por OKDIARIO.

Esa querella -y la presente demanda-, de este modo, abren un nuevo frente judicial contra el Gobierno socialcomunista. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas es el principal centro de investigación contra el cáncer, dependiente en estos momentos del Ministerio de Ciencia que lidera Pedro Duque.

El ministro, que ya tuvo que defenderse de la utilización de sociedades instrumentales, deberá explicar ahora en condición de testigo y en caso de que se acepte su petición de declaración, si su organismo ha permitido que un entramado de sociedades se haya dedicado a cargar gastos injustificables en las cuentas de la joya de la corona del Ministerio de Ciencia a razón de cinco millones de euros anuales, tal y como apunta el informe de la querella publicado por OKDIARIO.

Fuentes de Vox señalan que el caso «reviste una gravedad máxima». Y es que en plena pandemia, mientras el Gobierno no deja de lanzar mensajes en favor de la investigación, uno de los mayores orgullos públicos de la ciencia española, el CNIO se habría convertido en un nutriente de dinero malversado y destinado a fines extraños, tal y como señala el partido en la querella.

El CNIO fue creado en 1998 como un centro adscrito al Instituto de Salud Carlos III, y dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo. Se ha mantenido desde entonces como uno de los mejores centros de investigación con los distintos Gobiernos y signos políticos.

Desde Vox subrayan que en la actualidad el CNIO depende de Pedro Duque, que es el presidente de honor de su Patronato, un organismo con capacidad para controlar los gastos y el destino del dinero.

En estos momentos, uno de los principales proyectos del CNIO y del CSIC se centra en la detección masiva, precoz y a «pie de calle» del SARS-CoV-2, actividad que se desarrolla con fondos del Instituto de Salud Carlos III. Esos proyectos, por lo tanto, son financiados en última instancia por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Carlos III con la ayuda de diversos organismos internacionales como la Comisión Europea.

Querella criminal

En ese contexto, Vox ha decidido presentar una querella criminal contra el «Director Gerente, el ex Director de Personal y el Director financiero del CNIO, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa contemplado en el artículo 404 del Código Penal; de tráfico de influencias contemplado en los artículos 428 y 429 del Código Penal; fraude y exacciones ilegales por intervención fraudulenta en contrataciones públicas o en liquidaciones de haberes públicos contemplado en el artículo 436 del Código Penal; y de malversación contemplado en el artículo 432 del Código Penal».

Por ahora, la Justicia admite la querella por prevaricación. Los hechos querellados se centran en los ejercicios 2017 y 2018. Uno y medio de mandato del PP -cuando dependía del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad– y medio de ejercicio bajo mandato del PSOE. Un periodo en el que, según la documentación que acompaña la querella de Vox, se han estado realizando por el CNIO adjudicaciones replicadas y duplicadas a unas empresas con vínculos profesionales y personales directos con los querellados. Los datos de la querella, de hecho, avalan que se ha podido producir un incremento sin justificar del gasto en los años 2017 y 2018 de más de un 60% en algunos conceptos.

Las diligencias solicitadas por el equipo jurídico de Vox dejan constancia de la gravedad de los hechos y apuntan a testificales de «D. Pedro Duque y Raquel Yotti», la directora del Carlos III. La querella afirma que ambos cargos estaban plenamente al corriente de las supuestas irregularidades, ante las continuas denuncias de la presidenta del comité de empresa, llegando ésta a enviar tres correos al ministro sin que recibiera respuesta alguna.