Sánchez premia a los golpistas: el Senado deroga la sedición y rebaja de la malversación

El Senado ha aprobado este jueves la reforma del Código Penal con la que Pedro Sánchez suprime el delito de sedición y rebaja las penas para la malversación para contentar a sus socios separatistas. La aprobación definitiva en la Cámara Alta permite a Sánchez disponer ya de sus dos nuevas cesiones al independentismo, en plenas fechas navideñas y con muchos españoles de vacaciones. Ni él mismo ha acudido al debate en la sede parlamentaria, al encontrarse en La Moncloa disfrutando de un ágape con periodistas. La reforma ha salido adelante con 140 votos a favor, 118 en contra y tres abstenciones.

La proposición de ley se ha votado sin las dos enmiendas sobre el Poder Judicial, suspendidas por el Tribunal Constitucional tras el recurso del Partido Popular. El Senado intentó este miércoles sin éxito que el Alto Tribunal levantase esta suspensión, permitiendo así el golpe de Sánchez a la Justicia. En cualquier caso, el Gobierno y sus aliados ya preparan otra vía para llevar a cabo este asalto y han avanzado que presentarán una proposición de ley para recuperar las enmiendas suspendidas.

El Ejecutivo ha maniobrado para la aprobación exprés de esta reforma, que estará en vigor antes e que termine el año y beneficiará a los dirigentes separatistas condenados por el procés, además de decenas de encarcelados por corrupción.

La malversación por la que fueron condenados los líderes del 1-O prácticamente desaparece, al pactar PSOE y ERC la creación de un nuevo tipo del delito. Así, a partir de ahora se castigará con entre 1 y 4 años de cárcel y entre 2 y 6 años de inhabilitación a «la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado», siempre y cuando «resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado». En el caso de que no se aprecie ese daño -como sostiene el separatismo que ocurre en el caso de los dirigentes condenados por el procés- la única pena sería la inhabilitación de entre 1 y 3 años y una multa de 3 a 12 meses.

Por otro lado, se suprime por completo el delito de sedición por el que fueron condenados también los líderes independentistas, y se crea un nuevo delito de «desórdenes públicos agravados», castigado con un máximo de cinco años de cárcel, frente a los 15 de la anterior sedición. Sin embargo, existen serias dudas jurídicas de que los hechos del 1-O puedan tener encaje legal en este nuevo tipo.

De esta forma, los dirigentes separatistas, ya indultados por Sánchez, se beneficiarán de una rebaja en sus penas de inhabilitación que, en el caso de Oriol Junqueras, fue de 13 años, lo que acerca al líder de ERC a ser candidato en unas eventuales elecciones.

Debate

El debate en el Senado ha sido encendido. Desde el Partido Popular se ha denunciado que «los grandes beneficiarios» de la reforma «van a ser los socialistas de los ERE y los independentistas». El senador popular Fernando de Rosa ha avisado que en el mes de enero va a haber «un baile de salida de corruptos» por la ley. «El PSOE ha sacado a la calle lo peor de las cárceles», ha advertido, instando al partido de Sánchez «a rectificar». «No tengan sobre su conciencia de agresores sexuales, pederastas y corruptos, porque van a ser su responsabilidad», ha insistido.

Por su parte, el portavoz del PP, Javier Maroto, ha denunciado que la reforma tiene la finalidad de que Junqueras «pueda ser candidato» en unas elecciones, además de que los separatistas «no tengan problema con la Justicia y sigan apoyando a Pedro Sánchez». Maroto ha destacado que el fin del presidente delGobierno es que el Tribunal Constitucional «no sea un obstáculo» para un nuevo referéndum en Cataluña, que ya le reclaman sus aliados. Desde el PSOE, mientras, han defendido que lo que se pretende el «entendimiento y el diálogo» con Cataluña. «Estamos en el buen camino», ha respondido el portavoz de Justicia del PSOE en el Senado, José María Oleaga.

Con esta votación finaliza el trámite parlamentario de la reforma, que se ha llevado a cabo sin los preceptivos informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o la Abogacía del Estado, y que ha provocado malestar dentro del propio PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, llegó a afirmar que «no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena».