Sánchez mantiene a investigados por corrupción mientras expulsa a Leguina y Redondo Terreros

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le ha temblado el pulso a la hora de deshacerse de las voces discrepantes en el PSOE. Este jueves, tal y como adelantó OKDIARIO, se abría un expediente de expulsión a los históricos Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros, después de que ambos decidieran mostrar su apoyo a la candidata del PP a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el líder socialista ni tiene tanta prisa, ni ha hecho ningún movimiento, para limpiar el PSOE de personas investigadas por corrupción y mantiene a varios cargos que están bajo la lupa judicial.

Leguina y Redondo Terreros dejarán de ser socialistas mientras la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, el subdelegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Rafael Rubio, la diputada nacional Yolanda Seva Ruiz o el líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, siguen en sus puestos, cobrando del erario, pese a las investigaciones judiciales por corrupción que les cercan.

Corrupción en el PSOE

Tal y como publicó OKDIARIO, Rafael Rubio sigue como subdelegado tras haber sido procesado dentro del conocido como caso Taula por haber contratado a una asesora que cobraba sin ir a trabajar. Un contrato que, según la magistrada del caso, se hizo para colocar a personas afines políticamente hablando. Es decir, para colocar a colegas del PSOE.

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, a la que la Fiscalía Provincial de Madrid le pide cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona física o jurídica, no ha dejado la vara de mando del consistorio aunque vaya a sentarse en el banquillo por haber llevado a la quiebra una empresa municipal.

En la lista de investigados que mantiene su cargo está el líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, quien está siendo investigado por un juzgado murciano por un delito prevaricación administrativa en la sanción de una multa de tráfico.

Por último, y como ha publicado en exclusiva OKDIARIO, está la diputada nacional Yolanda Seva, a la que una magistrada investiga tras haber sido denunciada como presunta autora de los delitos de prevaricación, malversación y coacciones, entre otros, por colaborar supuestamente en la adjudicación irregular de una plaza de inspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante) cuando ella era alcaldesa del citado municipio.

Doble vara

«Donde dije digo, digo Diego». Así, mientras Pedro Sánchez pedía en la oposición «ejemplaridad» a la ex alcaldesa y ex senadora del PP Rita Barberá cuando fue imputada por el Tribunal Supremo por blanqueo de capitales, ahora esa misma «ejemplaridad» no la aplica en el seno de su formación política.

Y ,mientras Leguina y Redondo Terreros esperan a saber qué va a ser de su futuro dentro del partido del puño y la rosa, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE cierra los ojos ante los casos de corrupción que afectan a sus acólitos.

Es más, el hecho de que Joaquín Leguina fuera el primer y único presidente socialista de la Comunidad de Madrid, cargo que ocupó entre 1983 y 1995, o que Nicolás Redondo Terreros fuera secretario general del Partido Socialista en el País Vasco entre 1997 y 2002, años en los que ETA asesinó a numerosos socialistas, no han sido argumentos valorados por Pedro Sánchez a la hora de querer echarlos del partido. Le ha bastado que ambos apoyaran a Ayuso en la campaña electoral madrileña.

Gracias a Nicolás Redondo y a Joaquín Leguina por su proyecto para atender a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión a través de @AlmaTecnologica y la Asociación Teanima.

Son dos referentes políticos a los que aprecio enormemente. pic.twitter.com/B20L4nYWv4

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 22, 2021

Casos habituales

Pero los cargos investigados cercanos a Pedro Sánchez no son el único problema para el líder del PSOE. Andalucía es un caso paradigmático de la corrupción socialista. Los últimos casos conocidos han sido los de los ex presidentes de la mancomunidad y ex alcaldes socialistas Julio Álvarez González, José de la Rosa Solís y Rafael Moreno, imputados por el pago irregular de 240.000 euros a un funcionario de la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.