Sánchez manipula un informe europeo que le exige despolitizar el CGPJ para tapar la cacicada de Delgado

El Gobierno ha tratado de justificar la polémica enmienda para ascender a Dolores Delgado cuando cese como Fiscal General del Estado, argumentando que así lo pide el último informe sobre España del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). Sin embargo, ese informe -como avanzó OKDIARIO- no dice nada sobre este asunto y sí sobre otro tema delicado para Pedro Sánchez, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El texto del Consejo de Europa es claro en la exigencia de «despolitización» de este órgano, cuya renovación sigue encallada por la negativa de Sánchez a aceptar la fórmula del Partido Popular para que los jueces sean elegidos por los jueces. El Gobierno, sin embargo, obvia esas exigencias y se limita a manipular el documento europeo para esconder la maniobra con Dolores Delgado.

Los socialistas intentaron colar el ascenso de la ahora fiscal general del Estado a través de una enmienda a la Ley Concursal que modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para establecer que «si el nombramiento [del fiscal general] recayese sobre un miembro de la carrera fiscal quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de Fiscal de Sala del Supremo una vez que se produzca su cese». De esta forma, Dolores Delgado podría disfrutar de la máxima categoría de la carrera fiscal una vez sea cesada de su actual puesto.

El informe del Consejo de Europa, sin embargo, nada dice al respecto. Se limita a reclamar al Gobierno «reconsiderar el método de selección y el mandato del fiscal general», «establecer requisitos y procedimientos jurídicos claros para aumentar la transparencia de la comunicación entre el fiscal general y el Gobierno» y  «estudiar otras vías para dotar de una mayor autonomía a la gestión de los medios del Ministerio Fiscal».

Además, manifiesta su preocupación porque en España no se ha  producido «ningún cambio en el método de selección ni en la duración del mandato del fiscal general, una preocupación antigua que empaña la percepción de la autonomía del Ministerio Fiscal en España» y señala que es necesario «garantizar la no injerencia de las presiones externas» en el ejercicio de los fiscales. Ni palabra sobre el ascenso de la ahora fiscal general.

CGPJ

Sí abunda, en cambio, en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un tema que deliberadamente obvia Sánchez. Este órgano constitucional sigue bloqueado por el rechazo del líder socialista a la exigencia del PP: que los jueces sean elegidos por los jueces.

«Una cuestión crítica es el sistema de selección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su percepción de politización», se lee en el informe europeo. «Esto es motivo de preocupación, ya que el CGPJ es responsable de algunas decisiones cruciales en el Poder Judicial, incluida la designación de jueces en puestos superiores y las cuestiones disciplinarias», prosigue.

El GRECO lamenta que no se haya producido «ningún resultado tangible en relación con la composición del CGPJ y, en particular, su método de selección», pese a sus exigencias, y reitera «la necesidad de eliminar la intervención de los políticos en la selección» de sus miembros. Según consta en el informe, el Gobierno trató de rebatir defendiendo «la legitimidad y el carácter democrático del método de selección del CGPJ». Un argumento que no convence en Europa, donde se reclama la despolitización inmediata del órgano: «La información facilitada por las autoridades no aporta nada nuevo (…) Hoy la situación es exactamente la misma, y las preocupaciones expresadas por GRECO a la luz de ello continúan igual, si no más que antes», abroncan desde el Consejo de Europa.

Y añaden: «GRECO señaló las normas aplicables del Consejo de Europa relativas a la elección a los miembros judiciales de los consejos judiciales: cuando existe una composición mixta de los consejos judiciales, para la selección de los miembros judiciales, se aconseja que estos sean elegidos por sus pares (siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia del Poder Judicial en todos los niveles) y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el Poder Ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección».