El Gobierno dice que la cacicada para ascender a Dolores Delgado es por «regeneración democrática»

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La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha tratado de justificar la maniobra que permitirá que Dolores Delgado sea ascendida en el Tribunal Supremo cuando cese de su cargo como fiscal general del Estado. El Grupo Parlamentario Socialista ha introducido una enmienda en la tramitación de la Ley Concursal que modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para establecer que «si el nombramiento [de fiscal general] recayese sobre un miembro de la carrera fiscal quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de Fiscal de Sala del Supremo una vez que se produzca su cese». De esta forma, Delgado podrá disfrutar de la máxima categoría de la carrera fiscal una vez sea cesada de su actual puesto. . De esta manera, seguirá teniendo poder en las causas que afectan a los miembros del Ejecutivo que están aforados ante el Alto Tribunal.

Según Llop, «tanto el Gobierno como el PSOE están comprometidos con la regeneración democrática de nuestro país y con incrementar la calidad democrática de las instituciones» y por eso se introduce ese cambio legal que supondrá el ascenso de Delgado.

La ministra de Justicia ha negado, asimismo, que se trate de un «traje a medida» para Delgado. «No es una medida ad hoc para una persona concreta, sino para cualquier persona que sea fiscal general», ha respondido. Llop ha insistido en que «hay que adoptar todas las medidas legislativas que garanticen que quien sea fiscal general no va a actuar con arreglo a presiones» y, por ello, considera que hay que dar «una salida digna» a quien ostente este cargo. «Lo que garantiza es que pueda tener una salida digna una vez finalice su mandato», ha añadido. Llop ha justificado que se introduzca la enmienda en la Ley Concursal porque «es el proyecto de ley que tiene la tramitación más avanzada».

Esta maniobra ha sido ampliamente criticada por la oposición. Llop cree que se trata de «desconocimiento» y que «cuando lo lean tranquilamente estarán de acuerdo».

El Partido Popular ha calificado la treta de «escándalo» y ha acusado al Gobierno de llevar a cabo un «ascenso encubierto» de Delgado, con un texto hecho a «medida».

«Favor con favor se paga y entre tanto el Estado de Derecho por el sumidero», ha denunciado el diputado Luis Santamaría.

Desde el PSOE se remiten al informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) que, en su consideración, justificaría la medida. Sin embargo, ese informe recomienda únicamente «reconsiderar el método de selección y el mandato del fiscal general», «establecer requisitos y procedimientos jurídicos claros para aumentar la transparencia de la comunicación entre el fiscal general y el Gobierno» y  «estudiar otras vías para dotar de una mayor autonomía a la gestión de los medios del Ministerio Fiscal».

En su informe, el GRECO manifiesta su preocupación porque en España, según su última evaluación, «no se había producido ningún cambio en el método de selección ni en la duración del mandato del fiscal general, una preocupación antigua que empaña la percepción de la autonomía del Ministerio Fiscal en España». El GRECO señala que es necesario «garantizar la no injerencia de las presiones externas» en el ejercicio de los fiscales.

Escándalos

Delgado ha protagonizado varios escándalos desde su desembarco en la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público, a través del entonces teniente fiscal Luis Navajas, se opuso a investigar al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia. Tampoco vio delito en las denuncias presentadas contra miembros del Ejecutivo por la compra de material sanitario durante la pandemia. Sin embargo, sí ha abierto una investigación por el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La última de ellas, la ha protagonizado la Asociación de Fiscales, que llevará a Dolores Delgado a los tribunales por no convocar la constitución de la Comisión de Ética Fiscal antes del 17 de enero y acordar además la suspensión sine die del plazo. En concreto, la asociación ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de Delgado, por el que quien el pasado 7 de febrero se acordó la suspensión de la citada Comisión para «iniciar un proceso inspirado en los principios de transparencia, publicidad y participación encaminado a recabar un elenco de personas pertenecientes al ámbito académico de la Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral a fin de poder designar al séptimo miembro de la Comisión de Ética Fiscal».

 

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