Sánchez lanza a la Abogacía del Estado contra el Supremo por «omitir pruebas» a favor del fiscal general

• Paula Benito
• Portadista y redactora de información de última hora. Escribo sobre política, internacional y sociedad. Antes, en La Sexta. Contacto: paula.benito@okdiario.
• • 22/01/2025 11:23
  • Actualizado: 22/01/2025 11:38

Pedro Sánchez ha utilizado a la Abogacía del Estado para cargar contra el juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general, Álvaro García Ortiz,. Así, la Abogacía ha acusado al magistrado de omitir pruebas que exculpan a los investigados y de sostener «algunas de las imputaciones en meras opiniones, carentes de base probatoria».

Los servicios jurídicos de la Administración han presentado un recurso de reforma contra la decisión del magistrado citar como investigados al fiscal general, a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe.

La Abogacía acusa al magistrado de «omitir elementos de esencial relevancia» que ponen de manifiesto que «no concurre» en ninguno de los investigados «sospechas fundadas para considerarles posibles autores del delito» de revelación de secretos. Tales afirmaciones colocan a la Abogacía «ante una prueba diabólica de acreditar que no se ha producido lo que el instructor opina que sí se habría producido, sin base probatoria alguna».

Para la Abogacía del Estado, los correos electrónicos intercambiados entre el abogado del novio de Ayuso, Alberto González Amador, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto «no forman parte de las diligencias de investigación preprocesal» y «resulta difícil sostener que los datos e información que contenían los correos electrónicos merezcan la protección penal que dispensa el artículo 417 del Código Penal», relativo a la declaración de secretos.

Al hilo, defiende que el auto del magistrado «sigue sin determinar los hechos o circunstancias en los que puede fundarse ese carácter secreto respecto del correo del 2 de febrero». Además, insiste en que el instructor «sigue omitiendo que los hechos imputados a los investigados se encontraban amparados en las funciones y competencias propias del Ministerio Fiscal».

En primer lugar, por la obligación de los fiscales a dar cuenta de su actuación en los casos que «por su importancia o trascendencia deba conocer el fiscal superior o los fiscales superiores»; y en segundo, por la obligación de la Fiscalía de informar a la opinión pública, «especialmente cuando se trata de evitar la extensión de noticias inveraces con grave perjuicio para la imagen de la justicia y la función de los miembros del Ministerio Fiscal».

Asimismo, la Abogacía señala que González Amador autorizó a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, a que éste le diera difusión a los periodistas de dicho correo, de acuerdo a lo que declaró el alto cargo de la Comunidad de Madrid. Y recalca que dicha circunstancia tuvo lugar «antes de que los investigados tuvieran conocimiento».

Precisamente, Rodríguez testificó hace dos semanas ante el Tribunal Supremo y, en declaraciones a los periodistas, recordó que el asunto de González Amador «hacía tiempo que estaba resuelto por Hacienda» y acusó a Pedro Sánchez de impulsar «una operación política contra una rival política de ninguna manera se puede soportar en democracia».

Además, cabe recordar que la fiscal fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, acusó a García Ortiz de filtrar los correos. En su declaración ante el Supremo, manifestó que le comentó al fiscal general «tú has filtrado los correos», a lo que él le contestó: «Almudena, eso no es importante ahora».

Durante su comparecencia de hora y media, Lastra manifestó que, en su opinión, la filtración sólo pudo salir de la Fiscalía, dado que la información en cuestión era de acceso exclusivo para esta institución.