Sánchez contrata a la empresa de Roures por 1,2 millones para difundir la señal de sus viajes oficiales

El Gobierno de Pedro Sánchez ha contratado en pleno estado de alarma por 1,2 millones de euros a la empresa proveedora de servicios audiovisuales Overon, perteneciente al grupo Mediapro que controla Jaume Roures, para la difusión de los viajes oficiales del jefe del Ejecutivo y de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Así consta en la adjudicación del expediente, consultada por OKDIARIO, que acaba de realizar el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige la propia Calvo. En concreto, como objeto del contrato figura el servicio de «captura, difusión, transmisión y videostreaming de señal audiovisual de comparecencias públicas del presidente y vicepresidenta del Gobierno fuera de territorio español y servicios relacionados».

La adjudicación ha tenido lugar por la cantidad de 1.210.000 euros, IVA incluido, para un plazo de ejecución de dos años. Según el Gobierno, se presentaron dos ofertas a esta contrato y fue elegida la firma de Jaume Roures, próximo a Podemos y al independentismo catalán, por ser la «económicamente más ventajosa que cumple los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas».

El contrato en cuestión está dividido en dos lotes: uno por importe de 121.000 euros, impuestos incluidos, para el servicio de difusión de señal audiovisual y transmisión por videostreaming de las comparecencias del «presidente del Gobierno y la vicepresidenta» en Bruselas, esto es, en los «Consejos Europeos»; y otro, por 1.089.000 euros para el mismo servicio pero en los viajes oficiales por el resto del mundo.

En concreto y respecto a los eventos a retransmitir, el pliego de contratación especifica que en el lote número uno se encuadran «las comparecencias ante los medios de comunicación del presidente del Gobierno celebradas con motivo de los Consejos Europeos en Bruselas». «El número de comparecencias es variable y depende exclusivamente de la celebración de los Consejos Europeos, que se estima anualmente serán 4 ordinarios más aquellos extraordinarios que se celebren en Bruselas», detalla el contrato.

En cuanto al segundo lote, destinado a cubrir los eventos que se desarrollen fuera del territorio español como resultado de un viaje oficial (o en Bruselas sin relación con los Consejos Europeos), el pliego indica que el número es variable en función de la agenda de Sánchez y Calvo, pero «estima que la previsión anual de viajes a realizar serán entre 40 y 50» desplazamientos.

«Imprescindible»

Así mismo, llama la atención que Moncloa no haya suspendido la tramitación de este expediente en base al decreto de estado de alarma por el coronavirus, como ocurre con la mayoría de contratos de la Administración General del Estado. La Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis del Covid-19 establece «la regla general de suspensión de términos y de interrupción de los plazos en los procedimientos que se estén tramitando por las entidades del sector público».

No obstante, como excepción, el mismo texto contempla aquellos procedimientos que «vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios». De este modo, el Gobierno se ha acogido a esta excepción y ha acordado «continuar con la tramitación» y adjudicación del expediente a la empresa de Jaume Roures para cuando Sánchez retome su agenda internacional.

«La prestación de dicho servicio es imprescindible para asegurar en su momento la correcta transmisión de las comparecencias del presidente del Gobierno fuera de territorio español. Al tratarse de un contrato basado en precios unitarios, la falta de actividad internacional no afecta a la ejecución del mismo pero es preciso tenerlo aprobado ya que la agenda internacional se puede retomar en cualquier momento y es necesario contar con un contrato vigente», sostiene Moncloa en su justificación.