Sánchez da 10 millones a las familias de víctimas republicanas para que busquen ellos mismos las tumbas

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Carlos Cuesta

Pedro Sánchez no está dispuesto a dejar de usar el filón de Francisco Franco como reclamo electoral. Tras convertir en un show televisivo la exhumación e inhumación del dictador, ahora pretende que los familiares de las víctimas de la Guerra Civil que se encuentran en los osarios del Valle de los Caídos reclamen privadamente el traslado de sus tumbas. Con ese fin, el socialista pretende dotar una partida presupuestaria de 10 millones de euros.

La medida de Sánchez, además, esconde un doble mensaje. En primer lugar, el deseo evidente de prolongar el efecto político de la exhumación de Franco con más noticias sobre exhumaciones; pero, también, y en segundo lugar, esconde la realidad de la imposibilidad de identificar buena parte de las tumbas que se encuentra en la Basílica de Cuelgamuros. Por eso, Sánchez prefiere traspasar la responsabilidad de la búsqueda de los restos mortales a las familias.

El jefe del Ejecutivo ya pinchó hace meses en este hueso y se trata, además, de un hueso complicado porque los familiares de las víctimas republicanas aún recuerdan el compromiso del socialista de materializar el traslado de los restos mortales de sus antepasados. Esta fue la reclamación de un colectivo de familias que exigió, frente a sus intenciones, el pasado mes de julio que se deje descansar en paz los restos de sus antepasados. La Justicia española, de hecho, ya ha avalado este derecho y, por lo tanto, sólo se podrán exhumar aquellas tumbas perfectamente identificadas. Únicamente aquellas en que se sepa exactamente que los restos que se sacan de la fosa son efectivamente los buscados.

El resto de tumbas –nada menos que 12.510 fosas– que se encuentran sin identificar, no se podrán tocar porque lo cierto es que no se sabrá si el cuerpo que se exhuma es el reclamado o no. Y, por lo tanto, jurídicamente, no se podrá garantizar que no se tocan restos de otros difuntos.

Sánchez, sin embargo, prometió dar respuesta a las reclamaciones de exhumación de familiares de republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, pero lo cierto es que es imposible cumplir esta promesa con un total de 12.510 fosas porque se encuentran sin identificar.

En el transcurso de los últimos meses se han producido, recordemos, dos visitas al Valle de los Caídos por parte de miembros de la Asociación de Familiares de Republicanos enterrados en allí. Las familias representadas por esta asociación han reclamado la exhumación de los restos de sus familiares de los osarios de Cuelgamuros. Sin embargo, el problema es que se da la circunstancia de que, al menos en la mayoría de estas peticiones, la presencia de los restos de los familiares que pretenden exhumar no está acreditada y, por lo tanto, existen dudas más que razonables de la estancia exacta de los cuerpos de los fallecidos en cada nicho.

Por su parte, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, entidad que representa legalmente a 212 familias de víctimas de la Guerra Civil, solicitó igualmente y de manera oficial, por escrito y en registro a Patrimonio Nacional que se concediera a una representación de sus familias el mismo trato que a las familias republicanas.

Éstas, además, dejaron claro que no daban su permiso para que los restos de sus familiares fueran removidos, trasladados o sometidos a pruebas de identificación forense de ningún tipo. Y, tal y como confirma un auto del Juzgado de San Lorenzo del Escorial de 2016, sin tener claro qué cuerpo se exhuma, no se puede proceder a hacerlo.

La Justicia española ha sido muy clara a este respecto, el citado auto, con fecha del 30 de marzo de 2016, señala en su página 17 que «debe garantizarse el respeto a la memoria de los difuntos del propio cementerio”. Por lo tanto, mientras haya duda de la identidad de los restos, no se podrá exhumar. Un hecho, además, con el que La Moncloa, obviamente, no contaba.

Sánchez parece haber encontrado ahora la solución a este problema o por lo menos una solución para su propio interés: destinar 10 millones de euros en ayudas a los familiares que quieran buscar y trasladar las tumbas de sus antepasados. De esta forma, lo primero que se traslada es la responsabilidad de la promesa de Sánchez: ahora serán los familiares y no el presidente del Gobierno quienes tengan que cumplir el imposible de trasladar unas tumbas sin identificar.

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