Ruiz-Jarabo: «Montero cometió un delito con los datos del novio de Ayuso y se delató ante las cámaras»

«María Jesús Montero cometió un delito [respecto al novio de Ayuso] y se delató ante las cámaras de televisión». Lo ha dicho a OKDIARIO Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director general de la Agencia Tributaria (AEAT). Ruiz-Jarabo recuerda que, aparte de sanciones a los funcionarios, el conocimiento y difusión de los datos de un contribuyente puede llegar a castigarse con la cárcel. Ruiz-Jarabo cree, por su experiencia, que estamos «ante el caso más grave de la historia de la Agencia Tributaria porque afecta a su superior jerárquica, que es la ministra de Hacienda».

Como exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo conoce perfectamente los procedimientos habituales que se siguen en estos casos tanto por parte de la Agencia y de la Fiscalía. Dice que, con Alberto González, pareja de Isabel Díaz-Ayuso, no se ha seguido ninguno. En la entrevista con OKDIARIO describe las «sospechosas casualidades» y extrañas decisiones con todo detalle.

Al líder del PSOE-Madrid le manda un mensaje tras su intervención de ayer en la Asamblea: «No voy a decir que Juan Lobato mintió, pero sí que está confundido o nos ha querido confundir». Es raro porque Juan Lobato no es inspector, pero sí técnico de Hacienda y debería conocer estos asuntos.

Pregunta.- ¿Una ministra de Hacienda puede acceder a los datos de un contribuyente?

Respuesta.- Posible es y, de hecho, hemos visto que los tenía. Pero es ilegal. La ley prohíbe que los datos tributarios de un contribuyente salgan de la estricta esfera de los funcionarios que llevan la comprobación del cumplimiento de sus obligaciones. Hay un pacto sagrado entre el Estado y los ciudadanos. Los ciudadanos nos vemos obligados a desnudarnos y confesar todos nuestros datos económicos, patrimoniales y vitales a la Agencia Tributaria para que cumpla su función. Pero la Agencia Tributaria, en correspondencia, queda obligada a preservar la privacidad de sus datos y a utilizarlos sólo para el fin para el que se los damos. Este pacto está consagrado en nuestras leyes con penas o sanciones para quienes lo incumplan. Los funcionarios, directivos de la Agencia Tributaria y autoridades públicas que no cumplen su obligación de custodiar estos datos incurren en ilícitos que pueden, incluso, ser penales. Aquí todos hemos visto, de manera sorprendente y sobrecogidos, que la que ha incumplido esta obligación ha sido la propia ministra de Hacienda ante las cámaras de televisión. Se ha autodelatado. Ha confesado que ella ha incumplido esa obligación legal y, además, ha expandido una sombra de duda más que sospechosa sobre el origen de los datos de los que ella dispone y ha utilizado ilegalmente.

P.- ¿María Jesús Montero pudo incurrir en un delito?

R.- Primero al conocerlos, desde luego, fue cómplice o connivente de una infracción muy grave realizada desde la Agencia Tributaria. A ella no se le aplica el régimen de la Agencia Tributaria porque no es funcionaria. Pero los funcionarios o directivos de la Agencia que le hubieran suministrado esa información sí han cometido una infracción muy grave. Y la ministra ha sido cómplice o colaboradora de esa infracción. Pero en la utilización de esos datos, más allá de aquello para lo que pueden y deben utilizarse, ha sido la propia ministra la que lo ha hecho ante las cámaras de televisión y en sede parlamentaria. Y, además, mintiendo, porque dijo que esos datos los había conocido por los medios de comunicación y ningún medio de comunicación los había comunicado aún. Por tanto, la ministra ha cometido ilícitos y ha sido connivente de ilícitos por parte de otros funcionarios o directivos de la Agencia Tributaria. Y, además, nos ha mentido a todos. Como volvió a mentir cuando dijo, al día siguiente ante las cámaras, que ella no había dicho nada. Es extremadamente grave que sea ella quien comete esto al ser la superior jerárquica de la Agencia Tributaria. Estamos ante el asunto más grave de la historia de la Agencia Tributaria. Y fíjate, Vicente, si ha habido asuntos graves, que yo mismo denuncié a la Fiscalía Anticorrupción y que terminaron con directivos socialistas de la Agencia Tributaria en prisión. Ahora es mucho más grave porque la autora es la superior jerárquica de la Agencia Tributaria, la ministra de Hacienda.

P.- ¿Debería ordenarse una investigación interna para conocer el origen de la filtración de esos datos? No lo han hecho, que sepamos.

R.- Deberían haberla iniciado ya y haberlo comunicado a los ciudadanos. La Agencia Tributaria vigila constantemente y de forma periódica el acceso indebido de sus funcionarios a fuentes de información fiscal y la posible utilización indebida por parte de los funcionarios de dicha información. Yo mismo sancioné a numerosos funcionarios por ello. Esa investigación interna que la Agencia Tributaria puede hacer es cuestión de horas porque los medios tecnológicos permiten conocer en cuestión de horas quién ha accedido a los datos de un contribuyente, qué datos han sido observados, cuánto tiempo se ha estado observando al contribuyente, si se ha impreso algún documento de esa información, si se ha enviado por email a un tercero, etc. Insisto. La Agencia Tributaria lo hace con frecuencia. Es un control periódico. Sorprende que no nos hayan anunciado ya la apertura de esa investigación y ello acrecienta la sospecha de que la filtración proviene de la Agencia Tributaria, lo cual es muy grave.

P.- Porque la época de los papeles pasó y ahora con un click es posible conocer la trazabilidad digital de todo, ¿no?

R.- Así es. Efectivamente.

P.- Por su experiencia, ¿qué hay de extraño en este procedimiento contra el novio de Ayuso?

R.- Hay más de una cuestión sospechosa. La primera es la fecha en la que se produce la denuncia de la Agencia ante la Fiscalía. Es el mismo día, casualmente, que el juez de Instrucción de la Audiencia Nacional del escándalo Koldo requiere a la Agencia Tributaria un informe en el que consten las investigaciones de la Agencia Tributaria en el caso. Es una casualidad más que curiosa, ¿no? La segunda cosa sospechosa es que ya se han iniciado los contactos entre los abogados de Alberto González y la Fiscalía para llegar a un acuerdo. Es intrascendente quién los ha iniciado. Unas veces es el abogado del contribuyente, otras veces la Fiscalía. Lo trascendente es que ambas partes suelen estar interesadas en llegar a un pacto de empate para evitar el riesgo de una derrota. Esto es muy frecuente. En este caso, habiéndose iniciado las negociaciones, la Fiscalía las rompe de forma abrupta por orden de la superioridad. Esto es completamente inusual y anómalo porque a la Fiscalía y al contribuyente les interesa un pacto de empate para evitar una posible derrota y cuatro o cinco años de pleitos con sus costes. Y, por último, según se ha publicado, el origen de la posible defraudación es la utilización de unas facturas falsas por parte de Alberto González emitidas por siete sociedades. Si hay siete sociedades emitiendo facturas falsas, hay que suponer que las habrán emitido a muchísimos contribuyentes. Por tanto, aquí tendríamos el inicio de conocimiento de una posible trama de, al menos, siete sociedades y muchos contribuyentes.

P.- Y, en estos casos, ¿qué hace habitualmente la Agencia Tributaria? Porque da la sensación de que han ido por una sola persona.

R.- Pues hacer una investigación en profundidad de todo lo que acabo de decir y con toda esa información ya detallada y completa, se procede a una macrodenuncia que da lugar a un macroproceso como otros que hemos conocido antes por los medios de comunicación. Curiosa y sospechosamente, en este caso, habiendo aparentemente detectado la Agencia Tributaria la punta del iceberg de una posible macroorganización fraudulenta, en vez de hacer lo que hace siempre, ha ido deprisa y corriendo a denunciar a un solo contribuyente. Y, curiosamente, es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ciertamente es sospechoso. Y, claro, la última sospecha es por donde hemos empezado: que la ministra de Hacienda conozca ilegalmente lo que no debía conocer y que utilice ilegalmente datos concretos del expediente de inspección que no habían sido publicados por ningún medio de comunicación en contra de lo que ella afirma.

P.- Al ir solamente contra una persona, ¿da la opción al resto de la red, si la hay, de destruir pruebas?

R.- Claro. Pone en alerta al resto y pone en peligro el resultado final de la investigación.

P.- Es decir, este no es el proceder habitual de la Agencia Tributaria.

R.- No. Es justo lo contrario de lo que hace la Agencia Tributaria.

Juan Lobato

P.- ¿Qué le pareció Juan Lobato en la Asamblea de Madrid diciendo que Alberto González había «confesado»?

R.- No voy a decir que el señor Lobato nos ha mentido, pero sí que está confundido o nos ha querido confundir. Que un contribuyente pague la cantidad que le reclama la Agencia Tributaria no significa nada más que quiere evitar el proceso de embargos que sigue por parte de la Agencia. Porque en España rige el principio solve et repete. Es decir, si quieres recurrir, primero has de pagar porque, si no, la Agencia Tributaria te embarga todo: cuenta corriente, vivienda de tu propiedad, vehículo y cualquier otro bien o derecho patrimonial que puedas tener. Por tanto, el pago de un ingreso que le exige la Agencia Tributaria no supone reconocimiento de nada. Supone simplemente una autoprotección del contribuyente ante un posible embargo. En este caso, se estaba iniciando una negociación para llegar a un acuerdo extrajudicial. Legalmente, por obligación, para poder llegar a ese acuerdo, el contribuyente debe admitir que ha podido incumplir con las leyes. Si no lo hace, la ley prohíbe ese acuerdo. Por tanto, señor Lobato, no se confunda usted o no nos confunda a nosotros. Ese papel que usted blandió con su mano derecha en la Asamblea no supone lo que usted ha querido decir. O está confundido o nos quiere confundir.

P.- Pues el señor Lobato no es inspector, pero sí técnico de Hacienda y debería saberlo…

R.- [Con ironía] Pues se habrá confundido.