La renovación del TC provoca un cisma entre varios barones del PSOE y la Gestora

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El president de la Generalitat, Ximo Puig (Foto: Efe)

El correo electrónico remitido por la Gestora del PSOE a las direcciones de los grupos autonómicos, en el que se da instrucciones de los dos candidatos que habría de apoyar el partido para la renovación del TC-el exfiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido, y la Catedrática de Derecho Constitucional y consejera del Consejo Consultivo de Andalucía, María Luisa Balaguer– ha provocado estupor en el mismo partido y entre los magistrados.

La comunicación fue enviada este miércoles vía mail por la responsable de Política Autonómica de la Comisión Gestora del PSOE, María Jesús Serrano, con destinatario a las direcciones socialistas autonómicas. “Estimados compañeros. Por indicación de María Jesús Serrano, os hacemos llegar, a efectos informativos, documentación (currículos y escritos de aceptación) relacionada con la propuesta de candidatos para el Tribunal Constitucional. Un saludo cordial”, era el sucinto texto, que ha sido interpretado como una “coacción” en algunas comunidades. Desde la Gestora se aclara que nunca se trató de una “imposición”.

Aunque fuentes de la judicatura consultadas por este diario asumen que es habitual que los partidos den indicación de sus candidatos, no lo es la vía utilizada en este caso. “Es un escándalo, que pone en evidencia la dependencia de las personas de los partidos que los proponen”, admiten. Entre los magistrados consideran que la revelación no hace más que poner en tela de juicio la necesaria imparcialidad que requiere la Administración de Justicia, y cuestiona, una vez más, el sistema de elección, previo acuerdo de los dos grandes partidos. «Aquí hay un problema de apariencia”, admiten estas fuentes, “en un momento en que se trata de asegurar la máxima independencia”.

Pero el proceso de renovación del TC ha revelado, más allá, la pugna interna en el PSOE por hacer valer a sus candidatos. Así, las direcciones de la Comunidad Valenciana y Extremadura han ignorado las indicaciones de la Gestora y han propuesto a sus propios aspirantes. El caso extremeño resulta especialmente significativo. Ángel Juanes, apuesta personal de Guillermo Fernández Vara, es un candidato con la suficiente entidad para disputar la plaza a Conde-Pumpido por su actual cargo como vicepresidente del Supremo. La ‘potencia’ del exfiscal general dependerá así de «lo dispuesta que esté la dirección socialista de partirse la cara por él», dicen gráficamente fuentes internas. Y todo apunta a que puede ser así. Conde-Pumpido cuenta además con el total apoyo del sector ‘rubalcabista’.

En la Comunidad Valenciana, la designación de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de esa región, Ana Millán, ha sido interpretada como un órdago de Ximo Puig a la actual Gestora.  Los socialistas valencianos advirtieron ya a al Gestora de que presentarían a un candidato propio y han optado por hacer prevalecer el acuerdo con Compromís y elevar a una candidata en consenso con los nacionalistas, aún en contra de las indicaciones de la dirección. También Baleares ha ido por libre. La comunidad, que preside la socialista Francina Armengol, propuso ya en diciembre al magistrado y Catedrático de Derecho Constitucional, Oliver Araújo. 

«Lo razonable es que los Parlamentos autonómicos propongan a gente de su tierra, por mérito y capacidad”, se reconoce en fuentes socialistas.

En los últimos días, la renovación del TC ya levantó ampollas por el supuesto acuerdo entre PP y PSOE, que-en información publicada por El País- incluiría el veto de los socialistas a que el magistrado Andrés Ollero presidiese la institución en reemplazo de Francisco Pérez de los Cobos, que expira su mandato. La justificación sería su cercanía con los populares, partido del que fue diputado durante 17 años.

Tres candidatos ‘casi’ cerrados

El acuerdo ha generado indignación entre los magistrados, a quienes corresponde en exclusiva la elección del presidente. Como informó OKDIARIO, según el pacto, tres candidatos estarían ya prácticamente cerrados, como informó OKDIARIO. Serían la progresista María Luisa Balaguer, propuesta por el PSOE en el Parlamento de Andalucía, y los conservadores Ricardo Enríquez y Alfredo Montoya. Éste último es la apuesta del actual presidente, Francisco Pérez de los Cobos, que habría insistido personalmente a Mariano Rajoy para que la renovación incluyese un reconocido perfil Laboralista.

La institución está compuesta por 12 miembros, cuatro a propuesta del Senado, que son los que ahora se eligen en sustitución de Francisco Pérez de los Cobos, Adela Asúa, Francisco Hernando y Luis Ignacio Ortega. Según la ley, estos cuatro magistrados son elegidos «entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas». El plazo comenzó el pasado diciembre, y finaliza el 10 de febrero. Los Parlamentos autonómicos deben remitir sus candidatos al Senado, donde una comisión decidirá por voto ponderado los cuatro que se elevan a consideración. Después, estos habrán de ser ratificados por tres quintas partes del pleno. Un acuerdo entre PP y PSOE sería suficiente para que sus propuestas saliesen adelante.

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