Por qué hay que botar a Pedro Sánchez, quedan 32 días: el Constitucional frenó su plan para elegir magistrados

El Gobierno de Pedro Sánchez protagonizó en diciembre de 2022 uno de los mayores enfrentamientos institucionales de su mandato. El Tribunal Constitucional frenó el intento del PSOE y Unidas Podemos de modificar las reglas de renovación del propio tribunal mediante una reforma legislativa tramitada a toda velocidad. El 19 de diciembre, el órgano de garantías suspendió cautelarmente, por seis votos frente a cinco, dos enmiendas impulsadas por los partidos del Ejecutivo, en una decisión sin precedentes en las Cortes Generales.

La maniobra consistía en aprovechar la reforma del Código Penal, con la que Sánchez eliminaba el delito de sedición y modificaba el de malversación, para introducir por la puerta de atrás cambios en las leyes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. El objetivo era eliminar la exigencia de una mayoría de tres quintos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para designar a sus dos magistrados del Constitucional y permitir que el Gobierno incorporase a los suyos sin esperar a los nombramientos del órgano de los jueces.

La operación tenía especial trascendencia porque Sánchez ya había elegido a sus dos candidatos: Juan Carlos Campo, ex ministro socialista de Justicia, y Laura Díez, ex alto cargo del Gobierno. La modificación del sistema de nombramientos provocó una fuerte polémica por el riesgo de incrementar la influencia política sobre el tribunal encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes.

El procedimiento utilizado por el Ejecutivo también recibió serias advertencias jurídicas. Los letrados del Congreso habían cuestionado la incorporación de unas enmiendas ajenas al contenido original de la reforma penal, pero PSOE y Podemos siguieron adelante pese a las objeciones. El Partido Popular recurrió al Constitucional al considerar vulnerados los derechos de sus diputados.

El tribunal dio un severo varapalo a la estrategia parlamentaria del Gobierno. En su Auto 177/2022, la mayoría de magistrados consideró que la forma y la rapidez con la que se tramitaron las enmiendas habían limitado gravemente los derechos de participación de los parlamentarios recurrentes, hasta calificarlas de actuaciones «cercenadoras» de ese derecho fundamental. La resolución suspendió la tramitación de las dos enmiendas, aunque no declaró inconstitucional su contenido.

La reacción de Sánchez fue cuestionar la decisión del Constitucional. Aunque aseguró que la acataba, el presidente la presentó como una situación sin precedentes, criticó a la mayoría conservadora del tribunal y anunció que adoptaría «cuantas medidas sean precisas» para desbloquear su renovación.

La precipitación del Ejecutivo quedó especialmente de manifiesto apenas ocho días después. El 27 de diciembre, el CGPJ consiguió elegir por unanimidad a César Tolosa y María Luisa Segoviano como magistrados del Constitucional, utilizando precisamente las reglas que Sánchez había intentado modificar. Ambos tomaron posesión en enero de 2023 junto a Campo y Díez.

El episodio dejó uno de los grandes varapalos institucionales de Sánchez: un Gobierno que, con el argumento de desbloquear la Justicia, intentó alterar sus mecanismos de renovación mediante un procedimiento que el Constitucional tuvo que frenar para preservar los derechos de los representantes parlamentarios.