Pumpido da la razón a Sánchez en su batalla contra Ayuso para que Madrid apagase antes sus escaparates

El Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, resolverá a favor del Gobierno el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid contra el Decreto de ahorro energético que obligaba a apagar los escaparates a las 22:00 horas y a mantener el aire acondicionado a 27 grados en los comercios. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso recurrió ante la Corte de Garantías al considerar que actuaba de «forma arbitraria, autoritaria y contra los comercios».

La Corte de Garantías celebrará su segundo pleno del año el próximo 30 de enero. El magistrado Ramón Sáez llevará al pleno su sentencia sobre el recurso del Ejecutivo madrileño contra el artículo 29 del Real Decreto-Ley 14/2022, de 1 de agosto, sobre las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno central. Fuentes consultadas señalan que el ponente alegará en su sentencia que «el presupuesto habilitante sí concurre la extraordinaria necesidad de tramitar esta ley como Decreto» y que «no hubo invasión de competencias». 

Estas mismas voces señalan que el recurso se desestimará, ya que la mayoría de magistrados votará a favor de la sentencia, impidiendo así que el recurso de Ayuso prospere. También existirán votos en contra de la sentencia desestimatoria, aunque serán minoría. «En ningún caso habrá unanimidad a favor de la sentencia del ponente», señalan fuentes consultadas.

Motivos del recurso

El Consejo de Ministros obligó a Madrid y al resto de comunidades autónomas a apagar los escaparates y monumentos a las 22.00 horas, limitar el aire acondicionado a un mínimo de 27 grados en verano y la calefacción a un máximo de 19 grados en invierno en edificios administrativos, comercios y espacios culturales, entre otras medidas. Las comunidades autónomas debían velar por su cumplimiento.

En septiembre de 2022, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció que interpondría un recurso de inconstitucionalidad tras examinar el Decreto de ahorro energético de Sánchez. Sol argumentó en su petición que las medidas «ponían en riesgo a pymes y autónomos, disuadía al turismo y creaban una mayor inseguridad en las calles de los municipios madrileños». Además, desde el Ejecutivo de Ayuso, alertaban de que Madrid se convertiría en la única gran capital europea cuyos escaparates quedarían a oscuras a las 22:00 horas, entrando en colisión directa con la libertad de horarios comerciales existente en la región.

Igualmente, el Ejecutivo de Ayuso cuestionaba la viabilidad sanitaria del Decreto Ley de Moncloa: «El texto va en contra del Decreto de Salud y Seguridad en el trabajo de 1997, que establece que las actividades denominadas de trabajo ligero, como son las propias del comercio y la hostelería, no se pueden superar los 25 grados de temperatura». Y prosiguen: «Se incumple así un Decreto que regula la propia seguridad de los trabajadores, y que ha obligado al Ejecutivo central a rectificar sobre la marcha, ya que establecía temperaturas no inferiores a los 27 grados»

Con todo ello, el Gobierno de Ayuso tomó la decisión de acudir a la Corte de Garantías en defensa de los derechos de los madrileños e iniciar su batalla en el Constitucional contra la orden del gobierno central. La presidenta madrileña señaló que este Decreto «atentaba contra los comercios y demás establecimientos públicos, en un momento muy difícil para ellos» en alusión a la recuperación económica tras el cese de actividad por la pandemia provocada por el coronavirus.

Conde-Pumpido tarda en resolver

La puesta en marcha de la normativa gubernamental supuso un grave choque entre la administración central y el Ejecutivo autonómico. Sol acudió al Tribunal Constitucional para frenar el Decreto impuesto por Moncloa, pero esta petición ha estado guardada en el cajón durante un año y medio.

El presidente Cándido Conde-Pumpido es el encargado de elaborar el orden del día de los asuntos que llevan los magistrados a pleno y ha tardado en llevar a debate la petición de Ayuso que trataba de frenar unas medidas que ya no son de obligado cumplimiento. El Gobierno estipuló que el plan de ahorro energético duraría hasta noviembre de 2023 y así ha sido. No obstante, el Constitucional de Conde-Pumpido da la razón a Sánchez tumbando la petición de Ayuso contra un Decreto Ley cuyas medidas ya no están vigentes.