Puigdemont llega al día ‘D’ sin censo, urnas, colegios ni garantías

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, explicará este martes cómo es posible celebrar un referéndum ilegal sin censo, urnas, colegios electorales ni leyes que legitimen su objetivo principal: la independencia de Cataluña. Hasta el momento, todo son promesas vagas que nadie se atreve a respaldar con su firma.

El documento de Puigdemont llevará el nombre de ‘Garantías para la democracia: por un referéndum legal, efectivo y vinculante’. En diez pasos, el dirigente catalán tratará de explicar los métodos que habilitará su Ejecutivo para que los catalanes acudan a las urnas el 1-O. OKDIARIO les ha ido desvelando todos los pasos dados por las fuerzas independentistas hasta el momento y aquí exponemos los que se consideran imprescindibles para llevar el referéndum a cabo:

1. La Ley de Transitoriedad Jurídica de Cataluña:

   Las fuentes consultadas aseguran que Puigdemont busca realizar una transición entre las leyes del Estado español y el que denominan «nuevo Estado catalán» una vez se celebre el referéndum. Para ello este martes explicará aquellas normas que legitiman el referéndum. Pero existen otras, llamadas eufemísticamente ‘de desconexión’, que regirán a partir del 2-0. Es aquí donde incluyen derogar las reformas del PP, aprobar la dación en pago, revalorizar las pensiones, crear impuestos sobre los depósitos bancarios o prohibir las prospecciones de fracking, entre otras.

   La parte polémica entre las fuerzas secesionistas se encuentra en si se deben de aprobar todas las leyes como un ‘pack’ y en un solo acto o aprobar las que están vinculadas para legitimar la consulta ahora (el decreto de convocatoria) y después el resto, tras la celebración del referéndum.

2. El censo:

   El Estado no puede prestar el censo oficial cuando se trata de un referéndum ilegal. Y la mayoría de ayuntamientos se niega a prestar el padrón. Por ello, las fuerzas independentistas valoran varios vericuetos a la hora de «legitimar» el suyo.

   El primero consistiría el de avalar el censo mediante los datos que posee el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) con un sistema de gestión informatizada. La Generalitat ha estado estudiando cómo podría tener acceso sin vulnerar la Ley de Protección de Datos.

   La segunda opción que se ha barajado es la de construir un censo a partir de las votaciones y sobre la marcha como en el 9-N, aunque la CUP no quiere volver a repetir el espectáculo. Se ha valorado la alternativa de que los catalanes que quisieran acudir a votar en este referéndum ilegal debieran registrarse previamente.

3. El voto de los catalanes en el extranjero:

   Considerado por muchos una verdadera «chapuza» del consejero de Exteriores, Raúl Romeva, que no ha llegado ni a validar el decreto con su firma. Tal y como informó OKDIARIO, Romeva y la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, se culparon mutuamente y el decreto que avala estos votos sigue sin firmarse.

   Uno de los primeros pasos para avanzar con este apartado fue el de activar el Registro de Catalanes en el Exterior. El consejero explicó que el Parlament aprobó recientemente una ley de la comunidad catalana en el exterior que incluye crear un registro al que pueden apuntarse voluntariamente los catalanes que viven fuera, unos 200.000. De los cuales no habría ni 100.000 apuntados, tal y como señalan las fuentes consultadas.

4. Los colegios electorales o los «locales»:

   La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) organizó recientemente un acto con los alcaldes a favor de la independencia. La Generalitat cuenta con que estos municipios abran las puertas de sus colegios electorales. Sin embargo, como ya publicó OKDIARIO, las fuerzas independentistas están buscando locales cercanos a los colegios en aquellos municipios que se han negado a celebrar la consulta separatista.

   Desde la consejería de Gobernación, aseguran las fuentes consultadas, estaría ideándose un algoritmo que ayudara a encontrar los locales apropiados y más cercanos a los colegios así como una aplicación para que los catalanes no se pierdan a la hora de encontrar los locales de votación.

5. La sindicatura electoral:

   Cataluña no tiene ninguna ley electoral propia. Es necesario que la ley que ampare el referéndum establezca la creación de una sindicatura electoral que vele por el buen funcionamiento y para la resolución de los conflictos que puedan surgir durante el proceso previo y posterior del referéndum. Se tendría que aprobar en el Parlament por la mayoría de dos tercios y apenas queda tiempo para llevarlo a cabo, según las fuentes consultadas.

6. Los observadores internacionales:

   La Generalitat se ha dado cuenta en el último minuto de que su «equipo de observadores internacionales para el proceso» no tiene ninguna proyección mediática al no haber ninguno reconocido ni de prestigio. Puigdemont los había anunciado como el «legal team». Su misión: velar por que nadie pueda dudar de que el resultado que salga de las urnas sea «claro y transparente».

   Las fuerzas separatistas tienen elaborada una posible lista con los nombres de expertos internacionales que podrían asistir para vigilar el proceso entre los que se encuentran algunos que ya han colaborado como Sol Zanetti y Viviane Martinova-Croteau, líderes del National Option de Quebec; el periodista, profesor y director del centro de Cambios en la Gobernanza Jean-Bernard Auby; el sociólogo y columnista en varios medios alemanes, Raül Zelik; los diputados de Estonia Aadu Must, del partido a la oposición ECP, y el vicepresidente Mark Soosar, del partido gubernamental SDE que forman parte del Grupo de Apoyo a Cataluña en el país.

7. Urnas y papeletas

   La Generalitat tuvo que dejar desierto el proceso para adjudicar a una empresa la fabricación de las urnas para el referéndum. Existía temor a la inhabilitación directa de la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, si bien los promotores del referéndum alegaron que las empresas no habían superado los trámites de homologación.

   Puigdemont se encuentra sin urnas y sin material electoral homologado para realizar el referéndum cuando apenas faltan tres meses para su celebración. Desde la Fiscalía aseguran que permanecen con los ojos bien abiertos por si a la Generalitat se le ocurre registrar la petición de material electoral. Sería recurrido ante el Tribunal Constitucional.

8. Mesas y voluntarios:

   Para el proceso de votación y recogida de resultados, será necesario que el Gobierno catalán convoque a ciudadanos que de forma voluntaria constituyan las mesas de los colegios y se ocupen de la logística de la votación y la recogida de resultados, tarea reservada por ley a los funcionarios. La opción prevista en la Generalitat es la de activar una bolsa de funcionarios voluntarios para evitar un posible boicot.

9. Quórum y mayorías:

   Se trata de uno de los puntos donde hasta ahora no han conseguido ponerse de acuerdo las fuerzas independentistas. Desde el PDeCAT piden que el resultado sea vinculante a partir de superar la mitad más uno de los votos emitidos. Si bien se reconoce que la fuerza política será mayor cuanto mayor sea la participación.

   La CUP ha pedido en privado que se dejara claro de entrada qué participación se consideraría buena. Sin embargo, otros partidos sostienen que esto podría favorecer la campaña del boicot de los contrarios a la independencia y atentaría contra las recomendaciones de la Comisión de Venecia.

10. El calendario de aprobación:

    Hasta el momento se sabe con certeza que la campaña para participar en el referéndum ilegal finalizará el 29 de septiembre y que el 30 será la jornada de reflexión. Pero quedan por conocerse las fechas de la firma de la convocatoria (que podría ser el 4 de septiembre), la aprobación de las leyes que legitiman la consulta (sobre el 30 de agosto) y el comienzo la campaña (alrededor del 15 de septiembre). También faltan por establecerse la fecha de publicación del censo, el período de alegaciones de los ciudadanos.

Y después del 1-0 ¿Qué? ¿Elecciones constituyentes?