El PSOE censuró por «impertinente» y «no razonable» una ley de amnistía para golpistas y sediciosos

Con su manifestada querencia a promover una la ley de amnistía para los golpistas catalanes, Pedro Sánchez está dado una vuelta de tuerca más para romper con el PSOE de la Transición, el que pilotó Felipe González y sus sucesores. Fueron unas posiciones que se mantuvieron sin fisuras hasta que José Luis Rodríguez Zapatero tomó el timón de los socialistas. Zapatero empezó a flirtear con el independentismo al que se ha abrazado Pedro Sánchez al punto de blanquear a los proetarras, convertirlos en socios de gobiernos, indultar a los golpistas condenados de Cataluña, fulminar el delito de sedición del Código Penal y, ahora, mostrarse proclive de una ley de amnistía para contentar a los sediciosos catalanes, tal y como le exigen para apoyar una nueva investidura al líder del PSOE.

La quiebra que supone esta posición de Sánchez culmina el desdibujamiento por completo de las bases que el PSOE de sus mejores tiempos electorales había mantenido férreamente. En 1983, dos años después del fallido golpe de Estado del 23-F, Felipe González consideró un disparate hablar siquiera, como sugerencia, de una ley de amnistía para quienes habían participado en aquella asonada y habían sido condenados por ello.

Amnistía de 1977: ¿cómo y por qué?

España transitaba aún por un delicado camino de consolidación de la democracia. Apenas habían pasado cinco años desde la aprobación de la Constitución y seis desde la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977, articulada para cimentar un cambio de régimen de la dictadura a la democracia -con la que hacer borrón y cuenta nueva a presos de izquierda y derecha, incluidos los etarras que desearon dejar las armas y apostar por el pacífico tablero de la política-.

En 1983, el «diálogo por la convivencia» al que ahora apela Sánchez con el independentismo para una supuesta normalización institucional era algo que González descartó, por ilegítimo, con los «paranoicos» que «desprecian los símbolos y la unidad de España». Así lo dijo el 7 de agosto de 1983, cuando fue preguntado por la posibilidad de amnistiar a los golpistas del 23-F y por los terroristas y quienes les apoyaban. Eran todavía años de plomo, en los que el nacionalismo vasco del PNV se mostraba a menudo condescendiente con los terroristas de ETA.

¿Por qué se opuso González?

El PSOE de Felipe González consideró que la Constitución y la férrea defensa de la unidad de España y del Estado de Derecho estaba por encima de cualquier otra consideración de trato de favor ni «dialogada» ni «por la convivencia» con quienes defendían el separatismo por unos u otros métodos, a tiros y bombas o con proclamas secesionistas verbales o por escrito.

Cuando Felipe González se negó a amnistiar a los golpistas al tiempo que exigía dureza penal contra cualquiera que combatiera la unidad de España, las Fuerzas Armadas todavía estaban penetradas por generaciones de mandos llegadas del franquismo. Y, por interés de parte o por entenderlo como conveniencia de conciliación para neutralizar nuevos ruidos de sables, algunos plantearon la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva con los condenados por el 23-F. González se negó de plano, consciente de que aquello colocaría al PSOE en una senda de excepcionalidad que no encajaba ni con el espíritu de la Constitución ni con las esencias que se habían asentado en la Transición ni con los principios del elemental Estado democrático de derecho.

Indultos

Por eso, cuando se empezó a susurrar la idea de una amnistía, el PSOE de González la zanjó de plano: «No es pertinente ni razonable». Tan es así que manejó, a diferencia de Pedro Sánchez con sus indultos en bloque para los golpistas del 1-O, el Gobierno de Felipe González también descartó la concesión de indultos grupales a los condenados por el 23-F. Su entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, en declaraciones a El País, lo remachó aquel mismo 8 de agosto de 1983: «El Gobierno no se ha planteado en ningún momento la posibilidad de indultar a los golpistas, y este ministro tampoco tiene intención de proponerlo a la consideración del Gabinete».

De los principales rostros del 23-F, sí fue indultado el general Alfonso Armada. Pero fue un indulto específico, personal, y encajado estrictamente en un supuesto constitucional: el de los motivos de salud. El caso de Armada no se parece, ni de lejos, a los indultos en bloque concedidos por Pedro Sánchez a los golpistas catalanes. El general que participó en la asonada de hace 42 años pasó un lustro entre rejas y fue indultado tras tener que ser hospitalizado por una embolia, constatarse que sufría una cardiopatía y una vez que Armada había declarado expresamente que acataba la Constitución.