Sánchez elimina el delito de sedición porque es de 1822 pero indultó a los golpistas con la ley de 1870

El PSOE de Pedro Sánchez defendió este viernes su reforma para eliminar el delito de sedición tras el pacto con los independentistas catalanes con el argumento -ya de por sí falaz- de que dicha figura «es de 1822», mientras que su Gobierno no tuvo problema alguno de aplicar a estos mismos golpistas la ley del indulto, que data de 1870 y todavía permanece vigente.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, justo antes de presentar la proposición de ley orgánica junto a Unidas Podemos para eliminar el delito de sedición, el portavoz socialista, Patxi López, justificó la medida para «armonizar y adecuar su regulación a la realidad histórica actual».

En esta línea, el ex lehendakari afirmó que la figura de la sedición «es de 1922», «tiene 200 años» y «la mayoría de los Estados la han ido adaptando». Nada más lejos de la realidad, puesto que el Código Penal se reformó en 1995, precisamente bajo mandato socialista, regulando el delito de sedición tal y como está recogido actualmente entre los artículos 544 y 549, que es el que está en vigor y el que el Gobierno socialcomunista pretende ahora liquidar.

En la víspera, el propio Sánchez, a la hora de anunciar su última concesión a sus socios separatistas, ya declaró que «estamos revisando un delito para que lo conozcan los telespectadores que fue redactado en 1822 en España, es decir el delito de sedición nos viene de 200 años atrás, cuando en España se producían alzamientos militares», llegó a decir el jefe del Ejecutivo en una entrevista en La Sexta.

Además, cabe recordar que el mismo PSOE que ahora quiere reformar el Código Penal para eliminar la sedición, quiso también modificar la ley del indulto en 2016 para que se prohibiese esta medida de gracia a los condenados por corrupción -también hubo malversación en el procés- y violencia de género.

Los socialistas mostraron entonces su rechazo a la concesión «arbitraria» de indultos y, especialmente, al escaso control sobre los poderes públicos, en alusión al margen de maniobra del Tribunal Supremo. Sin embargo, tras llegar a la Moncloa, lo que vendría después, ya es conocido. Sánchez ignoró al Alto Tribunal para indultar en junio de 2022 a los golpistas del referéndum ilegal del 1-O.

Fue en un informe de la Sala de lo Penal del Supremo emitido en la tramitación de estos indultos donde el Alto Tribunal precisó que «la crítica al exceso punitivo del delito de sedición castigado en el artículo 544 del Código Penal -precepto redactado por el legislador democrático en la reforma de 1995, pese a que algunos peticionarios sitúan su redacción en el siglo XIX- no puede ser el resultado de la comparación semántica de esa figura con tipos penales vigentes en sistemas extranjeros».

«Impunidad»

Por su parte, también en rueda de prensa en la Cámara baja, la secretaria general del PP y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, denunció que «ni el delito de sedición en vigor en el Código Penal tiene 200 años ni Europa demanda que se homogenice este delito». En este sentido, Gamarra recordó que fue con la reforma de 1995, con el Gobierno socialista de Felipe González y siendo ministro de Justicia Juan Alberto Belloch, cuando entró en vigor el actual delito de sedición, por lo que emplazó a Pedro Sánchez a que «no se escude en unas excusas bastante flojas y débiles».

Junto a ello, Gamarra también acusó al líder socialista de poner una «alfombra roja de impunidad» a los cabecillas del procés, con tal de que los que fueron inhabilitados se puedan presentar a las próximas elecciones o que los fugados de la Justicia «no tengan que entrar en la cárcel», en clara alusión al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras.

Gamarra, que evitó entrar en la posibilidad de una moción de censura, aireada por Ciudadanos, subrayó también que con este movimiento Sánchez evidencia la «gran mentira» a sus votantes, puesto que prometió en la campaña electoral del 10-N de 2019 que tipificaría la convocatoria ilegal de referéndum y «traería a Puigdemont» a España para «ponerlo ante la Justicia española», incidió la portavoz del Grupo Popular.

Otros países

Con la nueva proposición de ley orgánica presentada por PSOE y Unidas Podemos, el Ejecutivo introduce la figura de «desórdenes públicos agravados» y rebaja las penas de 15 a 5 años de cárcel y de 15 años a 8 de inhabilitación. Ante ello, el PP distribuyó también una lista de países europeos con penas similares o superiores a España en relación con la sedición, rebatiendo así la «armonización» que esgrimen los socialcomunistas.

Por ejemplo, los populares destacan que en el caso de Alemania, un delito como el de sedición se «castiga con pena de prisión perpetua o de prisión de al menos 10 años», mientras que en Francia se hace «con penas de especial gravedad» que «pueden llegar a cadena perpetua para los dirigentes».

En el caso de Italia, el PP señala que «se sanciona con una pena privativa de libertad no inferior a 12 años» mientras que en Bélgica «se castiga con penas de 20 a 30 años, imponiendo la misma pena al delito consumado y al intentado».