El presidente de Badajoz imputado en el ‘caso David Azagra’ da 204.716 € a la empresa de un edil del PSOE

Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz e imputado en el caso del hermano de Pedro Sánchez, ha adjudicado 204.716 euros a la empresa de un edil del PSOE a través de 13 contratos públicos. Se trata de Miguel Ángel Segovia Romero, un ex concejal socialista al que Gallardo ha rescatado para su Comité Regional tras hacerse con el control del PSOE en Extremadura. Este hombre es el administrador único de Robotilandia, una sociedad dedicada a la fabricación de artículos de papelería cuyas ganancias han sido regadas por la Diputación pacense. 

El presidente de Badajoz imputado en el caso del hermano de Sánchez ha adjudicado de nuevo contratos públicos a sus afines. Si ya aprobó a dedo la compra de cuatro vehículos al concesionario de su jefe de gabinete, ahora acaba de adjudicar un contrato desde el Servicio de Igualdad de Presidencia a la empresa de un miembro de su Ejecutivo. Se trata de un contrato menor, adjudicado también a dedo, para poner en marcha un debate sobre igualdad en las aulas dotado con más de 18.000 euros.

Robotilandia se hizo con este proyecto y el pasado 23 de noviembre, junto a Diputación de Badajoz, intentaron enseñar a los adolescentes la relevancia de la violencia machista, educando en la igualdad y aplicando las nuevas tecnologías. Los centros que participaron en la iniciativa fueron el I.E.S. Tamujal de Arroyo de San Serván, el I.E.S.O. Valdemedel de Rivera del Fresno, el I.E.S. Matías Ramón Martínez de Burguillos del Cerro y el I.E.S. Tierrablanca de La Zarza.

«Gracias a Diputación de Badajoz por permitirnos colaborar en dicha actividad y permitirnos acercar la robótica y las nuevas tecnologías a los más jóvenes de nuestra sociedad, especialmente en la transmisión de valores tan importantes como los aquí tratados», señalan desde la empresa de Miguel Ángel Segovia en agradecimiento al presidente imputado en el caso del hermano de Sánchez.

Más adjudicaciones

El mencionado contrato no es el único que se ha adjudicado desde la Diputación de Badajoz desde que, en 2016, Miguel Ángel Segovia creara su empresa. La empresa Robotilandia ha demostrado una presencia constante en el sector de las adjudicaciones públicas durante los últimos siete años, acumulando un total de 13 contratos desde el año 2018.

Los datos revelan una evolución significativa en el valor de las adjudicaciones, con un punto destacado en 2023, cuando la empresa logró licitaciones por valor de 31.443 euros. Esta cantidad representa un importante incremento respecto a los 26.350 euros conseguidos en 2022, evidenciando una tendencia alcista en la confianza depositada en la compañía por parte de la Diputación que preside Gallardo, imputado en el caso del hermano de Sánchez.

El año 2021 marcó un hito en términos de volumen de adjudicaciones, cuando la empresa consiguió tres contratos distintos, totalizando 25.574 euros. Incluso, durante el periodo de la pandemia en 2020, la empresa mantuvo su actividad en el sector público, consiguiendo una adjudicación por 14.570 euros. Mientras el resto de empresas se arruinaban, la compañía del edil socialista obtenía dinero público.

Los datos históricos también muestran un arranque significativo en 2018, cuando la empresa obtuvo dos adjudicaciones por un valor total de 66.500 euros. Se trata de la cifra más alta registrada en un solo año durante el período analizado. A todas estas cantidades se suman los casi 30.000 euros que ganó en 2024.

Concursos a medida

Tal y como informó OKDIARIO, la Diputación de Badajoz convocó un concurso de 147.000 euros a medida de la empresa de Miguel Ángel Segovia. El Consorcio de Gestión Medioambiental Promedio, que depende de la Diputación de Badajoz, convocó un concurso para poner en marcha un programa de formación en robótica aplicada a los contenidos medioambientales, dirigido a alumnos de entre 8 y 13 años. El precio máximo se estipuló en 88.935 euros para un programa de 30 unidades formativas, prorrogable en un segundo curso hasta los 147.000 euros.

La Diputación de Badajoz, dirigida por el imputado en el caso del hermano de Sánchez, estaba obligada a excluir a la empresa de Miguel Ángel Segovia del concurso. La cláusula 9 del pliego de condiciones administrativas del concurso establece que sólo podrán presentar ofertas las personas jurídicas «cuyos fines, objetivo o ámbito de actividad tengan relación con el objeto del contrato».