El presidente de la Diputación que contrató al hermano de Sánchez: «Desconozco los detalles del proceso»

Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE en Extremadura, ha intentado este jueves desligarse del polémico proceso de contratación del hermano del presidente del Gobierno. «No conozco los detalles del proceso, creo recordar que la plaza la propuso [el área de] Cultura», ha declarado ante la jueza Beatriz Biedma, que investiga posibles delitos contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación.

Durante su declaración como imputado, Gallardo ha tratado de marcar distancias tanto con el proceso de contratación como con la familia Sánchez. «No apoyé a Pedro Sánchez, me decanté por Susana Díaz», ha afirmado ante la magistrada tal como ha podido saber OKDIARIO, recordando su posicionamiento político interno durante las primarias socialistas de 2017, justo cuando David Sánchez obtuvo su plaza en la Diputación.

La estrategia de defensa del presidente provincial choca con los documentos incorporados a la causa, que revelan que la plaza de jefe de la Oficina de Artes Escénicas se creó en apenas tres días, después de que la propia Diputación a través de sus directores de conservatorios la considerara innecesaria. Los responsables de los centros musicales ya declararon el miércoles que el puesto no era prioritario para la institución y, por el contrario, sí lo eran nuevos profesores de piano, bibliotecarios o reparaciones en los instrumentos musicales.

«No estoy en los detalles», ha repetido Gallardo varias veces durante su comparecencia, tratando de alejarse de un proceso que desde el inicio el partido Podemos calificó de irregular y que ahora denuncian acusaciones como Manos Limpias o Iustitia Europa. Como máximo responsable de la Diputación, sin embargo, su responsabilidad podría ser clave en el caso.

La declaración de Gallardo se produce minutos después de que David Sánchez, el hermano imputado del presidente, compareciera también como imputado, asegurando que encontró la plaza «por Internet» y negando cualquier trato de favor en su contratación. El caso ha puesto en el punto de mira la gestión de la Diputación de Badajoz y las posibles conexiones entre la administración local y el entorno familiar del presidente del Gobierno.

Entrada a pie

El presidente de la Diputación de Badajoz, a diferencia del hermano de Sánchez, ha entrado a pie por la puerta principal de los juzgados para declarar como investigado en la causa sobre la contratación de David Sánchez. «Sí, tranquilísimo», respondió escuetamente a los periodistas que lo esperaban y le han preguntado cómo estaba.

Días antes de su comparecencia, Gallardo había mostrado su impaciencia por declarar y «aclarar todo», asegurando tener «muchas ganas de que se resuelva ya» el caso. El dirigente socialista intentó desacreditar la investigación judicial al afirmar que «todo era una mentira de la ultraderecha» fabricada para «desprestigiar a la diputación y a su presidente». Obvia que los primeros en denunciar públicamente el enchufe fue el grupo parlamentario de Podemos liderado por su secretaria regional, Irene de Miguel. Se trata de un cargo morado que sigue en la cúpula nacional del partido y que sigue siendo muy crítica con el contrato.

Estas declaraciones de Sánchez y el presidente de la Diputación  llegan después de que la jueza Beatriz Biedma urgiera recientemente a la Diputación a aportar documentación clave, incluyendo la descripción detallada de las funciones del puesto que ocupa David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra.

La ronda de declaraciones continuará con tres altas funcionarias de la Diputación también investigadas: la ex directora del área de Cultura, la diputada de Cultura y la antigua responsable de Recursos Humanos. Las tres estuvieron vinculadas al proceso de contratación que ahora examina la justicia.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz busca determinar si hubo irregularidades en la creación y adjudicación de la plaza que ocupa el hermano del presidente desde 2017, un puesto que la propia institución había considerado innecesario apenas días antes de su creación.