El presidente del Supremo subraya que «se puede plantear una cuestión prejudicial si una ley ofrece dudas»

El presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ha recordado que todos los jueces están «sujetos al imperio de la ley», pero ha subrayado que en caso de dudas en la aplicación de una eventual Ley de Amnistía pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Ateneo de Madrid durante la sesión Independencia y responsabilidad del Poder Judicial este lunes dentro del ciclo de conferencias sobre el Poder Judicial.

En este contexto, interrogado el presidente interino del Tribunal Supremo sobre la aplicación de Ley de Amnistía de forma concreta, Marín Castán ha explicado que los jueces deben aplicar las leyes aprobadas por las Cortes, pero que en caso de dudas tienen herramientas para consultar a instancias superiores durante esta sesión en el Ateneo de Madrid, a la que también han acudido el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena.

Lucas, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y encargado de conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha coincidido con Marín Castán sobre este extremo: «Las leyes las debemos aplicar, salvo que dudemos de su constitucionalidad o de su conformidad con el derecho de la Unión Europea. Si tenemos dudas, no convicción, basta la duda, debemos plantear la cuestión de prejudicial ante el TJUE y si tenemos duda de la constitucionalidad tenemos que plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional», ha explicado.

Hoy, en el «Ciclo El Poder Judicial» hemos hablado de «Independencia y responsabilidad de Poder Judicial» junto a María Félix Tena, presidenta del TSJE, Pablo Lucas, magistrado de la Sala Tercera del TS y Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Primera del TS. ¡Llenazo! 🗣️ pic.twitter.com/WuaJ9OjQEW

— Ateneo de Madrid (@ateneodemadrid) February 19, 2024

Marín Castán ha avisado de que «la politización» del órgano de gobierno de los jueces (por el Consejo General del Poder Judicial) «puede transmitir a la sociedad la idea de que la Justicia no es independiente» cuando, según ha defendido, «no es así». «Los jueces somos independientes», ha dicho.

El magistrado ha defendido que «los jueces españoles son hoy absolutamente independientes y están sujetos a responsabilidad». «Si algún juez español no es independiente, será porque no quiere», ha zanjado.

Durante su intervención, el magistrado Pablo Lucas se ha pronunciado también sobre la independencia judicial y sobre la evaluación de la actuación de jueces y magistrados.

El magistrado ha subrayado que «la idea del juez independiente es consustancial al propio juez». «Y en España los jueces somos independientes y somos responsables. Actuamos con estricta sujeción a la ley. Es realidad. Está contrastado con los hechos», ha agregado.

En este sentido, ha reiterado que «hay independencia judicial efectiva en España en todos los niveles». «Y como eso es así algo habrá tenido que ver el CGPJ que tenemos, a pesar de todas las críticas que tenemos», ha apuntado.

Sobre la actuación de jueces y magistrados y su responsabilidad penal, Lucas ha explicado que en la actualidad la pauta que prevalece es «que sean los propios jueces quien exijan la responsabilidad penal que incurran los propios jueces» y no otros poderes del Estado.

En el marco de la sesión, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia extremeño ha intervenido para incidir en la necesidad de «respetar las resoluciones judiciales cuando se adoptan».

La magistrada ha manifestado que dicho respeto «no está reñido con la crítica a la resolución, que puede ser susceptible de recurso», pero ha insistido en que «esa crítica no debe confundirse con el ataque desmedido a una resolución judicial o a la persona o profesional que la ha dictado». Sobre este extremo, además, ha apuntado que «este respeto que reclama el Poder Judicial también deben tenerlo los miembros del Poder Judicial, como poder del Estado, en relación con otros poderes».